*Advierten de
posible fuga o de motín.
*En contubernio
autoridades de Gobernación.
*Han enviado a los
criminales más peligrosos.
Por:
Gonzalo Egremy.
Tapachula, Chis.
14 DE FEBRERO. - El CEFERESO en Villa Comaltitlán, es un negocio de ¡90
millones de pesos! al mes para la empresa “Makobil” Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable.
De acuerdo con
diversos testimonios, el Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación, signó desde hace
tres años contrato de prestación de servicios por 30 años con “Makobil” (de
supuestos empresarios chilenos).
La compañía debe
de proporcionar los tres alimentos del día para 2,520 internos (hasta ayer
domingo el número de presos era de 1,630 incluyendo los enviados el jueves del
penal de Topo Chico, de Monterrey), así como medicinas, uniformes, calzado,
ropa de cama y hasta sistema de seguridad; prácticamente la prisión es
“manejado” por la compañía privada “Makobil”.
El comisionado del
OADPRS, es Eduardo Guerrero Durán, y el administrativo, Miguel Bital Hernández encargado
de vigilar el estricto cumplimiento del contrato de prestación de servicios con
Makobil, sin embargo, los declarantes informan a EL ORBE que todo al interior
de ese CEFERESO, cuyo encargado de la dirección es Eduardo Javier Romero
Espinoza, es saqueo, corrupción y violación a los Derechos Humanos.
“Romero Espinoza
comete los peores actos de deshonestidad en abierta complicidad con los empresarios
de “Makobil”, los chilenos, Marco Antonio Carmach Botto, Luis Ernesto Maluenda
Orellana, Gorge Rodrigo Silva Meza y el director de operaciones de esa
compañía, Ulizes Pérez Arronis”, señalan en un escrito entregado a EL ORBE.
Agregan que ese
Centro Federal en Villa Comaltitlán, aparte de ser negocio particular de
“Makobil” a quien la SG le paga cada mes 90 millones de pesos, “es una mina de
oro” para otros “jefes” (comandantes) “forjados” en los penales de Sonora,
Jalisco, Oaxaca, Durango y de Matamoros, Tamaulipas.
“La
venta de privilegios para los presos está a la orden del día y el penal esta
convertido en tierra nadie porque todas autoridades de ahí extorsionan con
altas sumas de dinero a los reos o a los familiares de éstos”.
Señalan
los denunciantes: “la complicidad que existe entre la coordinadora del área
médica, Claudia Isabel Escobar Morales y los comandantes de seguridad y
custodia, Jesús Alberto Pérez Torres, Norberto Enríquez Bermejo, Isauro Pérez López,
Josué Ocon, así como las encargadas de las áreas técnicas y jurídicas, Sidney Smith
McDonald y Martha Patricia Ledesma, fueron indebidamente designados en esos
delicados cargos sin aprobar los exámenes de control de confianza”.
Sin
ocultar su malestar en contra de los anteriores servidores públicos, añaden: “hechos
que por sí solos son verdaderamente alarmantes, como el del pasado fin de año
que en condiciones realmente “extrañas” el interno Rodas Barrios Ronald Iván
y/o Bravo Hernández José Armando, amaneció muerto en su celda (estaba bajo
proceso por delincuencia organizada en Tamaulipas).
Nadie
sabía la causa de la muerte; porque ni siquiera se encontraba bajo tratamiento médico;
se dio aviso al encargado de la dirección, Romero Espinoza, y este ordeno que
de inmediato a la doctora, Claudia Escobar Morales lo llevara en la ambulancia
de la prisión, al hospital del municipio de Huixtla, en donde ella también
presta sus servicios en diferentes turnos; fraguando el reporte para decir que
el interno había muerto en el trayecto y que ya no se pudo hacer nada por él”.
Abundan:
“es importante resaltar que ni siquiera supieron hacer el falso montaje, pues
cuando un interno, en condiciones de enfermedad o para comparecer ante alguna
autoridad judicial, siempre van acompañados por personal de custodia y policía
federal y en este caso solo salió la ambulancia, omitiendo en todo momento
todos los protocolos que en circunstancias normales se aplican sin excepción”.
Otros
casos más: “son el de los internos que en la primera quincena de enero de este
año fueron salvajemente golpeados, violentados y abusados sexualmente, al grado
que uno de ellos continua con todas las costillas rotas por las golpizas que
les propinaron los comandantes Isauro Pérez López, Jesús Alberto Pérez Torres,
y el más sanguinario de nombre Norberto Enríquez Bermejo este último sujeto
actualmente está siendo procesado en el ministerio público federal de Tapachula”.
La
historia es la siguiente, en una riña que se originó entre internos en el área
de regaderas el comandante Bermejo acompañado de dos custodios más, llegaron a imponer
el orden, y al ver que uno de los internos se encontraba desnudo lo empezó a
golpear hasta que el interno perdió el conocimiento momento que aprovechó para
introducirle en el ano un bastón conocido como PR-24 causándole serios daños
tanto en el intestino grueso como en el delgado y todas sus partes nobles, al
llegar la doctora Claudia Isabel Morales encargada de la sección medica a
revisar a este interno se concretó solamente a diagnosticar que “se había
resbalado y golpeado”, ordenando que le dieran medicamento de paracetamol para
el dolor, y no iniciar un procedimiento de violación que fue lo que
verdaderamente ocurrió.
De
igual manera otro interno fue brutalmente golpeado hasta romperle las costillas
por los comandantes, Isauro Pérez López y Josué Ocon. Y actualmente está
arrumbado en el área médica del penal y solo está recibiendo pastillas de paracetamol.
Todos
estos brutales actos de abuso de autoridad, han sido solapados y encubiertos
por la encargada del área técnica, Sidney Smith McDonald o la “gringa” como
todos en el penal la conocen, por igual la encargada del área jurídica, Martha
Patricia Ledesma
Ya que
en contubernio firman documentos que avalan que los internos al “estar dormidos
se caen de sus camas” y por eso se fracturan los huesos.
Manifestaron
los mismos empleados del centro penitenciario que los días 30 y 31 de enero del
presente año, se presentaron al centro federal un grupo de visitadores de
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y que
de inmediato la Martha Patricia Ledesma y todos los comandantes de seguridad y
custodia, así como la médico, Escobar Morales, y la “gringa” recorrieron todos
los dormitorios para amedrentar a los internos que han sufrido vejaciones y
maltratos, y a la población en general advirtiéndoles que se callaran la boca
de todo lo que ahí pasa o se las verían con todos ellos ya que los someterían a
rigurosos castigos, como el dejarlos desnudos o sin probar alimentos, práctica
que al día de hoy les aplican a los revoltosos e insubordinados.
La
visita del personal de la CNDH fue derivada de las múltiples denuncias que han
interpuesto familiares, amigos y abogados de los internos por las constantes
violaciones a sus más elementales derechos.
Todo
esto con la autorización y complacencia del encargado de la dirección general, Eduardo
Javier Romero Espinoza, quien está más preocupado por los grandes negocios que está
llevando a efecto con los empresarios de Makobil.
Señalan
los denunciantes que las componendas entre el encargado de la dirección del
CEFERESO y la empresa prestadora de servicios son tan descaradas y cínicas que
el pasado 28 de enero el director, Romero Espinoza y su selecto grupo de
incondicionales, prepararon una comilona-cena para el comisionado del Órgano
Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación social (SG),
Eduardo Guerrero Duran y para el coordinador de Centros Federales del mismo
organismo Emanuel Castillo Ruíz, con dos escoltas, mismos que llegaron
procedentes de la ciudad de Toluca, estado de México, en una aeronave privada (Lear-Jet
060 matricula XAUUP) tripulada por los pilotos, Eduardo Valenzuela y José
Yunes.
“Datos
que la asistente del director encargado del penal federal, Sandra Cruz Faviel
proporcionó a comandantes de seguridad y custodia y policía federal para que
montaran un discreto cordón de seguridad, en los alrededores donde se llevó la
comilona-cena (Jardín Real aquí en Tapachula).
El
personal de la institución penitenciaria, sigue sin entender la razón por la
que los altos funcionarios no acudieron a realizar un recorrido, por el
CEFERESO y de esta manera enterarse de lo que está sucediendo dentro de esa
prisión.
“Las
negociaciones llegan a tal grado que en la visita relámpago de los altos
funcionarios del OADPRS, el empresario chileno Jorge Silva Meza y el director
de operaciones Ulises Pérez Arronis le exigieron a la empresa Sodexo Sociedad
Anónima, subcontratada para preparar los alimentos a los internos y al personal
del centro penitenciario, que todos los gastos originados por el fiestón, refiriéndose
a los buenos vinos, bocadillos y platillos especiales que se sirvieron a los
altos mandos e invitados especiales los facturaran con el concepto de compra de
papelería del mes de enero de 2016.
Que lo
anterior así lo pactaron con el encargado de la dirección de administración, Melfi
Méndez Ovalle y por instrucción superior de Romero Espinoza quien al final del
“bacanal” en completo estado de ebriedad pidió a sus ayudantes que subieran a
los vehículos oficiales las botellas y alimentos que habían quedado.
Cuentan
algunos de los empleados, que fueron obligados a servir en la “fiesta”, que era
tanta la euforia del director que empezó a comentar a su selecto grupo de
incondicionales que también asistieron al banquete, que sus jefes se fueron muy
contentos y le habían manifestado que contaba con todo el apoyo de ellos y que
todas las “pinches quejas de los de internos, familiares y abogados no tendría
efecto alguno”.
Montado
en su borrachera y con absoluta soberbia le empezó a decir que en ese evento el
comisionado, Duran Guerrero, le autorizo que la nueva directora de administración
del penal federal seria Sandra Cruz Faviel para meter al orden a todos;
finalmente amenazo que todos los trabajadores de la empresa Sodexo que habían
servido de meseros hasta altas horas de la noche que no se presentaran a
trabajar al día siguiente en su horario normal, pero que no hablaran de lo que
vieron y oyeron en la fiesta o los despedirían”, acotan.
REOS DE ALTA PELIGROSIDAD
El
CEFERESO número 15 en Villa Comaltitlán, fue construido durante los gobiernos
del panista, Felipe Calderón y el perredista, Juan Sabines, (en zona de alto
riesgo, así calificado por el Instituto de Protección Civil) para reos solo del
orden federal ya sentenciados y de mínima y mediana seguridad (antes los
denominaban, peligrosidad).
Sin
embargo, entre los 1,630 presos (hasta ayer domingo), existen muchísimos, bajo
proceso aún y también del fuero común; pero los primeros están por delitos como
delincuencia organizada, secuestro, contra la salud (narcotráfico) y
multihomicidas.
El
penal carece de juzgados y los presos bajo proceso tienen que ser llevados a la
rejilla de prácticas de los juzgados de Distrito en Tapachula, y en esos
aproximadamente 80 kilómetros, desde Villa Comaltitlán, pueden ser rescatados
violentamente por sus compinches, han advertido observadores.
En
total existen 21 CEFERESOs en el país incluyendo la colonia penal de Islas
Marías, y de ellos, cinco Centros Federales de Prestación de Servicios “CPS”
como es el 15 de Villa Comaltitlán, Chiapas; Morelos número 16; Sonora número
11; Guanajuato, número 12 y el de Durango.
Los
cinco “CPS” ¡son súper millonarios negocios de la misma empresa “Makobil”! de
supuestos empresarios de la República de Chile, que si por el de aquí (CEFERESO
de Villa Comaltitlán) obtienen 90 millones de pesos cada mes, cuántos más
logran con las otras cárceles que “administran”.
Mientras
la ciudadanía de esta región de la Costa-Soconusco, principalmente Tapachula,
ha sido una vez más engañada por los anteriores gobiernos que dijeron que solo
estarían presos en ese CEFERESO de Villa Comaltitlán, reos con el perfil de
mínima y mediana seguridad, y no de alta peligrosidad, como está ocurriendo.
Según
diversas opiniones, los legisladores chiapanecos podrían exigir al titular de
la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, la revocación de la
concesión a la empresa Makobil y el cierre de ese inmueble, para convertirlo en
una institución de interés social.
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