Mary Jose Díaz Flores
Urge restablecer el
estado de derecho en el municipio de Soyaló donde los habitantes están fuera de
control en el bloqueo que mantienen en la carretera federal desde hace tres
semanas, lugar en el que han golpeado a transeúntes que buscan llegar a otros
municipios de la zona norte de la entidad. La inconformidad está relacionada
con un compromiso de campaña del actual presidente Freddy Espinosa Hernández
que ofreció darles un apoyo de mil 200 pesos anuales a unos 600 habitantes de
la cabecera municipal y de la comunidad Francisco Sarabia, supuestamente de
escasos recursos económicos, que han sido beneficiados de esta misma manera en
otras administraciones municipales donde les habían dado láminas y material de
construcción diverso, solo que ahora los inconformes quieren 15 bultos de
cemento por cada jefe de familia lo cual rebasa la cifra económica de la que
había dispuesto el alcalde, pero además condicionan que las envolturas no
tengan la leyenda de “no negociable”, para que una vez que lo reciban lo puedan
vender al mejor postor, lo peor del caso es que con tres semanas que llevan
cobrando a los transportistas seguramente han obtenido más de mil 200 para cada
uno de los que están en el movimiento, si tomamos en cuenta que cobran entre
100 y 300 pesos por permitir el tránsito vehicular.
CON FILO
Campesinos
del Movimiento Social por la Tierra (MST) se movilizan en 13 estados del país
para demandar que el Gobierno de la República dé marcha atrás al gasolinazo, y
derogue la reforma fiscal y energética, así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Francisco Chew Plascencia, dirigente del MST señaló que, para cubrir
los costos financieros de la reforma energética, el Gobierno Federal promovió
la llamada reforma fiscal, para ajustar el gasto público por la vía del recorte
y la creación de nuevos impuestos. Con esta medida se buscó compensar el
impacto por la reducción de los ingresos producto de la renta petrolera. Para
llenar este vacío fiscal, en el caso de la gasolina, diésel y algunos otros
productos, fue creado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
que aplica desde el ejercicio fiscal 2016 y que representó un ingreso de 220
mil millones de pesos para el gobierno, y para 2017 tiene previsto recaudar 284
mil millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos. La carga tributaria de
este impuesto es de 4 pesos por litro de combustible. Sin embargo, el líder
campesino indicó que, una vez más, el costo de entregar la riqueza petrolera se
carga sobre la espalda de los mexicanos, por lo que será un reclamo permanente
del MST la derogación de las reformas fiscal y energética así como la
cancelación del IEPS. Esta demanda se reiterará durante la marcha campesina
convocada por el Frente Auténtico del Campo para el próximo 31 de enero donde se
espera la participación de campesinos de Tula, Hidalgo, México, Michoacán,
Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí y
colima…///En Chiapas regresa el operativo mochila, lo cual es muy bien visto
por los ciudadanos y por los padres de familia de tal manera que mediante el
programa “Escuela Segura” implementado
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se combate la
violencia, adicciones y la delincuencia, destacó el titular, Jorge Luis Llaven
Abarca, en el marco del operativo mochila que se llevó a cabo en el municipio de Emiliano Zapata, en el Telebachillerato 06 y Telesecundaria
número 42, efectuado por la Unidad de Prevención del Delito y Política
Criminal, bajo el consentimiento de los padres de familia, quienes junto con
las autoridades escolares, realizaron la revisión de 685 mochilas. Con
excepción de la localización de cúter, navajas y tijeras, el saldo fue blanco
en materia de adicciones, sin embargo al término de cada operativo mochila, se
realiza la entrega de un manual que incluye el protocolo de prevención
psicosocial, que permite a las autoridades escolares prevenir el consumo de
sustancias y en caso de detectarlas en el alumno saber a qué autoridad
dirigirse; evitar conductas antisociales y la realización de un test
psicológico avalado por la propia Secretaria de Salud.
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