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El diputado Cèsar Cravioto y la
investigadora Elena Burns
afirman que la Ley de
Sustentabilidad Hídrica para la
Ciudad de México fue un traje a
la medida para la empresa
francesa Veolia y un
negocio
multimillonario para el Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera.
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** Veolia y Suez son empresas francesas expulsadas
del país donde nacieron por el mal uso de recursos. El primer año la ciudad de
París ahorro más de 8 millones de euros y bajó las tarifas a la población. Hay
235 ciudades en el mundo que cayeron en la privatización y ya tuvieron que dar
marcha atrás, en algunos casos con Suez y Veolia”, comentó la Doctora Elena
Burns
Por
Teresita López Zamudio
Ciudad de México, a 30 de Noviembre de
2017.- La recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de
México busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano
y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de la empresa francesa
Veolia, es la coincidencia a la que por separado llegaron la investigadora
Elena Burns, representante de la organización civil Agua Para Todos y el
coordinador de los diputados de Morena ante la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, César Cravioto.
Dos de los más serios opositores a la
nueva Planta de Termovalorización de la Ciudad de México y de la nueva Ley de
Sustentabilidad Hídrica para la Capital, concordaron en que la urgencia para
aprobar ambos procesos de ley oculta serios intereses económicos a costa de las
finanzas públicas de la ciudad e incluso del bienestar público de los capitalinos.
“No tienen ningún interés en ayudarle a
la gente, su interés está en dejar, antes de salir, negocios multimillonarios
por 30 años a costa de la economía, del medio ambiente y de la salud de los
capitalinos. Miguel Ángel Mancera quiere dejarnos el acto de corrupción más
grande en la historia de la ciudad”, aseguró el diputado Cravioto.
A decir de la también coordinadora de
Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Elena Burns, son los intereses de las grandes empresas las que
aceleraron la aprobación de la nueva ley de aguas, a fin de celebrar contratos
antes de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, el
año próximo.
“El principal objetivo de esta ley es
firmar concesiones a largo plazo para la gestión del agua a favor de intereses
privados, de modo que si el siguiente gobierno intenta cancelar los contratos,
este tendría que pagar una indemnización y las empresas beneficiarias podrían
acudir a los tribunales para defenderse y hacer valer los contratos”, señaló la
investigadora.
A decir de la investigadora, el riesgo
radica en que tanto Veolia como Suez, dos grandes pulpos internacionales en el
manejo de sistemas ambientales, mantienen un historial de quejas, abusos, altas
tarifas y mal desempeño, lo que ha provocado su expulsión de distintos países.
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