EJECUTAN 4ª. ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE
PSM POR MUERTE DE BEBÉS EN COMITÁN
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este martes, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ejecutó la cuarta orden
de aprehensión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, luego de que se
documentara la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán en el
periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 a consecuencia
de la inexistencia de recursos públicos, lo que derivó en múltiples
irregularidades como la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos
en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría.
De esta forma, el Ministerio Público argumentó
fehacientemente la responsabilidad penal del ex gobernador del estado en la
muerte de la menor María José Espinoza Orozco fallecida el 26 de diciembre de
2002.
Cabe destacar que, actualmente Salazar
Mendiguchía se encuentra siendo procesado también por el delito de Homicidio
Doloso (Comisión por Omisión) en agravio de los recién nacidos Guadalupe
Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús
Alejandro Morales Alfaro.
El expediente penal integra, entre otras pruebas
incriminatorias, la recomendación 24/2004 que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos emitió y que la administración de Pablo Salazar Mendiguchía
aceptó en todos sus términos, según consta en el oficio firmado y dirigido por
el entonces procurador general de justicia, Mariano Herrán Salvatti, al
presidente de la CNDH.
Dicha recomendación, en la cual la Comisión
Nacional concluye que el Gobierno del Estado encabezado por Pablo Salazar
Mendiguchía es el responsable de la muerte de los 35 bebés; obra en el
expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571
fojas útiles.
También señala que las autoridades en el estado
no atendieron de forma oportuna e inmediata la emergencia que se presentó durante
el periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 y que
ocasionó la muerte de un total de 35 recién nacidos, a pesar de que dichas
muertes fueron de forma sistemática y a consecuencia de una infección contraída
en dicho sitio, emergencia que pudo haber sido controlada con la presencia de
especialistas en neonatología e infectología.
Además, incluye los informes emitidos en la
época de los hechos por las Secretarías de Hacienda y Salud, donde se constata
que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, al
Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242
pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo
recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente, es decir, para
el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, es
decir, no recibió un solo peso para la inversión en infraestructura y
equipamiento.
En este sentido, la Procuraduría General de
Justicia del Estado reafirma su firme compromiso de continuar privilegiando la
legítima exigencia de las familias que continúan clamando justicia por la
muerte de más de 30 inocentes en el nosocomio de aquella ciudad.
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