· Durante el 2012, 88 mil 501
personas fueron aseguradas en las Estaciones Migratorias.
René R. Coca.
Tapachula, Guatemala; MAY. 06 (interMEDIOS).- Organismos
No Gubernamentales incrementan su monitoreo a favor de los Derechos Humanos de
las personas migrantes, ya que de acuerdo a cifras del mismo Instituto Nacional
de Migración (INM) fueron detenidas 88 mil 501 personas, de este número el
86.48% fueron hombres y el 13.51% mujeres: Respecto a la nacionalidad, América
Central representa el mayor número de personas migrantes donde Guatemala tuvo
el mayor impacto con el 45.26%, seguido por Honduras con el 32.64% y El
Salvador con el 14%.
Estas ONG’s indicaron que llevan un registro por zona
geográfica de la República Mexicana, y en ellos se señala el maltrato hacia las
personas migrantes que entran por la frontera sur de Chiapas.
La Organización Frontera con Justicia de Saltillo, Sin
Fronteras I.A.P. y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de
Tapachula en Chiapas, llevan años de monitoreo en sus zonas de acción la
situación de las personas migrantes que son detenidas en las llamadas
Estaciones Migratorias, donde el Instituto Nacional de la Migración priva de
libertad a migrantes que carecen de una documentación de legal estancia en el
país; son años en los que se han venido observando violaciones constantes a los
derechos de las personas allí detenidas y de restricciones de la autoridad para
poder ejercer nuestro derecho a la defensa de derechos de estas personas.
Fruto de este trabajo y a pesar de las limitaciones, se
han logrado documentar durante el año 2012 y lo que llevamos del 2013, a través
de visitas constantes y entrevistas individuales y grupales, las condiciones de
vida y de acceso al ejercicio de sus derechos básicos y jurídicos de las
personas migrantes detenidas en las Estaciones de Saltillo, Villahermosa,
Tenosique, Distrito Federal y Tapachula.
En particular, se ha tratado de observar lo ocurrido tras
la promulgación de todo un nuevo marco normativo migratorio en México, con la
Ley de Migración, su Reglamento de desarrollo y las Normas de Funcionamiento de
las Estaciones Migratorias. Los informes que se presentan en las próximas
semanas narran las realidades y casos observados, donde se reiteran las
vulneraciones a derechos fundamentales y muchos elementos comunes entre lo
observado en el norte, el centro y el sur del país.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova hace
visible en su informe la realidad del centro de detención para migrantes más
grande de América Latina, ubicado en Tapachula, y que en la gran mayoría de los
casos es el punto de deportación de México hacia Guatemala, Honduras y El
Salvador.
Frontera con Justicia destaca en su monitoreo del centro
de detención de Saltillo los abusos de poder y maltratos cometidos por la
autoridad hacia las personas migrantes, ya sean policías municipales y
federales en el momento en que los interceptan ya sea por los propios agentes
migratorios en la Estación; las deficiencias en la alimentación, atención
médica y elementos de higiene que se proporcionan a las personas allá
encerradas; la prolongación por meses de la detención de niños y niñas no
acompañados; y la falta de atención por los agentes a los testimonios de graves
violaciones de derechos que manifiestan haber sufrido en su camino las personas
migrantes. Todo bajo la excusa de parte del INM de que no hay recursos
económicos para dar mejores condiciones a las personas detenidas.
Sin Fronteras ha documentado en Tabasco y el Distrito
Federal graves afectaciones a la salud mental de las personas encerradas, a
veces también por meses, como tristeza, agobio, desánimo, nostalgia e
incertidumbre. Unos sentimientos generados por la falta de información sobre
sus derechos y por estar todo el procedimiento migratorio encaminado de manera
sistemática a la deportación, sin tener en cuenta las circunstancias
específicas de las personas. Una realidad que se agravada, como en los demás
centros de detención, por las graves dificultades que tienen las personas
migrantes para acceder a la Justicia y exigir sus derechos.
Estas violaciones afectan de manera transversal la
integridad física y emocional y las garantías jurídicas de los hombres,
mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran allí detenidos. Los
problemas más graves se encuentran relacionados de nuevo con la falta de un
debido proceso y las condiciones de vida adentro de la Estación, documentándose
incluso la existencia de una celda de castigo; el informe contiene una serie de
casos paradigmáticos de todas estas problemáticas y que nos recuerdan que estas
denuncias tienen nombre y apellidos y vidas.
De acuerdo a estas realidades documentadas, es posible
señalar que existen violaciones de derechos que son comunes en todos los
centros de detención para migrantes monitoreados, la escasa protección consular
que reciben las personas centroamericanas; los obstáculos permanentes que
establece la autoridad para que la persona migrante acceda a una asistencia
legal imparcial y a la Justicia para exigir sus derechos; la detención en
ocasiones ilimitada en el tiempo de migrantes que hacen efectivo su derecho a un
recurso contra la decisión de deportación.
Que entre los detenidos se encuentren niños y niñas,
víctimas de delito o solicitantes de refugio, sin que se hayan visualizado
alternativas a esta detención como las que prevé la nueva Ley de Migración; la
nula vigencia de un debido proceso; las afectaciones psicosociales para las
personas detenidas; o una alimentación, higiene y atención médica deficitarias,
que lesiona la dignidad de los y las migrantes.
Se puede concluir por tanto que la aplicación de la Ley de
Migración aprobada en mayo 2011 no ha supuesto una mejoría en la situación de
las personas migrantes. Al contrario, para las personas detenidas ha supuesto
un retroceso en la vigencia de sus derechos, al estar consagrada incluso la
privación ilimitada de la libertad en algunos supuestos; la actitud de las
autoridades sigue siendo de vincular la migración con la seguridad, por lo que
continúa la falta de sensibilidad hacia los seres humanos que migran y las
restricciones para que las organizaciones podamos realizar nuestro trabajo de
defensa de derechos. (interMEDIOS rrc).
