Por:
Gonzalo Egremy
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| FOTO: RAFAEL VICTORIO |
CORRUPCIÓN EN OBRA PÚBLICA
+Contrariamente a la Cámara de la
Industria de la Construcción, la AMIC solicita reformas a la Ley en la materia
para benefició a empresa locales.
+Diputado, Enrique Zamora toma protesta
a delegación Soconusco de Asociación que agrupa a toda la cadena productiva de
la construcción.
.-La Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, que agrupa a colegios de
ingenieros civiles, tiene, bienes en el país, de 4 mil millones de pesos.
El cambio de
estatutos, sin consenso de agremiados de varias entidades de la república, de
esa Cámara, hicieron que algunos dirigentes crearan una especie de cacicazgo
con la obtención en la obra en el país.
Por lo anterior
nació la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, con presencia
en todo el país, dirigida por un reconocido líder, Francisco Gallo Palmer, cuya
familia (su esposa) es oriunda de Metapa.
En plática con
periodistas, y en presencia del Diputado Federal, Enrique Zamora Morlet, quien
por cierto, le tomó la protesta a la dirigencia de la AMIC Costa-Soconusco, se
explayó en lo solicitado al Senado de la República.
Antes comentó: “En
el otorgamiento de la obra pública en los tres órdenes de gobierno existe una
seria opacidad y en muchos casos, sin proyectos y contratos que ponen en riesgo
en patrimonio de los constructores”.
Dijo que de los
32 estados del país, solamente Tlaxcala y Querétaro, no tienen adeudos con los
empresarios de la construcción, ante lo cual planteó la necesidad de legislar
en la materia para evitar que las obras se den por compadrazgos, negocios o
para pagar deudas de campañas.
Para lo
anterior, agregó, ya presentaron una propuesta ante el Senado de la República
para la modificación de la Ley de Obras Públicas “y se respete lo que marca la
Constitución de que éstas se otorguen mediante licitaciones públicas y no como
ahora con las modalidades de contratación directa, invitación restringida y por
administración”.
Consideró que
esto propicia la corrupción en la materia y que en solamente seis años el
padrón de empresas dedicadas a la construcción hayan pasado de 20 mil a 40 mil
en todo el país, tanto que “hasta los legisladores crean las suyas para hacer
obras en sus distritos al contar con 20 millones de pesos anuales y nadie les
da seguimiento, es decir, no son auditadas”.
Planteó la
necesidad de que comités ciudadanos participen en las licitaciones y fallos de
la obra pública tanto a nivel federal, estatal como municipal para dar una
mayor transparencia.
Lo mismo pasó en
las administraciones de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, en
las que “se hicieron las obras con el dinero de las constructoras y ahora no
pueden cobrar”, insistió.
Por otra parte,
en relación a las Zonas Económicas Especiales autorizadas en los estados del
Sur-Sureste del país, se ha definido un presupuesto de 94 mil millones de pesos
para invertirlos en proyectos de logística, transportes, energía eléctrica,
hidráulica y otras, aunque éstas se las pretenden otorgar a empresas grandes,
dejando de lado a las locales.
Ante la
presencia también del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur
de la Cámara de Diputados, Enrique Zamora Morlet, consideró que los
legisladores deberán impulsar que los incentivos que se otorguen no solamente
vayan dirigidos a las nuevas empresas que se asienten en esos espacios, sino
también a las locales e incluso abrir canales de financiamiento para
fortalecerlas, caso contrario no les permitirá competir.
Precisó que lo
mismo está pasando con un plan del gobierno federal para 180 megaproyectos de
infraestructura que pretende una inversión de 250 mil millones de pesos, pero
éstas serán mediante el sistema de Asociación Pública Privada (APP) y en ellas
solamente podrán participar grandes empresas nacionales como extranjeras, lo
que vendrá a dejar sin oportunidades a las pequeñas y medianas constructoras
que es el 97 por ciento de las del país”, como se ve, está “cañón”, ¿no cree
usted?
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