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jueves, 30 de marzo de 2017

FILO Y SOFIA

Mary Jose Díaz Flores
Un fenómeno social que ha cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos es el de los bloqueos carreteros, cualquiera con unas piedras o un trozo de madera con clavos decide tomar las vías federales y establece cuotas económicas que van desde os 100 hasta los 500 pesos dependiendo del tipo de transporte, lo anterior ante la falta de aplicación de las leyes vigentes para garantizar el libre tránsito, pero también ante la incapacidad de los alcaldes para resolver problemas que son locales y que se relacionan con apoyos productivos, con garantías de seguridad, con movimientos de resistencia  y sobre todo con  el hartazgo por las acciones del gobierno federal y estatal que va en detrimento del nivel de vida de los ciudadanos, el cual contrasta precisamente con muchos de los integrantes de los  poderes de todos los niveles de gobierno que tienen altísimos ingresos y en muchos de los casos se presume se hacen de dinero mediante actos de corrupción en la total impunidad porque los casos de políticos imputados por enriquecimiento ilícito se cuentan con los dedos,  son pocos los que van a la cárcel por corrupción y en pocos meses salen libres argumentando ser presos políticos.
El lunes la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) restableció el libre tránsito en carreteras de la zona Altos Tsotsil Tseltal, Maya y Selva Lancandona de Chiapas, al desalojar los bloqueos por pobladores de Chenalhó, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS), lo cual fue bien visto por los chiapanecos que transitan estas carreteras y que son amagados con los bloqueos, pero insistimos se debería sancionar también a alcaldes, delegados y subsecretarios de gobierno que no cumplan con su trabajo y no resuelvan a tiempo problemas que terminan estallando en bloqueos carreteros, marchas o plantones en la capital del estado a fin de obligar a todos a cumplir con sus funciones, a desquitar el sueldo y a ser verdaderos representantes populares. Por lo pronto es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría de Justicia del Estado, junto con la Secretaría de gobierno, los que están dando respuestas a la demanda colectiva de no permitir que se siga violando el estado de derecho.
En este sentido el titular de la política interna de Chiapas, Advirtió que se seguirá actuando conforme a la Ley para evitar que se lesione la integridad de las personas o el libre tránsito de los ciudadanos; es decir que seguirán los desbloqueos, esperemos que esto no sea momentáneo y por la época vacacional que esta medida se aplique con severidad a todas las zonas de Chiapas, donde los habitantes les ha dado por juntar grupos de 10 a 12 personas e instalan bloqueos pidiendo dinero. Estos grupos caben en un solo viaje de una camioneta de policías de tal forma que esperamos que las autoridades se mantengan firmes y no permitan que las actividades económicas, comerciales y turísticas se vean dañadas por grupos minoritarios. En tanto, que  los Presidentes Municipales también se les debe apretar la cuerda para que hagan su labor y en lugar de preocuparse por enriquecerse de manera descarada, hacer campaña anticipada para reelegirse o querer ser diputados, primero resuelvan las inconformidades de los municipios que gobiernan que finalmente si hacen bien las cosas, entonces el pueblo solo votarán por ellos, de lo contrario que se atengan al rechazo, por corruptos flojos y deshonestos.
CON FILO
Los trámites para adquirir las concesiones de taxi que realizó el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza en Nuevo León, se llevaron a cabo entre particulares, con estricto apego a la ley, entre octubre de 2006 y febrero de 2007, da a conocer el político en una carta donde también aclara que en ese entonces la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable vigente, no establecía ningún requisito de residencia y deja claro que la actual administración gubernamental solo busca desprestigiarlo…///La Secretaría de salud justifica el despido de trabajadores, señalando que esta determinación está fundamentada en la Ley Federal del Trabajo, pues los nueve trabajadores del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, incurrieron en un conjunto de irregularidades relacionadas con la disciplina del nosocomio, debido a que incurrieron en conductas violentas, malos tratamientos e injurias, que tuvieron como consecuencia la alteración de la disciplina del Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”. Los trabajadores a quienes se les rescindió justificadamente la relación laboral, en días pasados permitieron de manera indebida el acceso a personas ajenas al hospital, sin justificación alguna y sin el permiso del director del nosocomio, a áreas restringidas del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez como son el servicio de urgencias, ginecología y la unidad de cuidados intensivos neonatales, con lo que pusieron en riesgo la integridad física y la salud, y violentaron la garantía individual del derecho a la intimidad  de los pacientes que se encontraban internados y en espera de la atención médica, fundamentado en los artículos 6 y 16 de la Constitución Mexicana. Finalmente la Secretaría de Salud de Chiapas reitera a la base trabajadora que respeta su derecho a la libre manifestación y que de ninguna manera existe represión a la misma, por el contrario, la dependencia privilegia la política del diálogo para atender las inquietudes a través de las vías pertinentes, que son las representaciones sindicales; todo esto, con el único propósito de no afectar a la población que día con día requiere la atención en las unidades de salud, pero advierte que  no se permitirán conductas que trasgredan y pongan en riesgo la salud de los chiapanecos que acuden por asistencia médica a los hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud del estado. De esta manera, desvirtúa que fueron despedidos por exigir sus derechos laborales, aunque siempre habrá una interrogante en el caso.

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