ELORBE/Rodolfo Hernández González.
Suchiate,
Chiapas; 20 de enero. - Para exigir que la Promotora de la Vivienda en Chiapas
(PROVICH) pague el predio “Los Cerritos” que mantienen invadido desde 2010, un
grupo de personas realizó una marcha por las principales calles de esta ciudad.
Entrevistada
al respecto, la alcaldesa Matilde Espinoza Toledo se deslindó de la supuesta
detención de Saúl Barrios García e indicó que con respecto al predio ha hecho
la gestión ante el director de la Promotora de la Vivienda en Chiapas, Bernardo
Thomas Gutú, lo cual lleva un procedimiento y recursos económicos que corresponde
al Gobierno del Estado.
Lo
que proponen es que la autoridad le pague al propietario ante la existencia de
una supuesta demanda penal, sin embargo, antes de realizar su movilización, el
presidente de la organización “Hombres y Mujeres Trabajando por Suchiate”, Saúl
Barrios García, fue trasladado a Tapachula para dialogar con autoridades
gubernamentales en torno a las peticiones.
Presuntamente
para presionar a las autoridades dejaron correr la versión de que había sido
detenido por las autoridades, pero oficialmente no existió tal caso, ya que
dicha persona apareció cuando sus seguidores estaban frente a las instalaciones
de la Delegación de Gobierno donde buscaban reunirse con el titular.
En
el predio “Los Cerritos” habitan desde hace cinco años más de 180 familias y
hay la versión que han realizado cooperaciones para el pago del predio al
propietario, las cuales supuestamente han entregado a Saúl Barrios García y
éste a la fecha no ha dado un solo peso.
La
otra versión de los colonos es que saben que se trató de un acuerdo entre los
invasores encabezados por Saúl Barrios García y el propietario doctor Roberto
Campos, para evitar que el fraccionador cumpliera con los requisitos de
urbanización, servicios de agua, drenaje, luz, calles, áreas verdes, además de
buscar condicionar al gobierno para crear fideicomisos para cubrir parte del
importe del pago y beneficiar a los “necesitados de un pedazo de tierra para
fincar su vivienda”.
Durante
su gobierno Juan Sabines Guerrero no hizo ningún fideicomiso ni se interesó en
ayudar en la compra, pero se supo que con esa esperanza de contar con su
patrimonio propio se habría firmado un acuerdo de compraventa y desde hace
cinco años los invasores han empezado a pagar, pero la sospecha es que el
dinero no ha llegado al propietario, lo que al parecer pudo haber dado origen a
una demanda penal.
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