Por: Raúl Eduardo Bonifaz.
Los cambios sociales siempre vienen
de la ciudadanía. Es la actuación individual o colectiva de los habitantes de
un país los que provocan que las autoridades transformen las instituciones o
las normas.
El Presidente Enrique Peña Nieto,
anuncia que impulsará reformas para hacer expedita la “Justicia Cotidiana”,
aquella que demanda la mujer a la que le niegan el divorcio, el trabajador al
que no le pagan su salario, al vecino que le bloquean su entrada, al ciudadano
que no puede cobrar una deuda. mejorar la justicia para quien no puede
exigir el pago de una renta o el cobro de un cheque, la “Justicia Cotidiana” de
un trabajador despedido injustificadamente, la que exige el ejidatario el que
pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta. El
consumidor que no recibe el producto por el que pagó o el ciudadano que fue
víctima por un abuso de autoridad".
El Jefe del Ejecutivo, también
decreto el pasado mes de marzo, una Ley de “Justicia Alternativa” que comprende
la mediación, conciliación y el arbitraje, es la nueva forma en que los
ciudadanos de forma voluntaria pueden resolver conflictos de tipo civil, penal,
mercantil y familiar sin que un Juez intervenga, se busca impedir que los asuntos
menores lleguen a juicio.
La “Justicia Alternativa”, ayudará a
reducir la saturación en las cárceles (a nivel nacional el 62 por ciento de los
presos por delitos patrimoniales lo están por haber cometido delitos menores a
cinco mil pesos) y lo más importante, permitirá al Estado mexicano concentrar
sus recursos en la investigación y detención de delincuentes que más lastiman a
la sociedad.
Algunos estados de la República ya
tienen Centros de Justicia Alternativa y Centros de Mediación Municipal.
Es importante recordar que
a violencia entre vecinos, así como los delitos que no persiguen un fin
económico, se ha incrementado hasta en un 100 por ciento en los últimos años,
lo que podría ser resultado de la poca confianza en las autoridades y
en la impartición de justicia, y contribuye al clima de descomposición
social.
La “Justicia Comunitaria”,
reconocida en la Constitución mexicana, garantiza el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas a la autonomía para aplicar sus propios sistemas
normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Este Sistema
Comunitario de Justicia, se implementó en parte de las regiones de la Montaña y
la Costa Chica del Estado de Guerrero, es aquí en donde tiene su origen la
Policía Comunitaria, que ofrece sus servicios sin percibir un sueldo; no actúan
con criterios economicistas, sino que los la guía la conciencia de que es un
servicio para la vida del pueblo.
Para las comunidades indígenas
guerrerenses, el derecho primordialmente es la justicia, que es dadora de vida,
porque da seguridad y equilibra las relaciones entre sus miembros; el derecho
también son los poderes que tienen sobre lo que es suyo y pueden reclamarlo
como su derecho. Reconocen las constituciones la de la República como la
de Guerrero y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, y a su propio Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad,
Impartición de Justicia y Recaudación.
Estas medidas tienen que hacer más
ágiles los servicios de justicia y dar acceso a sus servicios al mayor número
de ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de justicia
si el Estado no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable
las eventuales bondades de las reformas.
Diciembre 01 de 2014
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