Para fortalecer la seguridad jurídica y la aplicación de los
derechos humanos, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma que
establece nuevos tipos penales para conductas delictivas, mismos que no se
encuentran descritos actualmente en el Código Penal para el Estado de Chiapas,
destacó el diputado Neftalí Armando Del Toro Guzmán presidente de la Comisión
de Justicia.
El diputado por el
Distrito XVIII de Tapachula, y que encabeza la Comisión que dictaminó las
iniciativas del Poder Ejecutivo, sostuvo que la ciudadanía ha sido víctima de
diversos actos delictivos de forma electrónica y telefónica, por lo que era
necesario establecer nuevos tipos penales para conductas delictivas que no se
encontraban descritas en el Código Penal para el Estado de Chiapas.
Lo anterior, es con
la finalidad de mantener el equilibrio social. Esta fue la razón, enfatizo Del
Toro Guzmán, para que el pleno aprobara la Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona el Capítulo I Bis y el artículo 228 Bis al Título Sexto del Código
Penal para el Estado de Chiapas.
En ese sentido,
abundó el presidente de la Comisión de Justicia, el modus operandi de tales
delitos consiste, en la mayoría de los casos, en realizar llamadas, enviar
mensajes de texto, correos electrónicos u otros, por medio de los cuales,
mediante artimañas y engaños, hacen creer al receptor que su integridad o la de
los suyos se encuentra en riesgo, y exigir el pago de cantidad de dinero u
obtener algún beneficio, bajo amenaza que de no hacerlo así causarán daño a su
persona o a un tercero.
En otro tema, el
diputado tapachulteco hizo mención de otra de las iniciativas aprobadas, la
cual tiene como objetivo incluir dentro del catálogo de delitos graves
establecidos en el artículo 213, del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Chiapas de corte Acusatorio, el delito de abuso sexual cometido en contra
de menores de edad e incapaces, con la finalidad de garantizar el bienestar de
los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Al respecto Neftalí
Del Toro señaló que la violencia sexual se considera una violación al derecho a
una vida segura, así como a la integridad física y mental, a
la salud, a la libertad personal, e incluso a la no discriminación.
“Estos actos tan
repudiados por la sociedad, pueden afectar a mujeres, hombres,
niños y niñas durante sus vidas, y sus efectos pueden ser devastadores para las
personas, familias y comunidades enteras, por ello era preciso legislar en la
materia”.
Por ello eran
necesarias las adecuaciones, que tienen el claro objetivo de garantizar el
bienestar de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, en un marco de
seguridad y plena libertad, la cual es una tarea prioritaria para la presente
Administración, resaltada en la política transversal denominada “Desarrollo
Humano” del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018.
Asimismo,
considerando que para la actual administración es prioritario impulsar la
reforma del Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por la oralidad,
transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar
los Derechos Humanos tanto de la víctima como del imputado, “se realizaron
cambios para consolidar el sistema de justicia penal adversarial (juicios
orales) en el Estado”.
Para tal fin, se presentó
iniciativa de redistribución de funciones a la Procuraduría de Justicia del
Estado con el propósito de aprovechar los recursos con que cuenta y buscar su
adecuación al nuevo sistema de justicia penal que se implementa en Chiapas,
finalizó.
