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Emprender una reforma al Sistema de Impartición de Justicia Agraria
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Gobernación participará en mayor medida como gestor ante otras instancias
federales ante las demandas de organizaciones sociales rurales
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Que los ajustes en el presupuesto federal, no afecten a pequeñas y medianas
organizaciones del campo, demandan campesinos
(Boletín).- La
distribución de los recursos fiscales contemplados en el Programa Especial
Concurrente para 2016, deberá orientarse al establecimiento de un modelo de
desarrollo rural sustentable que garantice el derecho a la alimentación de los
mexicanos y permita superar las asimetrías sociales, económicas y culturales,
señaló el dirigente del Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de
México, Juan Rojas Pérez.
Durante la
clausura del XXIII Asamblea Nacional de esa organización, en la sede nacional
del PRI, puntualizó que los ajustes al presupuesto de Egresos de la Federación
para el año entrante, deberán excluir a los pequeños y medianos productores del
campo, pertenecientes al segmento de autoconsumo y, en esta medida, las
reducciones se canalicen a los grandes productores comerciales.
En un documento de
conclusiones, que harán llegar a las distintas dependencias federales
relacionadas con el sector rural, Rojas Pérez señaló la necesidad de que las
organizaciones campesinas deberán ser consideradas como de interés público y
ser interlocutoras de las dependencias del Gobierno, y corresponsables en el
diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas agroalimentarias y
agrarias.
También propuso
emprender una reforma al Sistema de Impartición de Justicia Agraria, que la
haga efectiva en los procesos de ordenamiento y regularización de rezagos en la
tenencia de la tierra.
Expresó que, si
bien no se trata de reparto agrario, es necesario terminar con aspectos
jurídicos que han sido diferidos y que son seria limitante para que los
productores rurales tengan acceso a los programas que realizan diversas
dependencias del gobierno federal y, quien no cuenta con su certificado de
derechos agrarios, es marginado de esos beneficios.
Se pronunció, en
entrevista, en el marco de una serie de propuestas que esta organización hará
del conocimiento del Presidente Enrique Peña Nieto, por el establecimiento de
una política energética de respeto y apoyo a la propiedad social rural y a los derechos
humanos y agrarios de los campesinos, lo cual, dijo, posibilitará el
fortalecimiento del mercado interno, la inversión, el empleo e ingreso en el
medio rural nacional.
Consideró que un
país donde más del 50 por ciento de su territorio (alrededor de 100 millones de
hectáreas) es de propiedad social, merece que las instancias de gobierno den
prioridad a las acciones de desarrollo, al impulso a la productividad y a la
sustentabilidad, frente a la amenaza representada por el cambio climático y la
variabilidad de las economías de países de Europa, Asia y América.
Se refirió al
financiamiento y dijo que el 85 por ciento de productores rurales, la mayoría
con superficies de menos de cinco hectáreas, están marginados del sistema
crediticio, por lo que se pronunció por una reingeniería del sistema financiero
que favorezca el desarrollo rural integral de los ejidos y comunidades.
Manifestó que la
organización que encabeza está convencida de que el desarrollo de las
potencialidades productivas de los ejidos y comunidades, se podrán convertir en
la palanca para emprender acciones que permitan erradicar el hambre y la
pobreza en el medio rural.
Finalizó al
señalar que los integrantes del Frente Revolucionario de Campesinos y
Trabajadores de México, están con el Presidente Enrique Peña Nieto, y dijo que
hay una gran esperanza de que, en lo que resta de su administración, se
fortalezcan los programas y proyectos productivos a favor de los campesinos y
productores del sector social, porque, en esa medida, se podrá consolidar la
soberanía y seguridad alimentaria del país.
Al clausurar el
XXIII Congreso, el representante del Secretario de Gobernación, Miguel Angel
Osorio Chong, el director general de Atención y Seguimiento a Demandas de
Organizaciones Sociales, Rogelio Alvarez Soto, ofreció que esa dependencia
federal está en la mejor disposición de convertirse en gestora de demandas de
servicios institucionales ante dependencias federales, involucradas en los
programas y acciones de apoyo a los productores del campo.
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