· Exigen explicación fundamentada para poder operar los negocios, de los
cuales dependen económicamente más de 2 mil familias.
· Aseguraron que algunas empresas se ven obligadas a trabajar en la
clandestinidad para obtener un ingreso.
Laura Ruiz Espinosa.
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Tapachula, Chis; ENE. (interMEDIOS).- Derivado de los operativos que montó la Procuraduría General de Justicia
en el Estado (PGJE) de Chiapas cerraron 210 bares, cantinas y tables dances en
todo el estado, por tanto, en la Región Soconusco y Costa los dueños de los
establecimientos piden asesoría a las autoridades correspondientes para poder
aperturar los negocios, pues es su única fuente de empleo para más de 2 mil
familias directa e indirectamente.
En Representación de la
Unión de Comerciantes, Restauranteros y Bares en el Soconusco y Costa de
Chiapas, Isabel Méndez Hernández mencionó que bajo argumentos de venta de
bebidas a menores de edad, explotación sexual y laboral, falta de cumplimiento
a las medidas sanitarias, renovación de licencia y medidas de Protección Civil
fueron cerrados cientos de negocios, aunque reveló que la mayoría de los
establecimientos en las regiones que lidera solo fueron por omitir el pago con
derecho a piso del 2014.
“Nuestra inconformidad es
la falta de ética y la falta de dialogo que existe en las autoridades, porque
mientras llegaron los operativos nunca nos explicaron nada, solo nos cerraron
por supuestos incumplimientos, pero nadie nos explica que debemos hacer para
poder aperturar de nuevo nuestros negocios, porque de ellos dependemos, muchos
de los empleados ya buscaron alternativas de ingresos, como pasearse en las
calles para prostituirse, cuando hay lugares específicos, necesitamos
orientación para saber que hacer con este problema que afecta a la sociedad en
general”, remarcó.
Dejó en claro que no están
en contra de los operativos, pero si inconformes por los hechos como se
presentan, cuando, dijo que la Jurisdicción Sanitaria ni siquiera les ha
notificado cuales serán las fechas para poder renovar la licencia que acredite
poder trabajar de forma legal, además de tener un lapso de 90 días hábiles para
cumplir con dicho pago, sin que a la fecha se venzan los términos que contempla
la ley.
Méndez Hernández lamentó
que lejos de generar ingresos a sus empresas, quienes son los más afectados son
la base trabajadora que realiza funciones como meseros y meseras, cocineros,
personal de seguridad, mismos que se encuentran preocupados al ser incierto
cuándo comenzarán a trabajar nuevamente e inclusive algunos buscan alternativas
de trabajo mientras “las aguas se acomodan”, por lo que exigió a la
Jurisdicción Sanitaria y al Departamento de Alcoholes entreguen cuanto antes la
licencia de funcionamiento del 2014.
Repudió totalmente que no
haya neutralidad en tal situación, pues muchos son los lugares que trabajan de
manera clandestina sin permiso alguno, a su vez, otros negocios se ven
obligadas a operar “bajo el agua” ante el cierre de establecimientos de ventas
de bebidas alcohólicas y entretenimiento en esta región para obtener un ingreso
económico, aseguró que encima a la crisis económica que atraviesa el país y la
aprobación de reformas, aún existe la preocupación por llevar el pan y la sal a
la mesa de cada hogar. (interMEDIOS rrc).
