Tapachula, Chiapas. (BOLETIN).- Luego
de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, en
las últimas horas el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Tapachula dictó auto de formal prisión en contra de tres ex elementos de la
Policía Municipal de Tapachula por el delito de Homicidio en agravio de Miguel
Francisco Pérez Ramos de nacionalidad guatemalteca.
En el marco del expediente penal
890/2014, la autoridad judicial resolvió la probable responsabilidad de
Silvestre Mecinas Rivera, Noé Rivera Cancino y Juan Carlos Cano de la Cruz.
De acuerdo a las investigaciones que
encabeza la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en
Contra de Inmigrantes, los tres elementos de la Policía Municipal participaron
en la detención de Pérez Ramos el pasado 17 de mayo.
El sujeto habría sido detenido por
el delito de Violencia intrafamiliar, tras ser denunciado por su pareja de
haberla golpeado en repetidas ocasiones.
Sin embargo, la declaración de un
testigo, misma que obra en autos, señaló que al ser trasladado en una patrulla
fue golpeado en diferentes partes de su cuerpo, por lo que minutos después fue
llevado al Hospital Regional de Tapachula donde perdió la vida.
En este sentido, sobresale que la
Necropsia de Ley concluyó que la muerte fue causada por ruptura de mesenterio
derivado de un trauma abdominal.
Ante ello, la Fiscalía Especializada
integró la averiguación previa 038/FEDCCI-MTAR03/2014, por el delito de
Homicidio calificado, solicitando y obteniendo del Juez de la causa la
correspondiente orden de aprehensión.
Cabe destacar que, este último ya se
encuentra detenido y procesado por el delito de Extorsión, por hechos
registrados en julio de este año cuando junto a dos sujetos más exigió a un
grupo de 11 migrantes la cantidad de 30 mil pesos para dejarlos continuar su
camino hacia el norte del país.
Actualmente, los imputados se
encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados
número 3, desde donde enfrentan el proceso penal en su contra.
Con estas acciones, la Procuraduría
General de Justicia del Estado refrenda su firme compromiso con la ciudadanía
para garantizar el acceso a una justicia integral sin distinción de
nacionalidad, religión o ideología.
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