Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.- Al señalar que el nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación,
conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos de la
víctima y del imputado; el procurador Raciel López Salazar refrendó el
compromiso del Gobierno de Chiapas en materia de seguridad y procuración de
justicia.
“El gobernador Manuel Velasco Coello se
encuentra comprometido con la puesta en marcha del nuevo sistema en la entidad,
por ello hemos arrancado en los Distritos Judiciales de Tuxtla, Tapachula,
Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Cintalapa, y
próximamente en Tonalá”, informó.
El abogado de las y los chiapanecos
sostuvo que, como parte de las acciones encaminadas a la eficaz implementación,
en los últimos días el Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el
Ejecutivo estatal para la creación de la Fiscalía Especializada en la
Implementación y Evaluación del Sistema Penal Acusatorio.
En este sentido, reconoció la labor de
los diputados de la LXV Legislatura, especialmente a los integrantes de la
Comisión de Justicia, quienes analizaron, votaron y aprobaron dicha iniciativa.
Asimismo, destacó que este órgano estará
encargado de planificar y aplicar los cambios organizacionales de operación y
de infraestructura que requiera la Procuraduría como parte de esta nueva etapa.
López Salazar sostuvo que aunado a la
creación de la Fiscalía, la institución a su cargo lleva a cabo la
profesionalización de Fiscales del Ministerio Público, peritos y elementos de
la Policía Especializada.
“El nuevo Sistema es un reto no sólo
para las instituciones, si no para los abogados litigantes y para las propias
universidades, por ello la capacitación resulta fundamental para estar
preparados y garantizar a la ciudadanía la justicia que reclama”, agregó.
Cabe destacar que, en el rubro de
profesionalización, Chiapas es el primer estado en lograr la certificación de
50 peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el respaldo de la Embajada
norteamericana en nuestro país.
El Procurador estatal detalló que este
proceso implica la certificación de cinco laboratorios forenses en química,
genética, balística, documentos cuestionados y dactiloscopía.
