24 agosto, 2016
Texto: Ángeles Mariscal, Celia Guerrero
Fotografía: Ángeles Mariscal, Celia Guerrero, Daniela Pastrana
Gráficos: Arturo Contreras
SIERRA DE CHIAPAS. - A Filigonio de León Pérez
el paraíso se le terminó. Al agua del río que baja de la biosfera El Triunfo y
atraviesa su comunidad se le hizo una nata de oxidación que le arrancó la vista
a cientos de peces y a su hijo Filigonio, de 20 años.
En Nueva Esperanza y en los poblados de la zona
baja de la sierra de Chiapas, entre 2008 y 2012, junto con los ríos
contaminados por las minas Cristina y Nueva Francia, creció también la
presencia de fundaciones y políticos ligados al empresario Ricardo Salinas
Pliego, uno de los hombres más ricos del país, y al Partido Verde Ecologista de
México.
Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas en minerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.
Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas en minerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.
Los “fuereños” llegaron a rentar tierras a los
comuneros y ejidatarios de zonas estratégicas, de donde empezaron a sacar, casi
de manera subrepticia, miles de toneladas de rocas. Los habitantes de la
región, dedicados a la producción de árboles frutales, madres y café empezaron
a recibir dinero -un promedio de 2 mil pesos anuales- porque alguien sacara
piedras. Parecía una verdadera “compensación”.
La oquedad que dejaron las excavaciones en la
parte alta del poblado Nueva Francia se llena de agua verdosa en época de
lluvias y bien podría confundirse con una laguna natural, si no fuera porque ni
los sapos sobreviven ahí adentro. A unos kilómetros de distancia, la mina La
Libertad (conocida como mina Cristina) tampoco tiene un impacto visual dentro de esta
tierra paradisiaca.
Filigonio y su familia, y al resto de los
pobladores de esta región entendieron que eso no era cosa buena. Escuchaban las
historias de quienes viven al otro lado de la sierra. En el municipio de
Chicomuselo asesinaron a Mariano Abarca Robledo por oponerse a la explotación de
la mina ubicada en el ejido Grecia.
Era el año de 2009 y empezaba la resistencia.
Esperar el mejor momento
Rubén Nolasco Hernández de 60 años, es
propietario de tierras donde la mina Nueva Francia extrajo titanio durante los
seis años que estuvo activa. Todo ese tiempo el campesino recibió 3 dólares por
cada tonelada del metal extraído.
El hombre cuenta que en 2008, firmó un contrato
“con el ingeniero Silva” para rentar sus tierras por 30 años, pero no los tiene
a la manos “porque el ingeniero se lo llevó”.
“Me dieron 400 mil pesos por adelantado como
pago por la explotación de 4 años”, explica el campesino, mientras explica que
su tierra en el municipio de Escuintla antes dedicada al cultivo de frutas y el
pastoreo de ganado, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo.
“¿Quién me va a dar este dinero por mis
tierras? Nadie. Acá los campesinos nunca hemos visto tanto dinero junto, ni lo
veremos. Pero el problema fue que la gente empezó a protestar porque dijeron
que la mina estaba contaminando los ríos”.
Uno de ellos era Filigonio. Los campesinos
empezaron a cerrar los caminos por los que bajaban los camiones cargando el
titanio. Eso, y el asesinato de Mariano Abarca puso los reflectores sobre la
región.
En 2012, las autoridades reconocieron que ni la
mina Nueva Francia ni la mina La Libertad (o Cristina) tenían en regla las
autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) para la extracción debido a que el potencial minero en esta región
se encuentra en el núcleo de la Reserva y Zona de Amortiguamiento de la
Biosfera El Triunfo -que alberga al bosque de niebla más importante del país- y
en el Área Natural Protegida de La Encrucijada. Ambas están protegidas por la
Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Equilibrio Ecológico.
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró la mina Nueva Francia; la mina La Libertad (o Cristina) suspendió la extracción de mineral, y
la minería en la región entró en un impase, indica el análisis “Impacto de los
proyectos minero metálicos en áreas prioritarias para la conservación en
Chiapas: estudio sobre las amenazas a la biodiversidad en la sierra madre”,
elaborado por bióloga Sandra Urania Moreno Andrade y auspiciado por la Alianza
Sierra Madre.
Pero los empresarios mineros sólo esperaban
mejores tiempos. En los años siguientes, la entrega de concesiones y la
obtención de nuevas tierra mediante los procesos de compra o renta siguió avanzando, y los grupos políticos que fungen como
operadores de los empresarios mineros -principalmente ligados al Partido Verde-
concretaron su estancia en el gobierno estatal.
LA TOMA DEL
PODER
Para finales de 2015, Tristán Canales Reyna, su
esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna, poseían 22 de las 99 concesiones mineras vigentes en Chiapas.
Canales Reyna es hijo del diputado federal
priísta, Tristán Canales Najjar, quien también es vicepresidente de Información y Asunto Públicos de Grupo Salinas,
cuyo fundador y presidente es el magnate Ricardo Salinas Pliego.
Entre la población de la sierra y costa de
Chiapas poco se sabe del vínculo entre Tristán Canales y Salinas Pliego. Sin
embargo, el nombre del empresario es conocido en la región a través de la
Fundación Azteca, cuyo nombre puede leerse en bardas, camisetas y mochilas que
portan algunos niños.
Fundación Azteca comenzó a tener presencia en
la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y
que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la
gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello. Hay un hombre que
conjuga (de manera visible) estos intereses: Luis Armando Melgar, senador por
el Partido Verde desde 2012, ex director del Canal 40 (propiedad de Salinas
Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en
Chiapas.
Una tercera operadora del Grupo Salinas en el
Congreso de la Unión es su hija, Ninfa Salinas Sada, quien al mismo tiempo que preside la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, es la cabeza del
Grupo Dragón, una empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de
parques eólicos y geotérmicos.
Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas
(propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones
para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y
geotérmica.
Pero Chiapas no es el único estado en el que
Salinas Pliego tiene intereses. En la otra punta del país, en Baja California
Sur, el Grupo Salinas opera de la misma manera que en el sureste. Ahí, el coordinador de TV Azteca
para el noroeste del país desde 2014, David de la Paz, encabeza
el frente Pro Desarrollo Sustentable, que impulsa la “minería
responsable”.
Otro estado, misma historia
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en
Baja California Sur, es considerada una isla de vegetación en
medio del entorno árido de la península. Es única en sus ecosistemas y en ella
se encuentran los principales arroyos y cuerpos de agua del estado. En ese
lugar -a 80 km de La Paz – bajo diferentes nombres y dueños, se ha intentado
instalar una mina a cielo abierto y extraer oro en terrenos en el noroeste del
área protegida.
El proyecto de Los Cardones está
a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture,
al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida
vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).
Esta es la historia: el proyecto se llamó
primero Paredones Amarillos y fue adquirido por la compañía estadounidense
Vista Gold en 2002. La empresa pretendió sacar de la tierra 11 mil toneladas de
material por día, por medio de un tajo a cielo abierto. En 2009 solicitó a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso
de suelo en terrenos forestales, pero no logró acreditar la propiedad de los
terrenos, debido a que se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP).
Organizaciones, académicos y ciudadanos se opusieron al proyecto, que en 2010
fue suspendido… temporalmente.
En 2013 Grupo Invecture adquirió totalmente el
proyecto por el que pagó 10 millones de dólares. Como en Chiapas, la nueva
estrategia consistiría en esperar el momento político-social adecuado para
conseguir los permisos. Ese momento llegó en junio de 2014, cuando el titular
de Semarnat era Juan José Guerra Abud, miembro del Partido Verde.
A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado del gobierno federal se pronunció abiertamente en
contra, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat aprobó
la manifestación de impacto ambiental (MIA) [DCO:
MIA]; sin embargo, la autorización para echar a andar la mina fue condicionada
a que la empresa consiguiera permisos de autoridades locales y federales (entre
ellas la Conanp). Además, la empresa aún debía acreditar la propiedad de los
terrenos para obtener el cambio de uso de suelo, un problema que arrastraban
desde 2009.
“La empresa no ha podido acreditar la posesión
de dos terrenos, que son propiedad federal”, explica Jesús Echeverría Haro,
presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
En octubre de 2014, Desarrollos Zapal anunció a
través de su sitio oficial que suspenderían el proyecto debido a que “no existían condiciones propias para
su realización”.
“Grupos opositores a la actividad minera han
sembrado dudas sobre los innegables beneficios de nuestro proyecto para Baja
California”, alegó la empresa.
Lo cierto es que tampoco en esa ocasión canceló
sus intenciones. Y el 21 de septiembre de 2015, días antes del cambio de gobierno
en el Ayuntamiento de la Paz, tres regidores convocaron a una sesión privada de
Cabildo. En la reunión aprobaron el dictamen de cambio del uso de
suelo de 16 predios anexos al ANP de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de
la Laguna.
El acta de la sesión se filtró a medios de
comunicación y provocó un revuelo. La directora de Ecología y Desarrollo Urbano
de La Paz, Rosa Icela Fiol Manríquez, y el alcalde suplente, Francisco Javier
Monroy Sánchez, desconocieron el dictamen y aseguraron que revocarían el permiso. Desarrollo Zapal buscó un amparo ante
la justicia federal, que le fue negado. En noviembre de 2015, la nueva
administración (del panista Armando Martínez Vega) anunció el juicio político a los ex funcionarios que aprobaron el
cambio de uso de suelo. Hasta la fecha, ninguno ha sido juzgado.
Proyecto minero Los Cardones from Periodistas de a pie on Vimeo.
Proyecto minero Los Cardones from Periodistas de a pie on Vimeo.
OPERACIÓN
DESPOJO
El viejo Jorge Cordero murió de cáncer en marzo
de 2016. Durante los últimos años de su vida, el hombre libró dos batallas:
contra la enfermedad y contra la empresa que por todos los medios intentó
quitarle su tierra.
Su rancho, las Paredcitas, un predio de mil 755
hectáreas enclavado en la sierra La Laguna, es el último dique para la
ocupación de la zona en la que la empresa quiere desarrollar la mina. Pero Cordero y su familia se negaron a vender. Con terribles
consecuencias. “La empresa sólo nos ha dado problemas”, dice Cristian Cordero,
quien junto con su esposa, Maricela mantuvo la defensa del rancho familiar
durante la convalecencia de su padre.
La historia que cuentan es esta:
En 2008, Jorge Cordero permitió a Paredones
Amarillos la exploración en sus terrenos; firmó contratos de renta por la que
recibiría 4 mil dólares. Pasaron años y, en abril de 2014, Desarrollo Zapal
-nueva dueña del proyecto minero- le ofreció comprarle el rancho (para entonces
ya había adquirido los que estaban alrededor). Pero Cordero se negó. La empresa
alegó que el contrato condicionaba la venta de los terrenos (lo que es ilegal)
y que había pagado a Cordero 3 millones de pesos. En realidad, dice su abogado,
lo que le pagaron fueron tres meses de renta que le debían. Eso fue lo que
firmó.
Ante la negativa del ranchero, la empresa
instaló un campamento a tan solo unos metros de la propiedad, con vigilantes
que comenzaron a acosarlos y amenazarlos. Maricela Higuera, esposa de Cristian,
relata que los observaban incluso cuando iban al baño, que les dijeron que
estaban ahí para sacarlos “vivos o muertos”, que los iban a desaparecer, y que
disparaban armas por la noche para asustarlos.
El 4 de marzo de 2015, salieron del rancho para
acompañar a Jorge Cordero a su quimioterapia en un hospital de La Paz. Esa
noche, guardias con uniformes de la empresa Adamantium destruyeron su casa, robaron aparatos, el ganado. “Hasta
la ropa se llevaron”, dice la mujer. A la mañana siguiente empleados de la
minera llevaron a un notario público para acreditar que el lugar se encontraba
abandonado.
Adamantium Private Security Services S. de R.L.
de C.V. es una empresa dirigida por Luis Cárdenas Palomino ex directivo de la Policía Federal y
amigo personal de Genaro García Luna, el súper secretario de Seguridad Pública
en el sexenio de Felipe Calderón.
Cárdenas Palomino renunció a la Policía Federal
en diciembre de 2012, en medio del escándalo que provocó que el narcotraficante
Édgar Valdez Villareal, La Barbie, lo acusara de recibir dinero del crimen
organizado a cambio de protección; nadie investigó las acusaciones y el ex
policía se retiró a trabajar en la iniciativa privada, implementando sistemas
de información y seguridad para TV Azteca.
Autorizada por la Secretaría de Gobernación para operar
en todo el país, Adamantium se vende como una empresa de seguridad que forma parte de Grupo Salinas (aunque
en realidad solo provee el servicio de seguridad intramuros en algunas de sus
instalaciones). Sus escoltas aparecen públicamente como guardiasdel proyecto minero Los Cardones.
EL REINO DE LAS
CORPORACIONES
Salinas Pliego no es inversionista directo de
Grupo Invecture -actual dueña de proyecto Los Cardones-, pero sí tienen vínculos empresariales. Otras minas de Grupo Invecture,
como Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de Geotérmica para el
Desarrollo, empresa filial de Grupo Dragón (que pertenece a Grupo Salinas).
Además, el fundador de Grupo Invecture, John
Detmold, fue director de Banca Quadrum (empresa de la que Salinas Pliego fue
miembro del consejo de administración) hasta su disolución en marzo de 2002. Y,
al mismo tiempo, fue consejero de Biper (después Movil@ccess), compañía del
Grupo Salinas.
“Las corporaciones han asaltado el poder,
decidiendo el destino del país y del mundo. Han logrado modificar leyes para
que respondan a sus intereses”, concluye el activista por los derechos
ambientales, Gustavo Castro.
Castro es director de la organización Otros
Mundos y no tiene dudas de que empresarios como Salinas Pliego están imponiendo
un modelo de corporación-nación que les permite diseñar y aplicar políticas de
gobierno que favorecen sus intereses por encima de los pueblos y sus territorios.
Lo hacen, dice, a través de sus operadores políticos colocados estratégicamente
en las estructuras de gobierno.
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