PERIODISTAS FRONTERA SUR

Miles de familias continúan padeciendo las secuelas de la devastación

AUTO DE FORMAL PRISIÓN A PABLO SALAZAR; ES PROCESADO POR IRREGULARIDADES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE STAN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, dictó auto de formal prisión en contra de Pablo Abner Salazar Mendiguchía por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Coalición de Servidores Públicos y Asociación Delictuosa, en el marco del proceso penal que enfrenta por el desvío de recursos durante el proceso de reconstrucción, derivado del paso del huracán “Stán” que dejó miles de familias chiapanecas damnificadas.

Cabe recordar que, el meteoro devastó casas, escuelas, puentes y zonas agrícolas en las regiones Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca en octubre de 2005.

Además, sobresale que tras las afectaciones las autoridades destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos para la reconstrucción.

Sin embargo, fueron detectadas una serie de anomalías por parte de la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, por lo que la Procuraduría de Chiapas dio inicio a 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude.

En este contexto, la Procuraduría estatal ha practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de48 mil 500 fojas.

En lo que respecta al actual proceso penal, las investigaciones revelaron que Pablo Salazar Mendiguchía ordenó a su entonces directora del INVI, Socorro Domínguez Aguilar, realizara el pago por anticipado de 194 viviendas que no se encontraban construidas al 100 por ciento, en agravio de familias damnificadas de los municipios de Escuintla, Acapetahua, Villacomaltitlán, Huixtla y Tuzantán.

Además, de acuerdo al resultado de los peritajes realizados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se comprobó que las viviendas entregadas presentaban serias deficiencias técnicas constructivas como falta de biodigestores, sistema eléctrico y vidrios en las ventanas. También, existían filtraciones y fisuras en las paredes, lo que, sin duda, viola la normatividad de la Ley de Obra Pública y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

A la fecha, el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales de La Concordia,Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua,Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villacomaltitlán, Cacahoatán,Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero. Así como de ex funcionarios públicos estatales.

Las diligencias practicadas demuestran una serie de irregularidades en retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficiencias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados.

De esta forma, quedó demostrado que, en algunos casos, el costo de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad.

Es decir, de forma inhumana, las familias damnificadas recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicios básicos como energía eléctrica o drenaje.

Mientras que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros lo que hasta la fecha continúan padeciendo las  miles de familias que se vieron doblemente afectadas, por el fenómeno natural y por la irresponsabilidad de los servidores públicos encargados del proceso de reconstrucción.