Soconusco,
Chiapas. – Cuatro personas detenidas por delitos contra la salud permitieron
las acciones de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Policía Especializada y Municipal en la región
Soconusco de Chiapas.
Durante
patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Jesús Calcáneo del
municipio de Tapachula, elementos de la Policía Estatal Preventiva,
Especializada y Municipal atendieron una denuncia sobre la presunta venta de
drogas al menudeo sobre la 19ª avenida Sur entre 20ª y 22ª Oriente.
Al acudir al lugar
sorprendieron a tres personas que intentaron evadir la presencia policial, por
lo que al ser abordados y practicarles una inspección de persona conforme a lo
establecido en el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el
estado Chiapas, les fue localizado 10 envoltorios con al parecer cocaína en
piedra y polvo.
Por lo que se les
aplicó control preventivo de detención a quienes dijeron responder a los
nombres de Celia Isabel “N” de 27 años, Mario Alberto “N” de 29 y Mauricio “N”
de 34 años de edad, quienes al parecer se encuentran relacionados en la
privación ilegal de la libertad y homicidio de un ciudadano, el pasado 30 de
noviembre del año en curso.
En otra acción,
uniformados de las corporaciones mencionadas destacamentadas en el municipio de
Unión Juárez, luego de recibir una denuncia al aplicativo para celulares
“Ciudadano Vigilante”, se presentaron a la avenida Insurgente y calle trébol del
barrio Guadalupe en el ejido Santo Domingo, lugar en el que se señaló la venta
de drogas por parte de un sujeto con especificas características.
Una vez
corroborando lo señalado, detuvieron Pablo Andrés “N” de 40 años de edad, con
media docena de carrujos de papel periódico conteniendo al parecer marihuana.
La responsable
participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los
trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el
carácter de probables responsables, se encuentren bajo la jurisdicción del
Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su
situación jurídica.
Mientras tanto, se
realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan
los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se
realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los
tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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