Por José Luis Castillejos
Ambrocio
La corrupción golpea a todos
los niveles de la administración pública. En México es una “práctica frecuente”
el pago de algún “incentivo” para tramitar un acta de nacimiento, placas
vehiculares, actas de defunción, o para conseguir algún ajuste o rebaja en el
pago de impuestos en las oficinas de hacienda de los gobiernos estatales o
municipales.
Ya ni se diga del pago a
policías en los puestos de inspección del alcoholímetro, o el deslizamiento de
billetes a malos agentes de vialidad. A ello se suma el pago del 15 o 20 por
ciento a alcaldes y gobernadores de algunos Estados, por parte de constructores,
para la asignación de obras.
En México el que no tranza no
avanza, reza un mensaje popular. Algunos avanzan demasiado: poseen grandes
ranchos, residencias, costosos vehículos, yates o avionetas. Hay corrupción
desde los sindicatos como los de Pemex, IMSS, CFE, entre otros. Y todos se
hacen de la vista gorda.
De ahí que la promulgación de
las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción para erradicar los abusos de
quienes no cumplen con la ley; de quienes dañan la reputación de millones de
servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta, sea una luz
en este oscuro túnel.
El Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, firmó los decretos con los que se promulgan las Leyes del
Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que este es el resultado de la activa
participación de la sociedad civil organizada, a favor de la honestidad, la
integridad y la rendición de cuentas.
Frente a la exigencia de
combatir la corrupción, el Estado Mexicano ha dado respuesta con la creación de
dos nuevos pilares institucionales: el Sistema Nacional de Transparencia y a
partir de hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción. De esa forma se busca
recuperar la confianza ciudadana.
La corrupción cuesta cada año
a México un promedio de 350 mil millones de pesos y representa algo así como el
15 por ciento de la inversión pública una cantidad escandalosa. Si en lugar que
esos recursos fueran a parar a las bolsas de malos funcionarios se destinaran a
construir escuelas u hospitales, otro sería el destino de los mexicanos.
México ha obtenido 35 puntos
en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la
transparencia Internacional. El país ha mejorado su situación hasta la posición
número 95, de los 167 del ranking de corrupción gubernamental.
La corrupción es un lastre por
los enormes costos económicos, políticos y sociales. Este flagelo consume un
alto porcentaje de la inversión de las empresas a las que les genera pérdidas
en sus ventas anuales hasta por cinco por ciento. Ello genera costos políticos
e insatisfacción de las personas con la democracia. El 91% de los mexicanos no confía en partidos
políticos; el 83% no confía en legisladores y un 80% no confía en instituciones
del sistema judicial.
Durante muchos años algunos
servidores públicos se han colocado al margen de la ley, extrayendo recursos,
los desvían y ponen una serie de trabas en los congresos locales para
protegerse de las investigaciones.
Sin duda, es un gran paso el
que se ha dado en México con la promulgación de las Leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción. Esperemos no sea letra muerta.
joseluiscastillejos@gmail.com
@jlcastillejos
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