•Alerta sobre la volatilidad
en análisis al programa educativo
Roberto Gaduño
Periódico La Jornada
Domingo 19 de febrero de 2017.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en la
revisión de la cuenta pública 2015, que el programa Escuelas al Cien sí
constituye una obligación financiera y pasivo a largo plazo para las entidades
del país. Y de persistir la volatilidad, los entes públicos que adquirieron los
certificados bursátiles de ese programa deberán asumir una pérdida en la
inversión.
Escuelas al Cien, el programa estrella de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), fue revisado por el ente fiscalizador. Refiere que el
argumento jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
sustenta en la idea de que el financiamiento a través de los Certificados de
Infraestructura Educativa Nacional (Cien) no constituye deuda pública.
“Sin embargo, para las entidades federativas el programa
implica ejercer en los tres años siguientes, de forma anticipada, 25 por ciento
de los recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples y
restringir durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para
infraestructura educativa.
En consecuencia, representa una obligación financiera y un
pasivo de largo plazo que se deberá revelar en los presupuestos de egresos de
los siguientes ejercicios fiscales, por lo que es preciso solicitar al Consejo
Nacional de Armonización Contable que reitere, mediante un exhorto a las
entidades federativas, cumplir con las obligaciones de registro y revelación
del programa Escuelas al Cien en sus cuentas públicas.
Obligación y pasivo
La ASF, a cargo del contador Juan Manuel Portal, confirma que
los instrumentos financieros de los Cien representan una obligación y un pasivo
de largo plazo para las entidades federativas que restringirá en el futuro sus
finanzas públicas.
Para dar viabilidad a ese programa se requiere evaluar el
financiamiento mediante los Cien a partir de 2017, ya que las condiciones de
los mercados difieren significativamente de las que prevalecían cuando se
diseñó el programa.
Esta situación es relevante para los entes públicos y para la
banca de desarrollo, tenedores de los Cien, los cuales tienen que cumplir con
la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales. De
persistir la volatilidad financiera, los entes públicos que adquirieron los
certificados bursátiles del Programa Escuelas al Cien deberán asumir una
pérdida en la inversión realizada, lo que significa un costo que se deberá
reflejar en su balance financiero y, de manera consolidada, en los estados
financieros del gobierno federal.
Alternativa óptima
Con tal evidencia la auditoría recomienda realizar un
análisis costo-beneficio de los mecanismos de potenciación, en el contexto
agregado de las finanzas públicas, con el objetivo de determinar la alternativa
óptima que demuestre que el beneficio a corto plazo es mayor que su costo a
largo plazo, en comparación con otras opciones de gasto público y de
financiamiento.
Es necesario que los diferentes esquemas e instrumentos
financieros que se utilicen como opción para la inversión en infraestructura
tengan un marco institucional bien definido en cuanto a su normativa,
características de los convenios de coordinación y colaboración, la
fundamentación y motivación; los criterios y regulación operativa que incluyan
los parámetros que determinen la viabilidad financiera del mecanismo que se
utilizará, los vehículos de financiamiento por emplear; la revelación de
información contable, financiera, presupuestaria y programática; la evaluación
de los avances y resultados; así como una administración de riesgos y de los
pasivos contingentes, en términos de las disposiciones aplicables y de las
mejores prácticas.
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