Enfocar los
esfuerzos para la aplicación de una profunda auditoría a la secretaría de
Hacienda en Chiapas, sin duda, será una decisión acertada. Ahí es donde se han
maquilado, orquestado y ejecutado los múltiples casos de corrupción hoy
documentados con los 90 expedientes expuestos por Guillermo Santiago, y otros
tantos más que permanecen en completa impunidad. Y para argumentar lo dicho
basta recapitular tan sólo un poco.
La
desaparición de fondos federales etiquetados, la eliminación de dependencias
con todo y las plantillas de personal, el adeudo de salarios a trabajadores
estatales y/o proveedores gubernamentales, la falta de insumos en hospitales y
escuelas, y, ahora, el evidente desvío de recursos a los fondos destinados al
pago de prestaciones laborales dentro del sector salud, son muestras claras de
las irregularidades cometidas por los encargados de administrar estos recursos.
Y los
ejemplos ampliamente conocidos en Chiapas sobran. Ahí están casos como el del
injustificado recorte laboral masivo del mes de enero o las protestas de
empresarios proveedores que apenas fueron liberados este fin de semana, tras
más de dos meses de haber sido encarcelados por exigir el pago de los adeudos.
Y qué decir de las protestas encabezadas por personal de secundarias técnicas,
beneficiarios de programas sociales como Habitat o decenas de hospitales y
escuelas, entre otros, para las que simplemente “no hay dinero”.
A lo
anterior se suman las nuevas observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) que detectó durante el ejercicio 2015 irregularidades en el
manejo y destino del presupuesto federal asignado a Chiapas por más de 2 mil
934.6 millones de pesos. Es la tercera entidad del país con más observaciones
por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a la
detección de millonarios recursos a los cuales simplemente no se les ha podido
comprobar su uso.
Aunque con
efectos sobre diferentes rubros, las decisiones siempre han provenido del mismo
brazo ejecutor: la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, a cargo de
Juana María de Coss León hasta 2016; y Humberto Pedrero Moreno de ese año a la
fecha. Ha sido los encargados de hacer efectivas las decisiones financieras de
Manuel Velasco y sus asesores. Determinaciones que han convertido a las
dependencias en organismos de simples apariencias.
Pero el
cúmulo de irregularidades cometidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de
Chiapas, bajo responsabilidad de Humberto Pedrero Moreno, finalmente se vio
coronada el pasado mes de mayo con el incumplimiento a la sentencia emitida por
el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que ordenó la entrega de
recursos para el pago de prerrogativas a los partidos políticos locales, por un
monto superior a los 65 millones de pesos.
Por eso no
sorprende la impunidad con la que hoy vive Juana María de Coss y la inmunidad
prácticamente inquebrantable de Humberto Pedrero, pese a los graves
señalamientos de la ASF que tiene a Chiapas como el estado más auditado del
2017 y una de las entidades con mayores irregularidades detectadas de 2012 a la
fecha. Nada ha sido suficiente para aplicar cambios de fondo. Al contrario, se
ha reprimido a quien ha intentado confrontar las titularidades de la
dependencia.
A Humberto
Pedrero se le deben de manera directa casos de gravedad como el incumplimiento
a proveedores, el desvío de recursos del sector salud, las irregularidades
señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la pésima
administración de la deuda pública estatal incrementada durante los últimos
años, entre otros asuntos más, que desde hace mucho tiempo le hubieran
significado su destitución de la dependencia. Sin embargo, por razones
inexplicables o lógicas, eso aquí simplemente no ha sucedido… así las cosas.
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