Por: Gonzalo
Egremy
NEFASTOS RESULTADOS EN CARCELES
*IMSS se prepara para Ébola.
.-El modelo de cárceles privatizadas y
“manejadas” por grupos empresariales, han tenido nefastos resultados en la
readaptación social de los sentenciados.
Dentro
de poco, se sabe, iniciará a operar el CEFERESO en Villa Comaltitlán, para
2,520 reos de alta y mediana peligrosidad, tanto del fuero federal como del
común (estatal); sentenciados y bajo proceso.
El gobierno federal y estatal, tendrán que
desembolsar entre 5 y 10 millones de pesos al mes, durante 25 años, para la
compañía del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que es la concesionaria de
esa lujosa prisión.
Al
margen del negociazo de los que invirtieron en la edificación de ese CEFERESO,
con la complacencia y complicidad de representantes de los gobiernos federal y
estatal del sexenio pasado, la administración de esa cárcel debe de dejar
millonarias ganancias por la designación de celdas de lujo.
No
ha sido secreto que capos o jefes de la delincuencia, paguen privilegios,
comodidades y favores a personal y directivos de las prisiones en donde se
encuentran bajo proceso o ya sentenciados.
Reseñábamos ayer que esa clase de prisiones en
México, es la antítesis del Estado de Derecho porque otorgar el manejo de las
cárceles a particulares, es lo mismo que la autoridad renuncie a su obligación
en ese rubro.
La
abogada, socióloga y antropóloga del Derecho, Catalina Pérez Correa, (profesora
de la División de Estudios Jurídicos del CIDE) decía bien (mayo 2012) que los
inversionistas de cárceles, buscan la ganancia.
“Todo oferente en un mercado busca
crecer. Precisamente, en Estados Unidos, los medios de comunicación han
mostrado el poder de esta industria (cárceles privadas) que se comporta como
cualquier otra: haciendo cabildeo en los congresos y campañas políticas para
lograr la aprobación de leyes o reformas por las cuales se aumentan las
causas de detención, los años de sentencia por diversos delitos y se minimiza
el uso de penas alternativas.
La medida genera un negocio redondo para los empresarios
de la prisión: representa un flujo abundante y constante de “clientes”, que no
pasan el suficiente tiempo en la prisión como para aclimatarse y, en
consecuencia, son más fáciles de manejar.
Imaginemos ahora por 2 minutos el escenario de una
industria con la capacidad de cabildeo que tienen estas empresas operando en
México. ¿Cómo reaccionarían nuestros diputados, senadores y otros funcionarios
públicos ante la presión (o tentación) de estos “empresarios”?
Parte del problema, además, está en lo fácilmente
vendible que, electoralmente, resulta el discurso punitivo (sólo tenemos que
ver el éxito del Partido Verde basado en gran parte en su llamado a la
legalización de la pena de muerte o la cadena perpetua).
En el esquema de prisiones privadas, cada “cliente”
“paga” lo mismo, sea culpable o no, sea un presunto culpable o un
multi-homicida.
Así, el “negocio” produce incentivos para convencer a las
autoridades a meter a más y más personas, en prisión.
Pero esas personas, como sabemos, serán, igual que hoy,
las más vulnerables, no las más peligrosas. (El sistema de impartición de
justicia será el mismo, independientemente de que se privaticen o no las
cárceles).
Hoy las prisiones están llenas de gente que robó un
artículo que valía unos pesos o de consumidores de drogas.
El grueso de la “clientela” de las prisiones privadas
vendrá de los mismos que hoy alimentan las prisiones estatales. Así, el
proyecto de prisiones privadas, se convierte muy fácilmente en un negocio
por mantener a más y más personas en prisión, con beneficio sólo para los
inversionistas.
Aunque pueda ser el caso que el sector privado sea más
eficiente y menos corrupto que el sector público en la administración de
recursos, esto no ha sido la experiencia mexicana, y difícilmente lo será en un
sector que a la sociedad le produce antipatía y desprecio.
La segunda crítica tiene que ver con lo que son las
funciones propias del Estado. La seguridad pública no es una función de los
particulares sino del Estado. Esto es una de las transformaciones fundamentales
entre el estado medieval y el estado moderno.
La sanción de delitos y la imposición de penas, es una
parte de la seguridad pública y ésta no puede ser delegada a particulares.
Delegarla es el equivalente a privatizar el Estado”, concluye, Pérez Correa.
Y de entrar en operaciones el CEFERESO, se estaría
cuadrando la hipótesis que plantean especialistas del tema, de que el Estado
Mexicano privatiza y renuncia a su obligación en ese rubro, ¿no cree usted?
BISBISEO
El director de prestaciones médicas, del IMSS, Javier
Torres, en el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria de ese Instituto, en
la ciudad de México, en donde acudieron los delegados en todo el país, entre
ellos, Yamil Melgar, adelantó que cuatro hospitales (Monterrey, Guadalajara,
San Luis Potosí, Campeche) estarían preparados, como lo está la Secretaría de
Salud, para atender, de llegar a presentarse, el ébola. ¿Será?//Salud.
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