PERIODISTAS FRONTERA SUR

Foto: Marvin Bautista

SUBDELEGACIONES DE LA PROFECO SIN FACULTAD PARA AUTORIZAR GASOLINERA, ACLARA MARCO AURELIO MARTINEZ ZAVALETA.

            Marvin Bautista.

            Tapachula Chis; DIC 15 (interMEDIOS).- Ante los rumores de que funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) del estado extorsionan a gasolineras, ya que estos ponen  de por medio que si  no les proporcionan dinero no podrán operar, el sub delegado de la PROFECO en Tapachula, Marco Aurelio Martínez Zavaleta, desmiente estos rumores.

            El funcionario federal afirmó que delegaciones ni sub delegaciones tienen las facultades para poder intervenir en verificaciones o autorizaciones de las gasolineras, ya que esto es tarea a nivel central de la PROFECO, ya que aquella persona que proporcione dinero, es víctima de un fraude.

            Dijo que estas personas no tienen la capacidad de otorgar licencias, permisos, garantías o protección toda vez que estas funciones están limitadas únicamente para la subprocuraduría de verificación de combustibles, dependiente de la PROFECO, la cual se encuentra en la ciudad de México.

            Agrego que las funciones de delegaciones o subdelegaciones es el de ir a calibrar las bombas despachadoras de gasolina, cosa distinta de una verificación, ya que esta es hacerles una revisión insitu de cómo trabajan las bombas y como despachan, que si cumplen con todas las normas oficiales que rigen a esta actividad.

            Martínez Zabaleta mencionó que las funciones de las subdelegaciones es dar certeza a los consumidores de que las gasolineras otorgan  litros exactos, en dado caso de que una bomba no proporcione libros exactos, entonces no se certifica la misma, por lo que se tendrá que mandar a reparar, para que posterior soliciten una nueva calibración y certificación.

            Por último invito a las personas que han sido extorsionadas a fomentar la cultura de la denuncia, e interponer su queja ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque son  víctimas de un delito del orden y carácter federal, cometido por servidores públicos. (interMEDIOS rrc).