Juárez, Chiapas.- En menos de 24
horas, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
lograron el esclarecimiento del homicidio de Rafael Andrés Ocaña Rodríguez,
propietario del rancho “El Encino”, ubicado en el municipio de Juárez, en la
zona norte del estado de Chiapas.
De acuerdo a los informes emitidos por
la Fiscalía de Distrito Norte, efectivos del grupo interinstitucional
capturaron al encargado del rancho, Martín García Montejo, quien confesó haber
privado de la vida a la víctima y relató el modus operandi.
En estas acciones, participaron
elementos de la PGJE en coordinación con la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM).
Cabe recordar que, luego del hallazgo
del cuerpo sin vida, la Procuraduría de Chiapas dio inicio a la averiguación
previa 49/NO79/2014 por el delito de Homicidio y ordenó el desahogo de las
diligencias correspondientes.
En este marco, personal de la Dirección
General de Servicios Periciales logró el aseguramiento de un cuchillo, con el
cual habrían herido a Rafael Andrés Ocaña, así como, ropa del presunto
responsable, mismo que de acuerdo a la prueba de Luminol, presentó restos de
sangre.
Al rendir su declaración ante el
Ministerio Público investigador, Martín García Montejo señaló que asesinó a
quien fuera su patrón, debido a diferencias personales, toda vez que sospechaba
que éste mantenía una relación extramarital con su esposa.
Declaró haberlo golpeado, en un primer
momento, con una piedra, lo que provocó que se desvaneciera. Posteriormente,
dijo, lo hirió con un cuchillo hasta causarle la muerte.
Con el objetivo de desaparecer el
cuerpo, lo trasladó a bordo de una carretilla “maicera”, hasta un alambrado
contiguo donde se encontraba la camioneta de la víctima.
Ahí permaneció el cuerpo hasta que fue
descubierto por las autoridades.
De esta forma, en las próximas horas el
presunto homicida será consignado ante el Juez de la causa e ingresado al Centro
de Reinserción Social para Sentenciados, desde donde enfrentará el proceso
penal en su contra.
Es de señalar que, por este delito
podría alcanzar una pena que va de los 25 a los 50 años de prisión.
Por su parte, la Procuraduría General de
Justicia del Estado continúa con el perfeccionamiento de la indagatoria, por lo
que llevará a cabo diversas diligencias, entre las que destacan rastreo de
huellas dactilares, barrido de uñas y reconstrucción de hechos.
Con estas acciones la PGJE refrenda el
compromiso adquirido con toda la ciudadanía de procurar una justicia integral,
eficaz y que responda de manera oportuna.
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