MARIO CABALLERO
SE EXTRALIMITARON LOS CONSEJEROS
El incremento salarial que
se autorizaron los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana en Chiapas, el pasado lunes 24 de noviembre, es un homenaje a la
indolencia. Pues de ganar un sueldo que va de los 64 mil 800 pesos mensuales, a
partir del 2015 será de casi 120 mil pesos. La escritora belga Chantal Maillard
afirma: “No existe el infinito: el infinito es la sorpresa de los límites”. Y
los consejeros electorales se extralimitaron.
El presupuesto de 933
millones 537 mil 584 pesos que solicitan los consejeros para realizar las
elecciones del 2015, donde se elegirán 122 presidentes municipales y 41 diputados
locales, no sólo es el más alto de la historia del IEPC sino también el más
alto del país. La Secretaría de Hacienda en su página de transparencia muestra
que para los comicios de 2012, en el que además se eligió gobernador del
estado, el presupuesto ejercido fue de 321 millones 591 mil 45 pesos, es decir,
tres veces menor que el ahora requerido. La diferencia en números es de 611
millones 946 mil 539 pesos más que hace dos años.
Y las razones que
motivaron el grosero incremento salarial y presupuestal, son desconocidas. Nadie
dijo nada y mucho menos se opusieron. La consejera presidente, María de Lourdes
Morales Urbina, hablando en términos boxísticos, se fue por piernas: Al momento
de terminar la sesión huyó del lugar para evitar ser cuestionada, y salió por
una puerta trasera diciendo: “Ahí les van a mandar un boletín”. Y sí llegó el
boletín, tal como lo prometió, pero no informa nada sobre el monto total del
presupuesto y mucho menos del execrable incremento de los sueldos.
Jorge Manuel Morales
Sánchez, consejero electoral, fue el único que “intentó” dar una explicación al
abuso: “La modificación a los sueldos es una unificación de prestaciones
laborales entre los consejeros del IEPC y los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado.” De acuerdo a la lucidez de Jorge
Morales, debemos entender que una elección solo podrá ser equilibrada cuando
primero equilibremos los sueldos de todos los organizadores responsables. O
sea, que mientras no lo hagamos, seguiremos siendo los culpables de vivir en
una democracia virtual, donde los fraudes electorales, sinónimos de subsidio
económico, han tenido que compensar de alguna forma los bajos salarios de los
consejeros.
INDOLENCIA
Dados los bajos niveles de ingresos económicos de la sociedad y siendo
que Chiapas es uno de los estados más pobres del país, la medida de engrosamiento
salarial de los consejeros del IEPC es una profunda indolencia.
Con base a información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
segundo trimestre de 2013 aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), Chiapas ocupa el lugar número 29 a nivel nacional de personas
económicamente activas, donde Quintana Roo y Colima ocupan los primeros lugares.
Y sólo el 42% de toda la población trabajadora chiapaneca percibe un sueldo o
salario formal.
Del total de trabajadores, 378 mil empleados gozan de las prestaciones
de ley, como aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo y reparto de utilidades,
y 486 mil carecen de estos beneficios. Por otro lado, 646 mil trabajadores
perciben un salario mínimo, 475 mil perciben de uno a dos salarios mínimos; 211
mil obtienen hasta tres salarios y 267 mil más de tres. Es decir, el 58 por
ciento de la población económicamente activa se encuentra por debajo de la
línea de bienestar, careciendo de servicios médicos, vivienda, agua potable y
alimentos diarios.
En números redondos, un trabajador común de salario mínimo en Chiapas
gana mil 976 pesos mensuales, un chofer de transporte colectivo un aproximado
de 3 mil pesos, y un profesionista, como un contador público o un ingeniero,
alrededor de los seis mil ó 7 mil pesos, esto sin descontar impuestos. Sin embargo,
un consejero electoral ganará a partir del 2015 un salario mensual de 120 mil
pesos, que después de las deducciones quedará en la módica cantidad de 90 mil
888 pesos, más prestaciones y dos meses de aguinaldo. En total, un consejero
recibirá un ingreso anual superior a un millón 500 mil pesos.
Está por demás decirlo, pero el ajuste al salario de los consejeros se
hace en tiempos inapropiados y fuera de lugar. Con esta determinación los
funcionarios están dando un mensaje negativo a los electores y no sólo por la
situación económica que enfrenta el estado, sino también porque pisotea los
principios de austeridad que debe y necesita tener este organismo debido al
grave problema financiero que arrastra, así como el elevado costo que representa
para la población organizar las elecciones.
En primer lugar está la bancarrota del instituto electoral: El IEPC
tiene un adeudo por más de 50 millones de pesos que no ha podido pagar desde el
2012, causa que motivó al Juzgado Quinto Civil del Estado de Chiapas ordenar el
embargo de bienes en su contra por una deuda de 6 millones de pesos contraída con
la empresa DSI Elecciones, S.A. de C.V., responsable de coordinar el voto de
los ciudadanos en Estados Unidos en la jornada de 2012.
Y en segundo término, el elevado presupuesto para las elecciones de 2015
comparado con otros estados de la República. Por ejemplo, los consejeros
electorales de Baja California Sur pidieron 178 millones 35 mil 158 pesos; en
Campeche, 236 millones 924 mil 377 pesos; en Guanajuato, 479 millones 551 mil
63 pesos; en Guerrero, 696 millones 776 mil 142 pesos y en Oaxaca, 225 millones
797 mil 13 pesos. La diferencia con el mayor presupuesto de estos es de 236
millones 761 mil 442 pesos; por lo tanto, con el total requerido por los
consejeros para los comicios en Chiapas, que saldrá de nuestros impuestos, se
pueden pagar en su totalidad las del estado de Guerrero y Campeche.
Las cifras pueden ser abrumadoras, pero la realidad es esa.
INCONGRUENCIA
El abuso de autoridad
que muestran estos consejeros con menos de dos meses de haber asumido el cargo,
es comparable con el escándalo ocurrido el año 2012 con los del estado de
Jalisco, donde el portal de transparencia de aquel instituto electoral muestra que
el consejero presidente gana 2 millones 935 mil pesos anuales, y que el
intendente de ese mismo organismo percibe un sueldo mensual de 7 mil 959 pesos.
Un profesionista con maestría es probable que pueda ganar esa cantidad y con
grandes esfuerzos, ¿pero un intendente?
Es clara la situación
que tuvo que enfrentar la sociedad chiapaneca al inicio de este sexenio:
Inestabilidad social, conflictos sindicales y una deuda por más de 40 mil
millones de pesos que dificultó mucho emprender el ejercicio gubernamental. Por
lo que, un incremento salarial que rebasa los límites lógicos tomando en cuenta
la jornada laboral, responsabilidad social, compromiso, obligaciones y
condiciones económicas adversas, es una incongruencia.
La medida de austeridad
motivada por el gobernador Manuel Velasco Coello, reduciendo en un 50 por
ciento los sueldos de los altos funcionarios y directivos, así como también,
comprimir todos los gastos derivados del trabajo institucional, fue la
estrategia que logró sacar adelante a todo un estado contrariado por una
monstruosa deuda y sufragar los compromisos contraídos por el gobierno anterior.
Y con esto logró dar certidumbre económica al pueblo chiapaneco.
Pero, al parecer, a nuestros consejeros electorales ni les importa la
condición en que viven cientos de miles de familias con salarios que no alcanza
ni siquiera para gozar de una vida digna, y ni les interesa lo que se tuvo que
sufrir y hacer para sacarlos adelante.
Los consejeros María de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang
Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ricardo
Moisés Aguilar Estrada, Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón
López, en lugar de insultar y querer estafar a la sociedad deberían de pergeñar
un plan de trabajo que fortalezca la democracia y reduzca el abstencionismo. Y
de tener conciencia, que procuren reformar la ley del instituto y limitar las
facultades de los propios consejeros para que casos de fraude como estos no
sigan sucediendo.
@_mariocaballero
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