Linaloe R. Flores
(Presidente de México defiende su legado, camino a
elecciones. Video de AFP)
#DatosCerrados | Si la desmemoria se midiera, el Índice de
Expedientes Reservados –inaugurado en 2004- sería un buen indicador. Se trata
de los asuntos gubernamentales que las entidades públicas deciden poner bajo
resguardo para que no sean revelados ante los ciudadanos. El Presidente
Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil 136 expedientes
reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, cuando hayan pasado
seis años de que haya dejado Los Pinos. La reserva es un recurso permitido por
el marco jurídico de la transparencia. Cada vez, el cúmulo de asuntos en la
secrecía se incrementa. Vicente Fox Quesada concluyó con 3 millones 839 mil
asuntos, Felipe Calderón con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco
años 5.5 por ciento los secretos del Gobierno.
En mayo de 2015, al promulgar la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, EPN dijo: “la transparencia y la rendición
de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando
nuestra democracia”. Pero su Gobierno ha reservado 12.4 millones de
expedientes. Foto: Cuartoscuro
Apegado al marco jurídico de la Transparencia, el Gobierno de
Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus secretos no
sean revelados hasta dentro de una década o más.
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El pasado viernes 1 de
septiembre, el Jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la Unión su Quinto
Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de Cuentas al que lo
obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes
Reservados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que
conciernen al desempeño gubernamental.
Es la mayor cifra de información bajo reserva desde 2004, año
en que el Índice fue creado. Felipe Calderón Hinojosa, postulado por el Partido
Acción Nacional y quien inició a los diez días de Gobierno una guerra en contra
del crimen organizado, cerró con ocho millones de expedientes reservados. A esa
cifra, en 2015, Enrique Peña Nieto le había sumado otros cuatro millones 120
mil 71 asuntos. Hoy, en la coyuntura del inicio de su sexto año de Gobierno, la
administración de Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil expedientes.
Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de 4 millones 406
mil 136.
Es decir, el Gobierno de Peña Nieto ha hecho crecer la
reserva de información en 55 por ciento.
“Los mexicanos tienen derecho a saber cómo y en qué se
invierten los recursos públicos; qué hacen las autoridades y cuáles son sus
resultados”, expresó Enrique Peña Nieto al promulgar la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual desde mayo de 2015
obliga a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos a
transparentar toda la información que genere.
Esta Ley se agregó a la pasada Ley Federal de Transparencia,
promulgada por Vicente Fox Quesada en 2001.
Así, quienes quieran conocer cuál fue el diagnóstico sobre la
guerra en contra del narcotráfico que Felipe Calderón le entregó a Enrique Peña
Nieto deberá armarse de paciencia y esperar hasta 2024. Hasta ese año están
reservados todos los papeles que conciernen al estado en que estaba el país y
que Calderón le dio a su sucesor en una carpeta que tenía el título “Panorama
Nacional”.
En plena crisis del espionaje gubernamental, si alguien
aspira a saber la verdad histórica de las compras de software por
parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional [CISEN] tendrá que
esperar una década. Ese órgano de inteligencia reservó hasta 2027 los contratos
CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con los que adquirió “Galileo” de la empresa The
Hacking team, un spyware.
Tampoco puede conocerse el estado de salud de Enrique Peña
Nieto. El Presidente se encargó de clasificar su expediente clínico como
confidencial.
Y para esclarecer por qué el 2 de septiembre de 2014, cuando
el Primer Mandatario rindió su Segundo Informe, el Zócalo se convirtió en
estacionamiento de camionetas Suburban, habrá que esperar un poco más. El
Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva los nombres de los funcionarios que
lo permitieron hasta 2027.
A un año de que su Gobierno concluya, pocos reconocen aquella
imagen carismática y empática en la persona del Presidente, como se presentó en
la campaña electoral. Entonces, ¿qué asesoría ha recibido? Los ciudadanos
mexicanos no podrán conocer el contenido de este servicio porque apenas
iniciada la Presidencia, el 1 de julio de 2013, el Jefe del Ejecutivo ordenó
poner bajo reserva esta información. Cualquier dato que se desprenda de los
contratos celebrados con agencias de publicidad quedaron reservados hasta el 1
de julio de 2018.
También están bajo una reserva que caducará en 2018, todas
los resultados de las encuestas que ha mandado a hacer el Presidente Enrique
Peña Nieto sobre su aprobación entre los ciudadanos.
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En 2004, gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer hombre no
priista en ocupar Los Pinos. Habían transcurrido apenas tres años de la
promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información y de la creación del INAI (en ese tiempo IFAI). Ese año México
tenía 1.5 millones de expedientes reservados. Dos años después, Fox Quesada
concluyó su sexenio con 3 millones 839 mil.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa –también postulado por el
PAN- se convirtió en Presidente de México. Tenía apenas diez días en el
Gobierno cuando le declaró la guerra a los cárteles del crimen organizado. Una
crisis de derechos humanos que no ha concluido se desató en el territorio
mexicano con por lo menos 164 mil víctimas mortales, unos 30 mil desaparecidos
y cientos de desplazados [casi todos los conteos coinciden en estos números,
pero aún no hay datos certeros].
Para 2008, el entonces Presidente Calderón tenía cinco
millones 935 mil 808 expedientes reservados. Entre ellos, los motivos de este
combate y la forma en que se contaban los homicidios dolosos. Pero no fue este
periodo el que causó más expedientes reservados. Ese ha sido el de la presente
administración federal.
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