LA COFEL, COMO EN
EL LIMBO; POSIBLE DESAPARICIÓN.
Víctor M. Cruz
Roque
Escozor
y zozobra en la Comisión de Fiscalización Electoral por las indefiniciones que
prevalecen a partir de las reformas constitucionales en materia
político-electorales llevadas a cabo y que fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de febrero de este año.
Pero
faltan las leyes secundarias o complementarias: Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; Ley de Partidos Políticos—nueva—y la Ley en Materia de Delitos Electorales,
principalmente.
La
Cofel, única en el país de su tipo y género, se encuentra en la orfandad
jurídica y por lo mismo su prevalencia está rodeada de confusión, ya que a
nivel nacional el aquí presentado es caso aislado y por lo tanto hasta hoy su
permanencia es incierta.
La
naturaleza y todo lo concerniente a la funcionalidad de la Comisión de
Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, fue asumida de facto por el
nuevo Instituto Nacional Electoral, que en letra de la Constitución General de
la República, ya reformada, establece que a esta instancia le corresponde “La
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y; “las demás
que determine la ley”.
Tales
disposiciones se encuentran contenidas en el Artículo 41, Fracción 5, Apartado
B, Inciso A, de la Carta Magna ya innovada.
Plazos fatales.
Hoy
miércoles vence el plazo para que ambas cámaras del Congreso de la Unión
concreten las llamadas leyes secundarias o complementarias, que le den forma y
factibilidad de aplicación a las reformas constitucionales efectuadas, y aunque
las fuerzas políticas ya han alcanzado acuerdos para que éstas se concreten en
un período extraordinario de sesiones a efectuarse de manera inmediata, ello no
desdibuja la posibilidad de que, por fin, la famosa Comisión de Fiscalización
Electoral del Estado de Chiapas sea borrada del mapa de un solo plumazo, lo que
equivaldría a subsanar un caprichoso proceder del ex gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía, que a iniciativa suya, en el 2004, se creó la ex Contraloría de la
Legalidad Electoral, transformada después por impulsos de Juan Sabines Guerrero
en Comisión de Fiscalización Electoral, tal y como la conocemos hasta hoy.
Cofel: Carabina de
Ambrosio.
La
materia y las atribuciones que le dan razón de ser a la Cofel, se encuentran
contenidas principalmente en el artículo 197 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana. Y aunque el rosario de sus facultades, lineamientos de
operatividad y lo demás concernientes, dan la impresión de que es un organismo
ejemplar, necesario para preservar la salud de los procesos electorales
estatales, en la práctica y en el terreno específico de los hechos ha resultado
una carga sumamente pesada para el erario público estatal. Es uno de esos
llamados “elefantes blancos” cuyo margen de representatividad y garantía se
circunscribe a ser espacio para la estadía de inoficiosos burócratas, ya que
nada, absolutamente nada lo que le ordenan las normas legales cumple y por el
contrario, se ha convertido en instrumento legitimador de actuaciones que
violentan la propia legalidad que nos rige en la materia. Así, transparencia,
legalidad, orden, disciplina del gasto, equidad y otros similares, son
conceptos que penden como adornos en la solapa de los comisionados, cuya
presidencia la ostenta Erik Alejandro Ocaña Espinosa, por cierto ungido como
Notario Público por el ex gobernador Juan José Sabines Guerrero.
El
organigrama de la Cofel es ostentoso e insultativo para los tiempos de
austeridad en que vivimos. Además de Ocaña, cobran como contralores Rafael
Augusto Morales Ochoa y Francisco Moisés Bedwell Jimenez, además un Secretario
Ejecutivo, tres directores generales, un contralor interno, un director de
Administración y Finanzas, un Secretario Técnico, incontables jefes de
departamento y una pléyade de trabajadores que nadie sabe exactamente que
hacen, emulando a sus cabezales ineptos.
Inutilidad e
ineficiencia.
Dado
que será el INE quien por mandato de ley asume las funciones que hoy en teoría
dice realizar la susodicha Comisión; y tomando en cuenta que será especie de
arrocito negro de toda la estructura nacional dedicada a la organización de los
procesos electorales federales y locales en el país, aunado al hecho de que
para esas atribuciones permanecerán vigentes los institutos de elecciones
locales que dependerán directamente de la instancia nacional, se hace necesario
que el Congreso del Estado revise minuciosamente hasta dónde conviene seguir
manteniendo ese conjunto parasitario que sangra impunemente los presupuestos
públicos estatales.
Muchas
son las voces que reclaman una actuación más firme y decidida de este organismo
para supervisar, controlar y conducir convenientemente las actuaciones de
incontables actores políticos “desatados” que acusan movilidad extrema,
escudándose en “gestorías” de diversa índole pero que en el fondo son
actividades eminentemente de proselitismo político y electoral.
La
Cofel, sorda y muda ante tales evidencias, ni se inmuta ni se rasca para
contener los afanes de la que hacen gala muchos políticos parapetados en
proselitismo disfrazado, por lo que evidentemente incumple con sus
responsabilidades y no posee fundamento de existencia.
Tan
desorientadas están las funciones de la multicitada Cofel, que al no tener que
hacer o a que dedicarse, su actual presidente Erik Alejandro Ocaña Espinosa, se
sacó de la manga el hecho de que esta instancia sea la que promueva estudios de
Maestría en derecho Procesal Constitucional y Electoral, supliendo de esa forma
a un campo de acción que le corresponde a las universidades e institutos de
educación superior. ¿La Cofel erigida en centro de enseñanza de educación
superior?, ¿En qué se fundamenta legalmente para llevar a cabo esas funciones?.
Todas
estas son consideraciones para recomponer las estructuras legales estatales
diseñadas para garantizar la organización efectiva de los procesos electorales,
que en su momento fueron resultado de caprichos, insidias y afanes de control
político absoluto, pero que en tiempos de modernización de las leyes,
especialmente las nacionales producto de las reformas realizadas y promovidas
por el presidente de la República Enrique Peña Nieto.
La
Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas, se encuentra en el limbo hoy.
Ojalá que se le desaparezca definitivamente.
EN CONCRETO.
En
el contexto de los tradicionales festejos relativos al “Día de la Niñez”, el
gobernador Manuel Velasco Coello presentó su informe de actividades del
programa “10 por la Infancia” que se realiza en nuestro estado a instancias de
la Unicef.
En
el evento, acompañaron al mandatario estatal, la representante de Unicef
México, Isabel Crowley, la presidenta del DIF Chiapas señora Leticia Coello de
Velasco, legisladores federales y locales, así como integrantes de los 122
ayuntamientos de la entidad.
El
acto, identificado como Primera Sesión del Comitpe Estatal de Seguimiento y
Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, fue de
trascendencia e importancia vital para detallar las políticas públicas y los
programas que se llevan a cabo a favor de este importante conjunto social. Ahí,
el gobernador presentó los resultados y logros concretos que se refieren a los
10 compromisos asumidos por su administración, relacionados con: seguridad
social, salud, educación, justicia y el combate al trabajo infantil.
Al
dar a conocer los avances en la materia, el gobernador Manuel Velasco Coello
llamó a los presentes a seguir conjuntando esfuerzos para lograr cimentar las
bases necesarias para el desarrollo que requiere nuestro estado, beneficiando
principalmente a los grupos sociales más vulnerables y desprotegidos, entre los
que destacan las mujeres, las personas de la tercera edad, los indígenas y los
niños. “En Chiapas garantizar los derechos de las niñas y los niños es un acto
de justicia social, que estamos impulsando de manera permanente, y aunque
sabemos que falta mucho por hacer, también estamos convencidos que con el
esfuerzo conjunto de los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil cada
vez vamos a avanzar más en estas metas”, destacó el mandatario chiapaneco.
APUNTES.
Respecto
al paro de transportistas efectuado en diversas partes del estado y que afectó
a miles de usuarios, se hace necesario que las autoridades correspondientes,
sobre todo de la Secretaría de Transporte, den a conocer los verdaderos motivos
por los cuales dirigentes como el de la Alianza del Autotransporte, Bersaín
Miranda Borraz, se niegan a acatar las disposiciones oficiales y tratan de imponer sus propios intereses.
Que ya basta de impunidad, se escuchó decir reiteradamente.
Es
todo, gracias.
