GUILLERMO
CORREA BÁRCENAS
ARRANCAN
CAMPAÑAS CON AMENAZAS DEL PRI A TRABAJADORES, A INDÍGENAS Y AL PAÍS
•Pretende madruguetes en el Senado y en la Cámara de
Diputados
•Lo que se
busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua y genéticos
Con el arranque oficial de las campañas
presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal
que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus
promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un
sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una
ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes
tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino
únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que
mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los
medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la
presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen
asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral,
retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de
Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones
campesinas.
En el primer caso es el Senado de la
República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa
Patrón--, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo
con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un
año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a
traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones
dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista
en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de
advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle
ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que,
a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del
sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría
ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el
gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones
para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos
políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la
Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas
por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique
Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase
trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación
colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice
también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes
sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el
abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y
los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en
un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la
elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios.
Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de
traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a
lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de
protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen
democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera
y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y
mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena
cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los
órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se
conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al
debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los
derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos,
emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será
controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se
han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde
Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos
que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los
sindicatos llamados democráticos dónde están?
La otra amenaza es para los indígenas y
el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa. Dicen los afectados
que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad
es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas,
tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y
pueblos nativos. Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es
parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica.
Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los
recursos naturales, estratégicos, el agua y genéticos. Señalan las víctimas de este golpe
legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por
defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios
rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria
Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al
mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros
y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue
aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha
provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e
internacionales.
Se teme, como con la ley laboral,
un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto
que pone en riesgo grandes áreas del
país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde,
explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies
nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a
explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría
totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del
territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del
Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país
es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un
riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad
Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de
Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja
California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. "Este tipo de
industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño
a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi
irreversible", apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital
canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su
explotación llevaría alrededor de 10 años. "México es un país que tiene
una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente
vulnerable a espacios protegidos".
Nuestro país tiene
reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra
ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el
extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la
Presidencia…
DESDE EL CENTRO
Un ex secretario de Hacienda que no sabe
de dónde provienen los ingresos de su competidor para la Presidencia de la
República sólo trasmite que su desempeño como el responsable del gabinete
temido por lo que sabe fue un fracaso. Y todavía JAM le pide al PEJE que
debata… Qué tal, que con las Afores se construye parte del Nuevo Aeropuerto de
la CDMX… El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno se
solidarizaron con la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la
presidenta municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda, mandó a atacar a los
pobladores de Ikoot y Binnizá por resistir desde la invasión de la empresa
Mareña Renovables, despojadora de tierras apoyada por el PRI.
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