La propuesta de ERA;
que Gabinete informe.
Víctor M. Cruz Roque
¿A
qué se refirió específicamente el secretario general de Gobierno, Eduardo
Ramírez Aguilar, al dar a conocer, que enviará al Congreso del Estado, una
iniciativa para que los integrantes del Gabinete Legal, tengan la obligación de
dar a la ciudadanía un informe detallado de sus actividades?
La
interrogante surge a partir de legítimos razonamientos jurídicos y políticos,
en el sentido de que tanto a nivel nacional como en el estado, ya existen
mecanismos por los cuales los miembros del gabinete deben dar cuenta de sus
quehaceres y resultados de los mismos. Así lo establecen las constituciones de
ambos niveles gubernamentales, cuyos articulados son precisos y específicos,
además de que están vigentes organismos que deben encargarse de la vigilancia,
cuidado, observancia y de especificidad contralora, para efectos de que los
funcionarios públicos—en términos genéricos—rindan los informes que se le
requieran, de manera periódica y concurrente. Más aún, como parte de las once
reformas constitucionales promovidas por el presidente de la República, una de
ellas se refiere específicamente a la Transparencia y Rendición de Cuentas,
cuyos alcances no solo son del ámbito federal sino que aplica para todas las
entidades del país.
Dice
el Título Quinto, Capítulo 1, artículo 18, que “El Poder Legislativo del Estado
de Chiapas, se deposita en una Asamblea de Representantes del pueblo, que se
denominará Congreso del Estado”.
Este
a su vez, posee un Órgano Superior de Fiscalización, además de comisiones de
Hacienda, Justicia y Vigilancia, que coadyuvan para que no solo los
Ayuntamientos sino también las dependencias del Ejecutivo estatal efectúen
informes periódicos sobre el estado que guardan las respectivas áreas de su
responsabilidad.
Por
si fuera poco, en el organigrama administrativo estatal, existe una Secretaría
de la Función Pública que se supone realiza tareas que le son propias en su
carácter de vigilante permanente de que las dependencias aludidas cumplan con
eficiencia y realicen informes detallados de sus actividades ordinarias y
extraordinarias.
Se
trata de que esas áreas cumplan cabalmente con lo encomendado, que se respete
la legalidad existente y que cada una de ellas asuma sus responsabilidades.
¿Inoperancia o vacíos
legales?
De
cierto modo tiene razón el secretario General de Gobierno, porque la impresión
generalizada que posee la sociedad, es que esas entidades son inoperantes a la
hora de cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que nos rige. Esto implica
que no existen vacíos en la materia, sino ausencia de voluntad—por los motivos
que sean—para que no solo los integrantes del Gabinete legal sino todos los que
se dedican a la función pública acudan por mandato de ley a rendir los informes
que sean necesarios. ¿Acaso desconoce la SFP lo que hacen dichos servidores?,
que de sí poseen obligatoriedad de hacerlo, todos sin excepción.
El
anuncio de Ramírez Aguilar se torna interesante, cuando explica que los
informes propuestos deberán ser independientes de la Glosa del Informe que hace
el Ejecutivo ante el Congreso estatal. Además, especifica que los ciudadanos
deben poseer el derecho a ser informados de las acciones que realiza la
dependencia. ¿No existe esa garantía actualmente? La pregunta anterior nos
remite nuevamente a las constituciones, federal y del estado, y ahí encontramos
que sí existe, pero se ha omitido siempre por diversas razones, entre ellas las
de carácter e intereses políticos.
Lo
referido por el secretario de Gobierno contiene puntos positivos, solo faltaría
conocer las fórmulas y los procedimientos mediante los cuales los citados
funcionarios estarían obligados a rendir informes, ya que es confusa la
apreciación si lo harían de manera directa ante los ciudadanos, ante un Consejo
de Representantes, o ante una especie de Contraloría Social. Esto a su vez
propicia dudas, ya que así, mediante informes directos, en términos prácticos
resulta que son improcedentes.
A
todo esto habría que considerar que los avances tecnológicos ya posibilitan los
informes detallados mediante la creación de portales y páginas Web, que por
cierto muchas entidades no los tienen actualizados o simplemente limitan los
contenidos, sin que exista autoridad alguna que los obligue a cumplir con ello,
que dicho sea de paso si es una obligación.
¿Dónde
se encuentran entonces las fallas y las omisiones? ¿Los chiapanecos carecen de
información sobre lo que hacen o dejan de hacer los miembros de Gabinete,
debido a qué?
EN CONCRETO.
A modo de editorial.
Los
partidos políticos son entidades e instituciones públicas, al servicio de
intereses privados. Estos que deberían ser agentes y canales para la promoción
de la participación ciudadana en la búsqueda de mejores y mayores niveles de
democracia y bienestar común, lamentablemente en nuestro país se han convertido
en instrumentos mediante los cuales, castas, clanes, células mafiosas,
catervas, grupúsculos, pequeñas legiones y hordas de manipuladores, se dedican
a lucrar para saciar sus perversas ambiciones de poder.
Suena
duro, inflexible y certero lo que aquí decimos, y es la verdad, y si alguien lo
duda, bástele conocer cuál es la percepción que la sociedad tienen de los
partidos políticos en general y de quienes dirigen estos clanes en particular.
Este
desprecio se lo ha ganado a pulso, por aprovechados, por cultivadores de vicios
y arbitrariedades, y porque todos sin excepción se han regodeado de los peores vicios
y actitudes obsoletas, despreciando a quienes a final de cuentas los nutren de
recursos para que se den vida de virreyes y de señores con etiquetas de
feudalismos.
En
el curso grotesco e inhumano de lo sucedido en Iguala, Guerrero, ahora los
partidos políticos intentan convertir en botín lo sucedido, y es ahora que
intentan lavarse las manos, como verdaderos Poncios Pilatos modernos.
Es
ahora que piden con la vergüenza a cuestas, que se instrumenten mecanismos para
impedir que engendros del mal como el ex presidente municipal de ese municipio
José Luis Abarca, accedan a espacios de poder.
Es
ahora que exigen--¿exigen?--¿con qué calidad ética, política, moral y humana se
atreven a exigir?, si la mayor raja de lo sucedido les corresponde a ellos, que
han postulado a candidatos cuando muy bien sabían que eran delincuentes; que
los protegen y los cobijan cuando conocen
sus actividades delictivas.
Es
ahora que dirigentes partidistas se dan golpes de pecho y aseguran que ahora sí
van a tener cuidado en no postular a sujetos de calaña criminal, pero el daño
ya está hecho y son 6 muertos y 43 desaparecidos lo que se reclaman con vida.
No
dudamos que también los partidos políticos son responsables de lo sucedido, en
este caso particular el PRD y en lo general todos por todo el desgarriate que
ha ocurrido en muchas partes del país, sin exceptuar a Chiapas, por supuesto.
Ahí
está el problema, abofeteando la conciencia de México y del mundo entero.
Como
decían las abuelitas: no esperen que se les aparezca el diablo en calzoncillos,
o lo que es igual, no esperen a que despierte el México bronco, porque su
destino inexorable e inevitable, será el basurero de la historia.
APUNTES.
Congreso puntualiza
posición.
En
comunicado de prensa, el Congreso del estado a través del presidente de la Mesa
Directiva diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, expuso su posición respecto
a la huelga de hambre que realiza un catedrático de la UNACH y otras
expresiones de protesta realizadas en el edificio del Poder Legislativo. Destaca que en todo momento se han atendido las
posturas divergentes y explicó los motivos por los cuales se llevó a cabo las
reformas a la Ley Orgánica de esa institución de educación superior, cuya Junta
de Gobierno actualmente se encuentra en
proceso de auscultación a la comunidad universitaria para la designación del nuevo rector.
Refiere
el representante popular, que el Congreso ha actuado de manera coordinada con
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para atender a los inconformes. Del
mismo modo se refiere a los protocolos de seguridad implementados en la sede
cameral, y refiere que es obligación del gobierno interno del Congreso,
garantizar la integridad física de los trabajadores así como de los bienes que
se encuentran en el interior de la misma.
Es
todo, gracias.
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en Twitter: @victormanuelcru
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