‣La Unión Europea y otros
países no han encontrado pruebas de que el glifosato sea un peligro a la salud
humana, ni al medio ambiente
‣La posición de SEMARNAT es
una “prohibición de facto” al glifosato, contraria a la instrucción del
Presidente López Obrador de reducir su uso en los próximos cuatro años
Este miércoles 25 de noviembre se cumple un año que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, basada en el “principio precautorio”, es decir, en asumir que, debido a indicios de posibles daños a la salud y medio ambiente, y sin considerar la certeza científica de cientos de estudios, tomó la medida de prohibir la importación de glifosato a México, el herbicida más eficaz en el mundo y utilizado por más de 120 países.
Para la SEMARNAT, ha sido irrelevante que diferentes organismos reguladores internacionales como la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que en marzo de 2017 concluyó que “la evidencia científica disponibles no reúnen los criterios necesarios para clasificar al glifosato como cancerígeno” (https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa) ,la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Instituto Federal para la Evaluación de Riesgos de Alemania, la Agencia de Protección Ambiental de Nueva Zelanda y la Autoridad Australiana de Plaguicidas, NO consideren al glifosato como un peligro a la salud.En este sentido, el
presidente electo y vocero de la Unión Nacional de Fabricantes y Formuladores
de Agroquímicos, UMFFAAC, Ing. Luis Eduardo González Cepeda, dijo que “llama la
atención que con todos los estudios científicos disponibles sobre sobre el
glifosato, la SEMARNAT haya decidido dejar de lado toda la información recabada
por los órganos internacionales para justificar una decisión que amenaza
sensiblemente al campo mexicano”.
El Ing. González precisó
que “a pesar de que se han hecho cientos de estudios en todo el mundo y que se
revisa constantemente el posible impacto que el glifosato pudiera tener en la
salud humana y medio ambiente, una y otra vez la mayoría de los países reflejan
en sus marcos regulatorios el hecho de que no hay suficiente evidencia que
apoye una decisión de política pública para prohibir el glifosato, el herbicida
más eficaz para eliminar la maleza de los cultivos y garantizar la
productividad de los cultivos”.
González Cepeda señaló que
el objetivo de prohibir el glifosato que tienen varias dependencias oficiales,
como la propia SEMARNAT, CONACYT y la Comisión Nacional para Prevenir Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) obedece más a una “una especie de idealismo agro-político que desea el regreso a
prácticas agrícolas adecuadas para pequeñas comunidades rurales, y más
orientadas al autoconsumo, y que obviamente no responden a las necesidades
alimentarias de un país de más de 130 millones de habitantes”.
Es de llamar también la
atención el papel que en esta situación ha jugado la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria, CONAMER, que siendo un órgano oficial cuyo objetivo es
promover la mejora de procesos administrativos, su titular haya tomado
abiertamente partido por la postura que pretende prohibir el glifosato en el
país.
El presidente electo de la
UMFFAAC advirtió sobre las consecuencias de la “prohibición de facto” al
glifosato: “para poner en perspectiva el problema que enfrentamos: si queremos
aumentar los costos de producción por hectárea en un 300 por ciento, si
queremos disminuir la producción de alimentos en un 40% y ser más dependientes
del exterior, si queremos afectar a los estados con mayores niveles de pobreza
del país que producen maíz, como Chiapas, Guerrero Veracruz y Puebla, entonces
la política de la SEMARNAT es la correcta”.
González Cepeda añadió que
resulta difícil entender una política tan contradictoria del gobierno federal
que, por un lado, NO prohíbe el uso del glifosato, el Presidente López Obrador
da instrucciones para que durante un período de cuatro años para que se vaya
reduciendo el uso gradual del herbicida, mientras se encuentran alternativas
viables a su uso, y, por otro lado, SEMARNAT niega autorizaciones a su importación,
estableciendo una prohibición de facto al glifosato y, en los hechos, también
contradiciendo a la instrucción presidencial.
El presidente electo de la
UMFFAAC, González Cepeda, dijo también que “ni los millones de productores
agrícolas, ni los consumidores, debemos ser rehenes de decisiones que no tienen
ningún fundamento científico, ni mucho menos se alinean con el objetivo del
gobierno del presidente López Obrador para lograr la autosuficiencia
alimentaria”.
Por último, el también
vocero de la UMFFAAC dijo que esperan muy pronto tener un encuentro con
funcionarios de SEMARNAT y los agremiados de la Unión que preside, y que la
UMFAAC está abierta a colaborar con el CONACYT, la instancia a la que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, le encargó la responsabilidad de
coordinar los estudios para encontrar un sustituto al glifosato, para lograr un
acuerdo que beneficie a productores agrícolas, al campo mexicano y a la
economía nacional.
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