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| © Proporcionado por Sin Embargo Buscaglia de visita en México. Foto; Cuartoscuro |
Sin
Embargo / Sandra Rodríguez Nieto
Ciudad de México, 27 de octubre
(SinEmbargo). – La impunidad que rodea el caso del Gobernador veracruzano
con licencia Javier Duarte de Ochoa no es la excepción; es la regla en un
sistema político-electoral basado en el intercambio de favores entre quienes ocupan
cargos públicos. Así explica el académico Edgardo Buscaglia la falta de
ejecución, por parte del Gobierno federal, de la orden de aprehensión contra el
mandatario veracruzano, girada días después de que pidiera licencia de su
cargo, "es el mejor ejemplo", dice.
“Es una simulación”, afirma el
experto en marcos legales del combate a la delincuencia organizada.
“La política es una puerta
giratoria: entra uno y sale otro. No es cuestión de un nombre, sino de un
sistema que permite llegar al poder político dejando dinero o pagando a
alguien; entonces, se responde a ese alguien y no al pueblo”, agrega.
Investigador de Derecho y Economía
de la Universidad de Columbia, Buscaglia ha insistido tanto en sus libros como en
foros y entrevistas, en la necesidad de que el combate a la delincuencia
organizada pase por el aseguramiento de los bienes patrimoniales de los
operadores, incluyendo a los políticos que protegen estos ilícitos.
También, en la urgencia de reformas
a las leyes electorales que permitan que las candidaturas a los cargos de
elección se definan a través del voto popular y no a discreción de los
partidos, que tienden a seleccionar sólo a quienes garanticen protección ante
los abusos de poder.
Pero como ese marco legal no es el
actual en México, dice Buscaglia en entrevista sobre Duarte de Ochoa, no
sorprende que el ex mandatario haya tenido tiempo de preparar su escape.
“Ese es el modus operandi que se
usaba en las mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les
avisaban días antes para que se escaparan”, dice. “Es un modus operandi muy
usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento
mafioso, como el mexicano”.
Javier Duarte de Ochoa fue
expulsado el pasado martes del Partido Revolucionario Institucional, en donde
una demanda interna busca castigarlos por corrupción a él y a los también ex
mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de
Quintana Roo, y a Rodrigo Medina, de Nuevo León.
La medida fue posterior a las
derrotas tricolores en los primeros tres estados durante la elección del pasado
5 de junio, atribuidas a las acusaciones de corrupción contra los ex
mandatarios, y como medida preventiva del PRI ante otro voto de castigo en
2018.
En este contexto, Televisa anunció
el pasado 17 de octubre que la Procuraduría General de la República había
girado una orden de aprehensión contra el veracruzano por los probables delitos
de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Cinco días antes, sin embargo,
Duarte de Ochoa –que deja 35 mil millones de pesos sin explicar, de acuerdo con
la Auditoría Superior de la Federación– había solicitado licencia de su cargo.
“No dudo que (la ex Procuradora)
Arely Gómez hubiera querido capturar a Duarte, pero quienes la rodeaban forman
parte del pacto de impunidad (…) y hasta que no se rompa, no habrá investigaciones
patrimoniales”, dice Buscaglia.
Ese mismo pacto de impunidad, dice,
ayuda a explicar la remoción de Gómez de la PGR el mismo pasado martes 25.
“Un poco confirma esto. Me reuní
con ella en varias oportunidades y, de lo que yo le decía, nunca dijo que no
tuviera razón; pero con sus acciones me confesaba que no podía. El problema es
que ella formaba parte de un grupo que no le dejaría actuar como debería haber
actuado”, dice.
En ese contexto, Buscaglia recuerda
el caso del aún Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales,
Santiago Nieto Castillo, que giró orden de aprehensión contra el ex vocero del
Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, y luego él mismo fue
investigado por presuntamente filtrar los datos.
“Arely Gómez generó una orden de
aprehensión y ahí está”, dice. “Está también lo que le pasó a Santiago Nieto;
hay un pacto de impunidad política en México”, insiste.
Otro de los planteamientos de
Buscaglia es que ni la corrupción ni el crimen organizado internacional son problemáticas
únicas de México, sino los vacíos legales e institucionales –como la falta de
controles al patrimonio de los políticos y a la forma en la que llegan a sus
cargos– que permiten la impunidad y, en consecuencia, los miles de asesinatos y
desapariciones de la última década.
Otro faltante del combate a la
corrupción y al crimen organizado, menciona, es un movimiento social que lo
exija.
“Giovanni Falcone (el juez italiano
destacado por su trabajo contra la mafia de ese país) tenía a la sociedad
detrás de él, exigiendo, protegiéndolo”, cierra.
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