GUILLERMO
CORREA BÁRCENAS
El
alza a las gasolinas, el campo y la pobreza
Todavía no termina el año y ya se registra
una especulación sin precedente en la gasolina que anuncia la llamada Cuesta de
enero con incrementos de precios; sobre todo en los alimentos que se producen
en el campo a causa de la carestía en su transporte desde los lugares en que se
producen hasta la cadena final de los consumidores que observan cómo el aumento
de 7 pesos al salario mínimo diario queda en nada, mientras los responsables
del gobierno, incapaces, no atinan qué hacer.
Por lo pronto, inmersos en una guerra de
declaraciones, otra más que se debe soportar aunada a las acciones fallidas
contra la delincuencia organizada, funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
acusan a los propietarios de las gasolineras de acaparar el energético,
atribuyen también la escasez que se registra en varios estados de la República
a problemas en el suministro debido al mal tiempo que se registra en el puerto
de Tuxpan, Veracruz, lugar al que llegan las importaciones procedentes de los
Estados Unidos, y a los “ordeñadores” del líquido que mueve todo, incluyendo el
diésel que es fundamental para la producción rural y la pesca.
Los dueños de los establecimientos donde
se vende la Magna y Premium argumentan en su defensa que en el país no hay
capacidad de almacenamiento para las gasolinas compradas a empresarios
estadounidenses y advierten que en México se desborda la compra, que existen
“colas” de carros para que sean llenados y que, por si fuera poco, cientos de
personas acuden con sus recipientes a que sean colmados, lo que provoca riesgos
en domicilios y expendios donde se puede afectar la vida de clientes y
despachadores.
Lo cierto es que en los días recientes se
ha registrado un caos provocado por la liberación del precio del combustible
que oficialmente debe venderse todavía a 13.98 pesos el litro de Magna; 14.81
pesos, el de Premium; y a 14.63 pesos el de Diésel. Cantidades que, según
analistas financieros, se elevará hasta en un 23 por ciento durante el año que
está por iniciar. Obviamente que las repercusiones en la inflación por la
carestía que se va a presentar agudizará la crisis económica, política y social
en que nos mantiene el neoliberalismo desde hace más de 30 años, pues a todo
esto hay que agregar el factor Trump, el del presidente electo de Estados
Unidos, quien mantiene sus amenazas contra México y que empezarán a ser
realidad con más fuerza a partir del próximo 20 de enero en que toma posesión.
Y es que, como se dice al inicio, los
aumentos a los energéticos repercutirán en los alimentos puesto que también
elevarán los costos de producción al encarecerse aún más los fertilizantes,
plaguicidas, tractores, maquinaria, empaques y el transporte, lo que se
trasladará a la población en general, principalmente la de escasos recursos que
verá cómo casi desaparece su poder adquisitivo. En consecuencia, sostiene un
análisis de El Barzón, que encabeza el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se
incrementará la pobreza nacional.
Por otro lado, advierte el organismo,
están los impuestos que se cobran en la compra de estos combustibles, los
cuales pertenecen al IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) y
que son pagados por los consumidores finales, aparte del Impuesto al Valor
Agregado (IVA). El hecho es que, contra lo prometido por el gobierno actual, si
los precios del energético aumentan –en ese rumbo irán si fructifican los
acuerdos de países productores de petróleo—y si se mantiene el nivel actual
impositivo el único ganador será el gobierno a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Claro que lo anterior se da con un rechazo
que parece total de parte de la población en vísperas del 2017 en que habrá
comicios en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, los que van a preceder a
la elección presidencial de 2018 que, de continuar y acrecentarse el
descontento social, terminarán en una rotunda derrota del PRI con todo y su
reforma energética. A menos de que otra vez haya fraude.
DESDE
EL CENTRO
El pueblo indígena otomí-ñätho de
Xochicuautla, ubicado en las montañas del municipio de Lerma (Estado de
México), lucha contra la construcción de una súper autopista que los dejaría
prácticamente separados del gran ecosistema conocido como 'bosque de agua' que
cuidan desde tiempos inmemoriales. El propio Gobierno estatal reconoce esta
sierra como Parque Estatal Bosque Otomí-Mexica, le otorga la categoría de
Santuario del Agua y prohíbe "construcciones que dificulten su buen
funcionamiento". Y es que de este bosque sale el agua que se incorpora al
sistema Lerma-Cutzamala que abastece a la Ciudad de México. Sin embargo, desde
2006 esta comunidad se enfrenta a embates oficiales y empresariales para la
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Grupo
Higa cuando el hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto, era gobernador del
Estado de México, como explica la revista Proceso…
Guillermo Correa Bárcenas: 044 55 31 90 09
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