La creación de la Gendarmería
Nacional se retrasó un año y medio después de que el Presidente Enrique Peña
Nieto la anunciara al tomar posesión el 1 de diciembre de 2012. El 22 de agosto
de 2014, el Primer Mandatario condujo la ceremonia de abanderamiento. “Con
esta línea de acción, la Gendarmería contribuirá a conocer y desarticular
aquellas organizaciones delincuenciales que minan la actividad económicas, en
un territorio determinado, a través de ilícitos como el robo, la extorsión o el
secuestro”. Sin embargo, y de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de
2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, este cuerpo policiaco
reportó cero por ciento de avance en sus objetivos de disuasión del delito.
Ciudad de México, 20 de
febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró
justificación al gasto de 2 mil 842.4 millones de pesos ejercidos en 2015 por
la División de Gendarmería de la Policía Federal.
De acuerdo con la revisión de la
cuenta pública de ese año, la División de la Gendarmería anunciada desde 2013
logró en 2015 “un cero por ciento” de avance en sus metas para realizar
operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al
acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.
La información de estos 75
operativos, además, fue tan deficientemente registrada que, de acuerdo con la
ASF, no fue posible advertir si dieron o no resultados porque “no se definieron
mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.
Otra problemática detectada fue el
registro de acciones “tácticas” por parte de la Gendarmería, que en su informe
anual de actividades registró 76 mil 566 intervenciones de este tipo “sin que acreditara
documentalmente este dato ni los resultados logrados, lo que implica que
prevalece la carencia de recursos técnicos y tecnológicos para la planeación y
logística de la gendarmería”.
Creada en este sexenio como
alternativa a la estrategia de militarización que caracterizó el sexenio del
panista Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012, la Gendarmería tampoco ha
mostrado elementos para determinar su efectividad en el combate a la
delincuencia.
“Respecto de la reducción de la
incidencia delictiva, se constató que durante 2014-2015 los delitos de alto
impacto denunciados presentaron una disminución del 9.3 por ciento, al pasar de
225 mil 831 a 206 mil 644 respectivamente; sin embargo, se evidenció que ésta
no fue atribuible al despliegue operativo de la DIVGEN, ya que se demostró que
el número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o
aumentó invariablemente con o sin la participación de la gendarmería, aunado a
que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni el análisis
criminológico y sociodemográfico que le permitiera priorizar su actuación, ni
diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances en lo referente a la
transformación institucional y el fortalecimiento de su presencia en las zonas
en que operó”, dice el dictamen.
“Como resultado de la
fiscalización, en 2016, la gendarmería inició el desarrollo de un modelo que
permitirá focalizar las zonas que requieren su intervención, el cual prevé
implementar en junio de 2017, y está elaborando dos propuestas de herramientas
para evaluar la contribución de sus acciones en la disminución de los delitos
de alto impacto en las zonas en que opere”, agrega.
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“COMO SE DENOMINE ES LO DE MENOS”
En 2012, la estrategia en contra
del llamado crimen organizado estaba bajo la lupa porque el Ejército permanecía
en las calles; pero la violencia no cesaba. Por el contrario, tomaba otras
formas desconocidas hasta ese momento. En las carreteras y en las avenidas
principales de las ciudades aparecían cadáveres colgados de puentes o cuerpos
quemados en ácido. Los grupos criminales tenían aterrorizados a pueblos enteros
y las policías locales dejaban entrever corrupción en sus organizaciones.
La agencia Reuter, planteó un
análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo, cuestionó al entonces
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre lo que haría. Él
era el puntero y se deseaba una posición respecto al problema que más
preocupaba a los votantes. Estas fueron las palabras del entonces suspirante:
“Yo estoy proponiendo la creación de una… como se denomine es lo de menos, pero
partamos de la idea que sea una Gendarmería nacional, precisamente con el apoyo
de los militares que prestan esta laboral de seguridad pública”.
Peña Nieto candidato abundó aquella
vez que el objetivo de la creación de otro cuerpo policiaco era disminuir los
homicidios, los secuestros, las extorsiones y la trata de personas, formas
delincuenciales que habían azotado a la población mexicana durante los cinco
años anteriores.
Una vez ganador de las elecciones
de 2012, Peña Nieto anunció en seis puntos una nueva estrategia contra el
crimen organizado en la II Sesión extraordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública. Entre esos puntos, estaba la incorporación de 10 mil
elementos a la nueva Gendarmería nacional. En esa ocasión, este fue su
discurso: “Como un cuerpo de apoyo al control territorial que permita reforzar
la atención a zonas con alta presencia de grupos de la delincuencia organizada
[que] se extenderá gradualmente sus funciones a la vigilancia de instalaciones
estratégicas, aeropuertos y puntos fronterizos prioritarios”, estableció el
análisis realizado por la periodista Linaloe R. Flores.
Después de eso, el Presidente habló
muy poco de Seguridad y los fenómenos “guerra” y “violencia”. Una fuente del
equipo de Comunicación Social de Los Pinos expuso a la Unidad de Datos de este
medio digital que el discurso del Jefe del Ejecutivo se adelgazó en lo que se
refería al combate al crimen y se quitaron palabras como “violencia”,
“ejecución” o “guerra” dada la zozobra que causaban en la población.
En la estrategia de Seguridad, la
creación de la Gendarmería se retrasó un año y medio. El 22 de agosto de 2014,
el Presidente condujo la ceremonia de abanderamiento. “Con esta línea de
acción, la Gendarmería contribuirá a conocer y desarticular aquellas
organizaciones delincuenciales que minan la actividad económicas, en un
territorio determinado, a través de ilícitos como el robo, la extorsión o el
secuestro”.
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DEFICIENCIAS EN OPERATIVOS
El reporte que recientemente
entregó la ASF narra precisamente cómo la Gendarmería fue una respuesta de la
actual administración pública federal encabezada por el Presidente Enrique Peña
Nieto a la alta incidencia delictiva iniciada desde el sexenio anterior.
“En este entorno delictivo que
atentó contra la paz pública, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública mostraron el limitado alcance de la política de
seguridad pública que se implementó durante el periodo 2007-2012, ya que la
comisión de ilícitos mostró una tendencia ascendente al pasar de 1 millón 587
mil 30 delitos del fuero común registrados en 2007 a 1 millón 704 mil 915 en
2012”, dice.
“Por lo anterior, en los documentos
normativos de mediano plazo 2013-2018, el Ejecutivo Federal privilegió la
prevención del delito y orientó sus acciones, entre otros aspectos, a reducir
los factores de riesgo que ocasionan la comisión de los delitos mediante la
reorganización de la Policía Federal y la profesionalización de los elementos
policiales (…), por lo que en diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México,
en el cual se estableció el compromiso presidencial número 76, relativo a
ofrecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana y de operación policial para
asegurar el control del Estado mexicano en las zonas de mayor debilidad
institucional”, agrega.
Luego, en la II Sesión
Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2013, el Presidente
instruyó el inicio de los trabajos para conformar a la Gendarmería Nacional, “a
fin de hacer frente al acelerado crecimiento de los índices delictivos y a las
nuevas demandas ciudadanas, al tiempo que se realizaron diversas reformas en la
Administración Pública Federal, lo que implicó la extinción de la Secretaría de
Seguridad Pública en 2013, cuyas funciones fueron conferidas a la Secretaría de
Gobernación”.
También, recuerda la ASF en los
antecedentes, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, instruyó a la
Policía Federal (PF) a participar en análisis y la planeación de la integración
de la Gendarmería Nacional, así como en el reclutamiento, selección, evaluación
y formación inicial de los futuros integrantes de ésta que es la séptima
división de la PF.
Como resultado, continúa la ASF, en
septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó
el registro de un programa presupuestario exclusivo para la operación de la
División de Gendarmería (DIVGEN), con una transferencia de mil 500 millones de
pesos destinados a la capacitación y a la adquisición de armamento y equipo.
En diciembre siguiente, se publicó
el Presupuesto de Egresos de la Federación, que le asignó 4 mil 500 millones de
de pesos a esta la división y, en agosto de 2014, se publicó en el “Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Policía
Federal” que facultó a la nueva división para la realización de operativos y
acciones tácticas “a fin de generar condiciones de seguridad pública ante la
presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo”.
La PF identificó que la
problemática que atendería la Gendarmería –para la cual se creó en 2015 el
Programa Presupuestario E017, con 2 mil 842.2 millones de pesos– era la
débil coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las instituciones de
seguridad para la prevención del delito, la falta de capacitación y
profesionalización de los agentes, la carencia de recursos técnicos y
tecnológicos para la planeación y logística de la prevención e
investigación de los delitos, la presencia de la delincuencia organizada y el
alto índice delictivo.
“El objetivo del programa E017 se
orientó a implementar operativos de disuasión y de prevención del delito, por
lo que dirigió sus acciones a la profesionalización y el despliegue de sus
integrantes, a fin de disminuir la incidencia delictiva de los delitos de alto
impacto en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas y rutas en
las que se encuentren desplegados sus elementos policiales”, dice la ASF.
El resultado, sin embargo, fueron
sólo los 75 operativos realizados en combinación con instituciones de seguridad
de 16 entidades federativas y cuyas “deficiencias” no permitieron determinar su
contribución en la reducción de los ilícitos.
“Implementó 75 operativos sin
disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad ni del Calendario
Anual de Operaciones y tampoco justificó el cumplimiento de los tres supuestos
bajo los cuales desplegó sus operativos, por lo que realizó acciones de manera
inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, dice el
dictamen.
“En consecuencia, las deficiencias
referidas impidieron el fortalecimiento de la presencia de la División de
Gendarmería en las zonas que registraron mayores índices delictivos de alto
impacto”, agrega.
La ASF también advierte que los 75
operativos realizados en 2015 por la Gendarmería beneficiaron 16 estados de la
República y que únicamente destinó 21 acciones (o el 28 por ciento) a las
entidades con mayor problemática delincuencial; otras 24 se concentraron en el
estado de Guerrero (el 32.0 por ciento), mientras que otras 30 (el 40 por
ciento restante) correspondió a estados con menor número de delitos reportados.
En ningún caso, sin embargo, dice
la ASF, fue posible identificar resultados, ya que si bien en el 50 por ciento
de los estados con presencia de la Gendarmería hubo disminución en las
denuncias, en el resto hubo aumentos.
“Lo anterior implicó que la
disminución en la incidencia delictiva de alto impacto no fue atribuible a la
intervención de la División de Gendarmería; en razón de que, se evidenció que
con su participación o sin ella, el número de delitos descendió o aumentó
invariablemente”, plantea la ASF.
“Asimismo, se observó que la
reducción de la incidencia delictiva de alto impacto en el ámbito nacional
entre 2014 y 2015 fue de 9.3 por ciento al pasar de 225 mil 831 a 206 mil 644
respectivamente, sin que esta disminución sea totalmente imputable a las
acciones de la DIVGEN, lo que limitó determinar con certeza en qué medida
generó condiciones de seguridad, el avance en la atención del problema público
que justificó la implementación del programa presupuestario E017 y la atención
del objetivo superior relativo a reducir la incidencia de los delitos con mayor
impacto en la población”, agrega.
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