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Redacción / Sin
Embargo
Por Linaloe R.
Flores, Alejandra Padilla y Dulce Olvera
Ciudad de
México, 10 de agosto (SinEmbargo). – En jaque. Bajo los espejos de la
suspicacia. Frente a posibles y potenciales escándalos. Así es como se
mantienen los políticos mexicanos debido a la inconsistencia de sus
declaraciones patrimoniales y la resistencia a la Transparencia y Rendición de
Cuentas, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los
Secretarios de Estado, los Gobernadores de los estados hasta los alcaldes … Y
también, aunque sin ser funcionaria pública, la esposa del Primer Mandatario,
Angélica Rivera Hurtado.
Es ella, otra
vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad
inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida entre su peculio, se encuentra en
el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian
sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de
dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad
es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés
si es que recibe contratos de la presente Administración.
Es un paisaje
de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo
evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación
especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y, en
consecuencia, el Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación,
también del ejercicio.
Ernesto
Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo
inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una
convicción personal de resistencia. Habla de una falta de voluntad política. El
Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad.
Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe
ser un ejercicio exhaustivo”.
Ernesto Gómez
Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer paso de
una cadena que debe iniciar cuanto antes es la declaración patrimonial, un
documento que en el marco del proceso legislativo del Sistema Nacional
Anticorrupción no adquirió obligatoriedad. “Tal como quedó, la declaración
patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales.
Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos
los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus
fortunas”.
Después de la
revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada
“casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes
de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema
Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no
Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos
incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles
conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De
modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del
político.
Al cierre de
este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración
patrimonial presentada el 31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República.
El documento tiene el mismo contenido que antes fue cuestionado por analistas
cuando la modificó por primera vez después de la revelación periodística de
Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, la mansión en las Lomas de
Chapultepec, construida por Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario
del Gobierno federal, para Angélica Rivera.
El Presidente
mexicano no muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros
instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que
seis de las nueve propiedades suyas fueron donadas por su padre o su madre,
mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini
Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años.
Por la casa que
adquirió en 1982 –en su adolescencia– pagó 924 viejos pesos. Según el
documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en
Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber
ocurrido en vida de Pretelini porque falleció seis años después. El valor de
sus propiedades no está actualizado. En algunas, están expresadas en viejos
pesos, lo que genera confusión más que certeza.
Gerardo
Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre
Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los
autores del Índice de Impunidad México en enero de este año. Frente al nuevo affair que
ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de
corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en
apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de
interés.
No se aleja de
lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión
Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de
detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.
LA PRIMERA
DAMA, OTRA VEZ
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Nada obliga a
la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda
legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia, no se
trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el
traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es la protagonista del escándalo.
Villanueva
Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce
recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras
la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser
regulada”.
El nombre de
Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente
administración. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia
se ha apegado a la Ley y responde siempre que ella no es funcionaria pública.
La modificación
del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de
2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y
partidas de los funcionarios públicos. Dado que Rivera Hurtado no tiene cargo
en la administración pública no aparece ahí.
Ante el INAI,
los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de
su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y
sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores,
cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la
empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la
Presidencia, está declarado como “inexistente”.
En cuanto a los
gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y
Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento
que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del
presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como
en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General
de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los
conceptos requeridos…”.
EL PRESIDENTE
PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA
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Hace 16 años,
la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar
del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había
ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). De Acción Nacional, el entonces Presidente Vicente Fox
Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al
Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
Con este avance
legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países
latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la
Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a
nuestro país.
El impulso por
la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también
panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al
crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption
Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a
México en la posición 98 y a Chile en la 21.
En 2012 ganó de
nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se
marchitó. El Plan Nacional de Desarrollo, el documento impronta de los
Presidentes mexicanos, le dedica sólo tres párrafos en lo que no se encuentra
una ruta trazada.
Como abono
al impasse de la Transparencia nacional, la breve exposición sobre el tema
en el PND omitió el concepto de “gobierno abierto”, concepto que implica que la
información del gobierno quede al servicio de los ciudadanos con fines
utilitarios.
Aunado a ello,
la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses.
Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para
dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción.
En campaña,
ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos.
El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto,
las cosas han cambiado. En su Primer, Segundo y Tercer Informe de Gobierno
apenas mencionó la palabra y la noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro
“Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica,
defendió que, en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural,
lamentablemente”.
La “casa
blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade
Martínez, fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para
su nombramiento no obstó su amistad con Luis Videgaray Caso, Secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la
Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade
Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés
en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa
Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su
apellido. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el
Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras
de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de
2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de
este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional
del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su
renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos
millones 380 mil pesos.
Como en una
historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El
cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta
de 205 mil 122 pesos al mes.
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