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| Lozoya y Gamboa durante un encuentro en enero pasado. Foto: Germán Canseco |
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras
en Brasil se le acusa de recibir cinco millones de dólares de soborno, en
nuestro país la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados exoneró
de juicio político al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el
argumento de que venció el plazo legal para hacerle rendir cuentas.
En el dictamen, que será sometido a
consideración de esa instancia en la próxima reunión y el cual elaboró la
presidencia encabezada por los priistas Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra
Hinojosa, se establece:
“El denunciado no puede ser objeto
de juicio político en razón de que el procedimiento de juicio político sólo
puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después… por lo que nos encontramos fuera del periodo
antes señalado, toda vez que es de conocimiento público que el denunciado
concluyó su encargo el 8 de febrero de 2016”.
La solicitud de juicio político se
presentó el 1 de marzo de ese mismo año por la diputada y coordinadora de
Morena, Rocío Nahle, quien hoy denunció que los presidentes de la Subcomisión
de Examen Previo dejaron pasar el tiempo –“con toda alevosía”– para luego poder
argumentar la imposibilidad legal para analizar la solicitud.
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| La negativa al juicio político contra Lozoya. |
La Subcomisión la integran 14
legisladores, de los que seis son del PRI, uno del PVEM, tres del PAN, dos del
PRD, uno de Morena y uno de MC. Por el PRD, el secretario Rafael Hernández
Soriano recurrió a los tribunales ante el rechazo de los presidentes de la
subcomisión de sesionar.
Finalmente, un juez ordenó a la
Cámara de Diputados sesionar, sin embargo, en el caso de Lozoya Austin el plazo
ya feneció para que sea juzgado, según lo establece el 14 constitucional y el
noveno de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Subcomisión fue integrada hace
un año, el 21 de abril de 2016.
En la solicitud de juicio político,
la coordinadora de Morena presentó como pruebas las grabaciones del 31 de marzo
de 2015, en donde se evidencian arreglos políticos con el exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya, y acercamientos con el entonces director de la CFE, el hoy
dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para que la empresa española
OHL resultara beneficiada con licitaciones.
Apenas la semana pasada fue
detenido uno de sus directivos en España por participar presuntamente en
sobornos y obtener licitaciones a su favor.
Nahle también presentó como pruebas
las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) hizo a Pemex y donde encontró no sólo irregularidades en
ciertas licitaciones, sino además responsabilidades administrativas por la
muerte de varios trabajadores a causa de diversos accidentes en instalaciones
de Pemex desde el arribo de Lozoya Austin a la dirección de la ahora empresa
productiva del Estado.
La legisladora no incluyó los
resultados de la cuenta pública de 2015 de la ASF, donde se establecen
responsabilidades al extitular de Pemex por haber utilizado helicópteros y
aviones oficiales para viajes de placer.
Sin embargo, nada de esto podrá ser
motivo para juzgar al exdirector de Pemex, debido a que ya feneció el tiempo
legal para hacerlo. En el dictamen de la Subcomisión se observa la fecha “abril
2017”, pero no el día.
Así, mientras en Brasil se sigue el
juicio por soborno contra Marcelo Odebrecht, propietario de la empresa que
lleva su apellido y donde apenas el martes 4 uno de sus funcionarios reveló la
entrega de 5 millones de dólares a Lozoya Austin para obtener licitaciones en
Pemex, en México se sepulta la posibilidad de someterlo a juicio político.
Según reportes, Odebrech recibió de
Lozoya Austin al menos unas cinco licitaciones.
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