▪ DELEGACIÓN DE LA PGR
Vinicio Portela Hernández
El Agente del Ministerio Público de la Federación,
de la Procuraduría General de la República, dictó Auto de Formal Prisión en
contra de Carlos Ibarra Arguello por posible delito al
artículo 375 correspondiente a la Ley del Mercado de Valores, el
cual refiere que; la persona que desempeñe empleo, en un
intermediario del mercado de valores, incurra en la conducta de realizar
operaciones prohibidas por la Ley que resulten en daño patrimonial al
intermediario del mercado de valores de que se trate en beneficio económico
propio, directamente; en términos del numeral 13, fracción II, del Código Penal
Federal.
Carlos Ibarra Arguello, en su carácter de
ejecutivo de cuenta y coordinador del departamento de Banca Patrimonial
Chiapas, como empleado del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima,
integrante del grupo financiero BANAMEX, realizo las operaciones financieras
sin autorización de los clientes, ni del Banco Nacional de México, S.A., entre
ellas ventas de diversos instrumentos de valores a su vencimiento, los
cuales son de origen
bursátil provenientes de contratos de
inversión, esto es, instrumentos que se comercializan en el Mercado de Valores,
así como transferencias monetarias, expedición de títulos de crédito (sesenta y
cuatro cheques apócrifos) y retiros en efectivo.En días pasados, Elementos de la
Policía Federal Ministerial adscritos a la Jefatura de la Unidad
Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal
Ministerial en el Estado de Chiapas, dieron cumplimiento a la Orden de
Aprehensión en contra de Carlos Ibarra Arguello, librada por el Juez Segundo de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia
en el Municipio de Cintalapa de Figueroa.
De acuerdo a los dictámenes emitidos se concluye
que la afectación patrimonial a BANAMEX, es por más de 14 millones de pesos.
El procesado está interno en el Centro Estatal
para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce “El Amate”, con sede
en el municipio de Cintalapa de Figueroa para resolver su situación jurídica ya
que por no considerarse delito grave, podría alcanzar caución, siempre y cuando
garantice el quebranto financiero equivalente a los 14 millones de pesos.
