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| © Genna Martin Protesta en el aeropuerto de Seattle este sábado. |
Cristina F. Pereda
Mientras la Casa Blanca minimizaba
el impacto, varios congresistas demócratas se desplazaron hasta los aeropuertos
donde aún permanecen detenidos varios extranjeros a pesar de tener permiso para
entrar en el país. El representante demócrata Don Beyer denunció la
"crisis constitucional" provocada por la orden de Trump ya que los
agentes fronterizos han negado el acceso de los abogados a sus clientes,
detenidos a pesar de la orden judicial a su favor. Los legisladores acusan a
los agentes de desacatar una sentencia legal, lo que tendría implicaciones graves.
Las críticas al veto de Trump han llegado a su propio partido. En un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor a que el veto "ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad". Los dos legisladores afirman que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase apenas con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, a pesar de que todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.
Las críticas al veto de Trump han llegado a su propio partido. En un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor a que el veto "ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad". Los dos legisladores afirman que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase apenas con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, a pesar de que todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.
Los fiscales generales de 16
estados emitieron este domingo una declaración conjunta en la que condenan el
decreto presidencial. "Como jefes de los funcionarios legales de más de
130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados,
condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del
presidente Trump", afirman los fiscales, entre los que se cuentan los de
California, Nueva York o Pensilvania.
En video: El pago del muro, la
manzana de la discordia entre Trump y Peña Nieto
La Casa Blanca se defiende
El jefe de Gabinete del presidente, Rience Priebus, declaró este domingo que el Gobierno
no descarta “llevar aún más lejos” la medida aprobada este viernes contra la
inmigración y que la lista de siete países puede verse ampliada “a su debido
tiempo”. Preguntado por el periodista de NBC acerca de los detalles de la orden
ejecutiva, Priebus añadió después que el veto no afecta a quienes ya poseen un
permiso de residencia legal en EE UU, conocido como Green Card. Sin
embargo, después añadió que esas personas serán sometidas a “un mayor
escrutinio” y que la veintena de afectados que aún están detenidos “podrán
salir al exterior en pocas horas mientras no se demuestre que son mala
gente".
Pese a que Priebus habló de una
veintena de afectados, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se
negó la entrada a 109 personas que viajaban a EE UU cuando entró en vigor la
orden y otras 173 fueron retenidas antes de embarcar el vuelo. El decreto
sorprendió a muchos residentes legales que, a pesar de llevar décadas viviendo
legalmente en EE UU, se encontraban en su país de origen y desconocen si podrán
entrar nuevamente.
“Si eres un ciudadano estadounidense
que no para de ir y venir de Libia, podrías acabar siendo objeto de aún más
interrogatorios", declaró el jefe de Gabinete en NBC, aunque no terminó de
explicar cómo afectará la restricción a los poseedores de una Green Card.
“Es una medida a discreción de las autoridades aduaneras. No digo que esté en
la orden, pero la autoridad aduanera tiene la capacidad de realizar preguntas a
esta gente”.
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| Trump vs. Trump: las contradicciones de un presidente |
Los afectados por la orden
ejecutiva de Trump
Los ciudadanos de siete países de
mayoría musulmana (Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen) no podrán
entrar en EE UU durante 90 días desde la firma de la orden, el 27 de enero
Residentes legales en EE UU que
hayan nacido en uno de esos siete países deben dirigirse al consulado
estadounidense para ser sometidos al “veto extremo” impuesto por Trump. Los
funcionarios de la Embajada decidirán si pueden viajar analizando “caso por
caso”
Los refugiados sirios tienen
prohibida la entrada en EE UU de manera indefinida
Los refugiados de otros países
están vetados durante 120 días desde la entrada en vigor de la orden
La sentencia judicial
Este sábado, el dictamen de una
juez federal en Nueva York añadió aún más confusión al caos provocado en
aeropuertos de todo el país. En el extranjero, el decreto de Trump llevó a
muchas aerolíneas a impedir que embarcasen pasajeros que iban a ser vetados a
su llegada a EE UU a pesar de que contaban con los documentos en regla y
aprobados incluso antes de que el presidente tomara posesión del cargo.
La juez federal ha suspendido la
aplicación en todo el país de una parte del decreto: el Gobierno de Trump debe
admitir a aquellos inmigrantes y refugiados con documentos en regla que ya
estuvieran en el aeropuerto y a quienes la firma del decreto hubiera encontrado
de camino a Estados Unidos. La magistrada se pronunció tras la demanda
presentada por varias organizaciones de derechos civiles para impedir que los
dos primeros iraquíes detenidos en el aeropuerto de Nueva York no fueran
deportados a su país.
La norma, sin embargo, sigue en
vigor y aquellos que aún no hubieran iniciado el viaje no podrán cruzar la frontera
estadounidense, como ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional este
domingo. “Las órdenes ejecutivas de Trump siguen en vigor. La prohibición de
viajar se mantiene y el Gobierno de EE UU conserva su derecho de revocar
visados si así lo requiere la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de
Seguridad Nacional, encargado de aplicar las medidas migratorias. “Aplicaremos
todos los decretos del presidente de manera que garantice la seguridad de todo
el pueblo americano”.
La Administración Trump ha
defendido desde este sábado que estaban “totalmente preparados” para aplicar el
decreto presidencial y que, según Priebus, ha funcionado “con normalidad”. La
medida fue recibida sin embargo por numerosas protestas en todo el país para
rechazar el cierre de las fronteras a los refugiados y la exclusión de
inmigrantes musulmanes. En los principales aeropuertos de todo el país se
citaron desde ciudadanos anónimos hasta abogados voluntarios para ayudar a los
detenidos y legisladores demócratas que condenaron públicamente el decreto de
Trump.
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