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lunes, 3 de febrero de 2014

BRÚJULA POLÍTICA//RESTITUIR LA CREDIBILIDAD CIUDADANA, RETO DE LA CEDH.

RESTITUIR LA CREDIBILIDAD CIUDADANA, RETO DE LA CEDH.
Víctor M. Cruz Roque
         El gran reto que tiene el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Juan Oscar Trinidad Palacios, es lograr que el organismo recobre la credibilidad en sí por parte de la sociedad chiapaneca. El daño que se le provocó a esa institución en el pasado inmediato es descomunal, atrofiante, casi de asfixia total. Intereses mezquinos lo redujeron a ser un escaparate de perversidades políticas y económicas a manera de bacanal, donde la corrupción se enseñoreó en todo su esplendor.
         Lo deseable, es que se hiciera ahí una asepsia total, una limpia integral y se procediera a reconstruir esa representación de la sociedad para la salvaguarda de sus legítimos derechos humanos y constitucionales. El oriundo de Tonalá y que algunos insidiosos de vocación y oficio le relaman su militancia política en el PRI, equivocan su percepción y aluden argumentos apócrifos que seguramente tienen su origen intelectual desde el interior de la propia Comisión. Intentan seguir en lo mismo y eso ya no debe permitírseles.
         El desgarre de vestiduras que algunas voces han expresado son inconsistentes, y es ahora que intentan descalificar ese nombramiento legítimo porque fue producto del curso institucional que nos rige.
         Por supuesto que el nuevo Ombudsman no niega—y mal haría si lo hiciera—su pertenencia partidista, que en cualquiera de sus casos, es absurdo reclamar que a esa posición llegue alguien absolutamente apartidista. Es una utopía aprovechada para desviar lo realmente trascedente, que es el hecho de que por fin, se ha concretado parte del saneamiento necesario en ese lugar que se convirtió en un botín de aventureros que en nombre de la defensa de los derechos humanos hicieron de todo, menos lo mandatado por los intereses de la sociedad.
CEDH: NUEVA ERA.
         Con las reformas constitucionales que realizó el Congreso del Estado y su concreción para restituir el orden y la funcionalidad efectiva en esa entidad defensora de los derechos humanos, se puso fin a uno de los inventos del ex gobernador Juan Sabines Guerrero. Ese espacio y muchos más arteramente manoseados y prostituidos por el ex mandatario, solo fueron intervenidos e inventados al calor de los caprichos y como parte de la simulación que caracterizó a la pasada administración estatal. Fue un affaire muy bien planeado con características de sicopatía para esconder a modo los abusos cometidos contra los chiapanecos. Hoy sabemos todos los chiapanecos que fue parte de las añagazas que hizo Sabines para tender cortinas de humo que desviaran la atención social sobre su verdadera vocación de rapiña.
         Fue parte también de la creación apócrifa de esquemas presuntamente democráticos, y para ganarse simpatías entre grupos, asociaciones y personalidades defensoras de las garantías individuales de nuestro estado y de todo el país.
         Por eso la llegada de Juan Oscar Trinidad Palacios es un acto de oxigenación que se hace, y que si bien no es suficiente con el solo nombramiento, si es un avance; un punto de partida para reedificar esa figura estrictamente necesaria para la buena marcha de la sociedad y sus articulaciones con los poderes públicos establecidos.  
         Para no atizar episodios pasados, lo más conveniente es que mediante procedimientos jurídicos establecidos se proceda a cambiar lo que tenga que cambiarse. A los eternos protagonistas que ahí quedan incrustados, lo mejor que pueden hacerse ponerse—ahora sí—a trabajar y coadyuvar para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recobre la prestancia y la eficiencia que exigen los chiapanecos.
         Mucho cuidado deberá tener Juan Oscar Trinidad Palacios, porque el veneno, la insidia, la acechanza y las ganas de seguir jeringando siguen ahí. A transitar con mucho cuidado y precaución y no quedarse dormido junto al enemigo.
EN CONCRETO.
APUNTES.
QUEJA EN CURSO.
         De un momento a otro se conocerá si el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación decide darle curso a la queja presentada por los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexuales y Transgéneros (LGBT), contra el pastor Josué Pérez Pardo, por presuntos actos de de promoción discriminatoria contra ese colectivo. La sola admisión solo es parte del procedimiento inicial y no concluye el procedimiento, sino que se trata solamente de eso, de recepción para efectos de investigar u analizar lo procedente.
         De acuerdo a la información dada a conocer, la instancia admitió la queja y la integró en el expediente CONAPRED/DGAQR/60/14/DQ/ll/CHIS/Q41, por lo que se infiere que todavía analiza los hechos y seguramente en las próximas horas se conocerá lo procedente.
         El Consejo procedió a solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos conocer en primera instancia el reclamo de los integrantes del citado colegiado de preferencia sexual diversa, pero se abstuvo se emitir una recomendación propia de acuerdo a las facultades que posee.
         Lo cierto es que el citado agente pastoral que lidera a la iglesia “Jesús Esperanza Segura”, evidenció en primer término fortaleza económica, ya que es bien sabido que los espectaculares colocados en diversas partes de la ciudad—incluso uno de ellos permanece en un edificio en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez—además de rentar espacios en camiones de transporte colectivos, son sumamente costosos. Independientemente que el “pastor de almas” posea recursos, eso si bien no es constitutivo de delito (¿y de pecado, Sr. Pastor?), sí lo son el hecho de que acuda a realizar manifestaciones públicas que incitan a la confrontación política entre los ciudadanos, con clara advertencia de odio al asegurar que “la paga del pecado es la muerte” y otras aseveraciones homofóbicas, propias de esa y todas las iglesias.
         Quien debió asumir una posición pública a ese respecto es la subsecretaria de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y la propia del gobierno estatal. En ese asunto de sensibilidad extrema en términos políticos y sociales, no debe pasar desapercibido para las autoridades porque genera un antecedente tendencioso y el permitir que el citado pastor manifieste sus fobias—que no sus convicciones religiosas—resulta peligroso además de que es anti-constitucional.
         El debate parlamentario se debe dar en el Congreso del Estado en pleno goce de las facultades que posee, y de er necesario existen mecanismos como la consulta pública que puede usarse, y es ahí donde se podría escuchar los argumentos de quien se dice portador de la moral y la “decencia” ciudadana.
         Hasta hoy nadie le ha reclamado al citado pastor que explique el excesivo lujo y comodidades con las que vive; ni nadie le ha solicitado que diga cómo logró acumular su riqueza pastoreando ovejas descarriadas, según él.
         Ahí habría que poner el dedo, en esa llaga de manipulación.
APUNTES.
REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL.
         Se trata en esencia de la reforma que toca intereses de la clase política nacional y el hecho de haber sido promulgada ya significa que tiene curso constitucional. Todavía es prematuro para saber con certeza si efectivamente traerá y ofrecerá los resultados esperados, y ésta como las demás reformas, ha despertado polémicas y discusiones públicas.
         Los puntos clave de la citada enmienda a la Carta Magna, se refieren a la posible reelección de diputados, senadores así como miembros de los ayuntamientos. 
         Además, el hecho de que ahora sí la famosa “equidad de género” en los porcentajes de asignación de candidaturas será una realidad. (50 y 50% para hombres y mujeres). Otro de los mandatos legales se refiere a la conformación de posibles “gobiernos de coalición”.
         Uno de los resultados quemas ha llamado la atención es la desaparición del IFE para dar paso al Instituto Nacional Electoral, sin que esto signifique la desaparición de los organismos locales. 
         Dicha reforma también prevé la desaparición de la PGR para convertirse en Fiscalía Nacional de la República, organismo que creará una Fiscalía para Delitos Electorales.
         Respecto a que los partidos políticos deberán garantizar la obtención de al menos el 3% de la votación nominal para garantizar la vigencia de su registro, es un de los contenidos que ha generado aceptación generalizada y ello permitirá seguramente que el país se libre de parásitos y sanguijuelas políticas que succionan buena parte del presupuesto público.
         Es todo, gracias.