 |
| © SinEmbargo |
Efrén
Flores
#ANUARIO2017 | El Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto cerrará el año con 14 periodistas asesinados en
el cumplimiento de su deber; cantidad equiparable a la de 2016 –el periodo más
infausto del sexenio, en ese respecto–
Apenas ayer, Gumaro Pérez
Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en Acayucan,
Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una celebración
navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se cometió alrededor
de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria “Aguirre
Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la lista negra de
periodistas asesinados en este sexenio.
De 2013 a la fecha, 56
reporteros murieron en circunstancias de violencia, refiere un recuento
hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Estas proporciones
perfilan a la actual administración como la segunda más violenta en los últimos
64 años, sólo detrás del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el que 83
periodistas fueron ejecutados.
De 1952 a la fecha, la mayor
parte de los homicidios de periodistas [el 58 por ciento] ocurrió durante los
tres últimos sexenios: entre los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el gremio periodístico perdió a 167
personas. En cambio, entre la década de los cincuenta y el año 2000, murieron
121 periodistas.
Corría el 6 de octubre de 2017.
Un grupo de reporteros, en silencio, protestaba de cara al Palacio de Gobierno
de San Luis Potosí. Fue la última ocasión en que la violencia en México le
arrancó la vida a un periodista por cumplir con su deber. A sus 23 años, Edgar
Daniel Esqueda Castro abandonó este mundo. La muerte cosechó al noticiero cuyo
cuerpo, torturado y sin vida, amaneció en un paraje cercano al aeropuerto
internacional potosino. Un día antes, Esqueda fue sustraído de su hogar; estaba
amenazado y nadie veló por él. Sólo el silencio mortuorio.
En 2017, al menos 14 periodistas
fueron asesinados en relación con su labor periodística, refiere un recuento
hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. La sangría de este
año empata con la de 2016 como la más violenta del sexenio de Enrique Peña
Nieto, que cerrará el año con 56 periodistas asesinados desde el 23 de enero de
2013, cuando Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel de Veracruz, fue
asesinado tras haber sobrevivido a dos secuestros.
Apenas ayer, Gumaro Pérez
Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en Acayucan,
Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una celebración
navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se cometió alrededor
de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria “Aguirre
Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la lista negra de
periodistas asesinados en este sexenio.
A partir del inicio de la
denominada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, durante el sexenio del ex
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el asesinato de periodistas alcanzó
niveles inusitados. Entre ese último año y 2005, las defunciones se
cuadruplicaron [al pasar de tres a once casos]. No obstante, en 2010, con 18
defunciones, la escalada de homicidios halló su peor crisis en los últimos 64
años. Sólo durante el último año de mandato del político panista, ocurrido en
2012, 15 reporteros perdieron la vida.
En 2013, en el primer año de
Gobierno de Peña Nieto, esa cifra se redujo a la mitad –hubo siete periodistas
muertos–. De ahí en adelante, la carnicería no se detuvo: en 2014 y 2015 cobró
la vida de 11 reporteros, respectivamente.
Cuatro meses y medio antes del
ominoso asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, el Presidente de la República
anunció una serie de acciones para proteger a los periodistas y a los
defensores de derechos humanos.
“Buscamos garantizar la libertad
de expresión”, conminó Enrique Peña Nieto. También dijo que, hasta entonces,
había 538 personas que gozaban de la protección del gobierno [196
pertenecientes al gremio periodístico]; y que, como Primer Mandatario de
México, actuaría “con firmeza y determinación para detener y castigar a los
responsables”, dijo.
Sin embargo, dos días antes del
anuncio del Ejecutivo federal, el reportero Javier Valdez Cárdenas perdió la
vida. A plena luz, en su natal Culiacán, en Sinaloa, el periodista fue baleado
cuando iba de camino a la redacción del periódico Río Doce. Con total
impunidad, el crimen organizado cargó contra quien se especializaba en la
cobertura del narcotráfico.
El Presidente compartió su más
sentido pésame y guardó un minuto de silencio por el finado. Aunque los
reporteros presentes al evento del 17 de mayo no lo dejaron callar.
“¡Justicia!”, “¡Investiguen!” y “¡Ya no más discursos!” fueron el grito
desesperado de quienes no querían más promesas, sino soluciones. Por esas
fechas, las cifras oficiales reflejaron la incompetencia del Gobierno federal
para resolver la vorágine de asesinatos. El “firme compromiso” contra la
impunidad del Presidente, garantizaba nada.
Un informe del Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ) arrojó que si bien la impunidad en México era
alta para todos los delitos, en el caso de las agresiones y crímenes contra
periodistas, la impunidad era casi total. Entre julio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2016, menciona el CPJ, la Fiscalía para la Atención de Delitos
Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) registró 798 denuncias. De
ellas, sólo tres tuvieron sentencia condenatoria, lo que implica que el 99.7
por ciento de los delitos no fue castigado. Y esa falta de castigo, refirió el
Comité, es una de las causas del aumento de la violencia contra la prensa.
Según el último reporte de la
Feadle, entre enero y octubre de este año, de 129 averiguaciones previas
iniciadas, 32 [el 24.8 por ciento] habían sido despachadas. Sólo ocho de ellas
[el 6.2 por ciento del total] incluyeron un “ejercicio de la acción penal”.
México sigue siendo uno de los
países más peligrosos para ejercer el periodismo -inclusive más que
Afganistán-, refiere el reporte “Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa”, realizado por la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras
(RSF). Este documento indica que, en la actualidad, nuestro país ocupa el lugar
147 de 180 países enlistados, lo que lo convierte en uno de los más violentos
para el gremio periodístico.
La situación es grave. “Lesionar
a un periodista es atentar contra la libertad de expresión” porque “golpea negativamente
la calidad de la democracia de este país, al amenazar la calidad de información
que recibe el ciudadano”, apuntó el maestro Salvador Mora Velázquez,
especialista en desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 |
| © Proporcionado por Sin Embargo |
A pesar de que en esta Nación
existen múltiples leyes y mecanismos de protección y prevención de delitos en
contra de la libertad de expresión –empezando por la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas–; y pese a que desde
2012, con la reforma al Artículo 73 constitucional la Feadle tiene la capacidad
de atraer y resolver investigaciones, en México aún no existe garantía de
justicia.
Un caso icónico, en este
respecto, tuvo lugar el 11 de mayo de 2017, cuando la activista Miriam
Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San
Fernando, en Tamaulipas, fue asesinada en su casa por un comando. De acuerdo
con el gobierno local, ellos sí la protegieron. Según se difundió en medios
nacionales, Rodríguez Martínez, antes de ser asesinada, solicitó protección a
las autoridades y éstas nunca le ayudaron. Además, el supuesto asesino de la
activista, Juan Manuel Alvarado López, alias “Alushe”, fue abatido por
elementos ministeriales antes de poder dar testimonio y esclarecer los hechos.
La falta de resultados
sustantivos por parte de las autoridades mexicanas se debe a un problema de
índole estructural, dijo a SinEmbargo Luis Knapp, integrante del
Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. En su opinión, “no se
solucionan las problemáticas que aquejan al país, sobre todo en materia de
violencia contra la prensa, creando instituciones y leyes si no existen dos
elementos fundamentales -que no tenemos-: capacidades [técnicas]
institucionales [para investigar los casos] y voluntad política [para
resolverlos]”.
Knapp señala que, asimismo, hace
falta trabajar en abatir la impunidad que reina en México. Al respecto,
mencionó que “en la medida en que se establezca una Fiscalía [General de la
República] realmente autónoma, con capacidades técnicas institucionales, podría
darse un paso importante para comenzar a reducir o abatir esta impunidad que
existe”. Empero, en la actualidad, la que será Fiscalía en 2018 -hoy
Procuraduría General de la República (PGR)- no tiene titular.
SANGRÍA
Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
En los últimos 64 años, al menos
289 periodistas han sido asesinados en situaciones que podrían estar ligadas
con su actividad periodística, de acuerdo con un recuento hecho por la Unidad
de Datos de SinEmbargo. Sólo en los últimos 17 años, durante los
gobiernos de Vicente Fox Quesada [2000-2006], Felipe Calderón Hinojosa
[2006-2012] y Enrique Peña Nieto [2012-2018], se cometieron 168 homicidios [el
58 por ciento del total].
Según estas cifras, en promedio,
en las últimas cinco décadas anteriores al 2000, hubo 2.6 informadores
asesinados por año. En cambio, en los últimos tres sexenios, el promedio es de
17 homicidios anuales. Esta situación se agrava si consideramos que, durante el
primer semestre de 2017, un periodista fue agredido cada 15.7 horas en nuestro
país, refieren datos de Artículo 19.
Mientras que en el primer
semestre de 2016 la organización civil registró 218 agresiones contra
periodistas, en el mismo periodo de 2017 asentó 276 casos. Esto representa un
aumento de 26.6 por ciento en un año. Aunado a ello, Artículo 19 encontró que,
en la mitad de los casos, un funcionario público fue el principal responsable
del agravio. Las intimidaciones, las amenazas y los ataques físicos y
materiales, fueron los exabruptos más comunes. También destacaron situaciones
de espionaje –como el caso “Pegasus” en junio de este año– y de acoso judicial
[demandas por perjurio].
Para Mora Velázquez de la UNAM,
el problema de las agresiones contra periodistas se inscribe en el marco de un
país donde “no está garantizado el Estado de derecho porque el sistema de
justicia es ineficiente”. Por ello, ulterior al actuar del Gobierno federal, es
menester la participación de la sociedad civil en el diseño de soluciones.
En cuestión de homicidios de
periodistas, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa es el más sangriento.
Durante su periodo, hubo al menos 83 asesinatos. Le siguen los gobiernos de
Enrique Peña Nieto [56]; Carlos Salinas de Gortari [38 entre 1988 y 1994];
Miguel de la Madrid Hurtado [34 entre 1982 y 1988]; Vicente Fox Quezada [29];
Ernesto Zedillo Ponce de León [20 entre 1994 y 2000]; José López Portillo y
Pacheco [15 entre 1976 y 1982]; los de Luis Echeverría Álvarez [1970-1976],
Adolfo López Mateos [1958-1964] y Adolfo Ruiz Cortines [1952-1958], cada uno
con al menos cuatro asesinatos registrados; y, finalmente, el de Gustavo Díaz
Ordaz [dos entre 1964 y 1970].
Por entidad federativa, el
recuento de la Unidad de Datos arrojó que, en los últimos 64 años,
Veracruz es el escenario más violento para la labor periodística con 37
homicidios registrados. Le siguen los estados de Tamaulipas [29]; Oaxaca [26];
Chihuahua [25]; Guerrero [24]; Sinaloa [22]; Ciudad de México [20]; Michoacán
[15]; Estado de México [13]; Baja California [10]; Jalisco y Morelos [nueve
cada uno]; Chiapas [siete]; Coahuila y Sonora [seis cada uno]; Durango, Puebla
y Tabasco [cinco cada uno]; Nuevo León [cuatro]; Baja California Sur, Hidalgo,
Quintana Roo y San Luis Potosí [dos cada uno]; Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y
Zacatecas [uno cada uno].
En los casos de Aguascalientes,
Campeche, Colima, Querétaro y Yucatán, no hubo registro de homicidios
directamente relacionados con la actividad periodística.
Asimismo, los hallazgos de SinEmbargo dan
cuenta de que, hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez [1970-1976], los
homicidios de periodistas no superaban los cuatro casos por periodo
presidencial. Es a partir del gobierno de José López Portillo y Pacheco
[1976-1982] que la incidencia de este delito se disparó. En seis años hubo 15
casos; 3.5 veces más que el promedio registrado en las cuatro administraciones
anteriores. Con de la Madrid, esta cantidad sería duplicada. De ahí en
adelante, el homicidio de periodistas se mantuvo en niveles altos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario