Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30
de junio 2019 (muralchiapas.com).- De nueva cuenta el notario número 22 de la
ciudad de "Comitán y Tuxtla Gutiérrez Chiapas", fue detenido por
elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con otros cómplices
ahora ex servidores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la
entidad chiapaneca
La fiscalía informó en un
comunicado de prensa, que cumplimiento de una orden judicial del expediente
10/2019, fueron detenidos por la policía especializada, el notario
público, Raymundo Eduardo “N” (Aguilar Cruz) y los ex funcionarios de
nombre Douglas “N”. Georgina Guadalupe “N” y Paulina “N”,
ahora ex empleadas del Registro público por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de fraude específico, falsificación de documentos,
acceso ilícito a sistemas de informática y asociación delictuosa
Cabe recordar que el notario
público número 22 cuya titularidad es el presidente del Tribunal del Trabajo
Burocrático del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén ya fue detenido
en días pasados acusado de fraude en contra de unos campesinos de la región
Valle de Cintalapa
Lo anterior, derivado de la
denuncia presentada por Humberto "N", señalando que el fedatario
público conjuntamente con Paulina "N" y Georgina "N", con
conocimiento que se encontraba en trámite un juicio sucesorio intestamentario
acumulado a un juicio ejecutivo mercantil, adjudicó de manera fraudulenta cinco
bienes inmuebles ubicados en esta ciudad, los cuales componían la masa hereditaria
del juicio.
Para ello el notario público
elaboró escrituras públicas sin que existiera autorización judicial para tal
efecto, toda vez que dicho juicio no se encontraba concluido, al tramitarse la
primera sección de cuatro que componen el procedimiento, existiendo además un
acreedor de la sucesión, favoreciendo de esta manera a diversos deudores de las
obligaciones de pago que tenían en el juicio mencionado.
Para lograr la inscripción
ante el Registro Público de los inmuebles, Douglas “N”, valiéndose del cargo que
ostentaba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, modificó la
información contenida dentro del sistema informático SIREC, a efecto de
cancelar los embargos que pesaban sobre los inmuebles derivados del juicio
ejecutivo mercantil y así se pudieran realizar las inscripciones de las
adjudicaciones realizadas de manera fraudulenta, favoreciendo de esta manera a
los inculpados para que pudieran adjudicarse los bienes y eludir el pago de la
deuda a que habían sido condenados en el juicio.
Ante ello los sujetos activos
con el propósito de delinquir, simularon actos judiciales para lograr las
adjudicaciones de los inmuebles, dando fe el notario de hechos falsos, causando
un detrimento económico en perjuicio del ofendido Humberto “N”.
Por lo que los cuatro
inculpados fueron puestos a disposición del Juez de la causa, para que resuelva
su situación jurídica dentro del término constitucional, siendo importante
señalar que por estos hechos los inculpados pueden alcanzar una pena de hasta
de 20 años de prisión.
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