Urge golpe de timón en Chiapas; ya.
Víctor M. Cruz Roque
Lo sucedido durante las primeras horas del
pasado sábado, en el tramo carretero de la autopista Chiapa de Corzo-San
Cristóbal de Las casas, es ya, como decimos coloquialmente, “la gota que
derramó el vaso de agua”. Ello es resultado de una serie de circunstancias, des
obligaciones, mal entendidos, abusos y trasgresiones a la legalidad, y de eso
los chiapanecos ya estamos cansados; estamos, por decirlo suavemente, hasta la
coronilla.
La irrupción violenta de que están
haciendo uso---por las razones que sean—diversos grupos contestatarios, debe
frenarse de manera inmediata, porque de lo contrario, se irá constituyendo en
una espiral imparable de inimaginables consecuencias para todos.
Los reclamos están a la orden del día y
amenazan con descomponer la incipiente estabilidad política y social de la que,
a pesar de todo, gozamos. A nadie le conviene que los problemas se desborden,
por lo que es ocasión de reiterar que ha llegado la hora de re direccionar los
canales de gobernabilidad, retroalimentarlos e imponer las medidas correctivas
que tengan que hacerse. El fin justificará los medios.
URGE
IMPONER LA LEY.
¿Y cuáles son esas medidas correctivas?.
De principio, revisar el engranaje institucional, la estructura gubernamental y
los componentes administrativos y de servicio. Esto es, que los tres poderes
del estado, las delegaciones federales y los ayuntamientos, retomen el camino
que les da razón de ser, desechando lo caduco y obsoleto y al mismo tiempo
aprovechando lo servible. Estamos hablando de que se necesita de una especie de
golpe de timón, serio, profundo y responsable. De eso se trata.
Lo acontecido en las últimas horas con el
lamentable saldo de un agente de la policía fallecido--
Albert Hernández Clemente--y siete heridos de gravedad, además del daño mediático y de proyección que
le genera al estado, se concibe como un S.O.S., que es necesario atender desde
diferentes perspectivas.
De origen, el reclamo de los indígenas
provenientes de San Juan Chamula, Zinacantán y Chenalhó, que mantuvieron
bloqueada y secuestrada esa importante vialidad por un lapso aproximado de 17
horas, está viciado de origen, porque son los tribunales lo que al final de
cuentas tienen la palabra para desahogar conforme a derecho, esos reclamos.
Con todo y las consideraciones que nos
merecen los integrantes de esos pueblos originarios, el hecho de intentar
torcer el mandato y las resoluciones de los organismos electorales, es un
equívoco y una negación al estado de derecho, a la constitucionalidad que nos
rige.
Ni ellos, los indígenas reclamantes, ni
nadie más, tienen potestad para transgredir las normas establecidas, aun cuando
se les conceda que tienen razón.
El recurso de la fuerza pública es el
último que se debe utilizar y en el caso concreto que nos ocupa, nos guste o
no, se tuvo que hacer con tan preocupantes resultados.
Ahora hay 25 detenidos y acusados de
cometer diversos delitos: homicidio calificado, lesiones, asociación
delictuosa, motín, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y
los que resulten.
Al implementarse el Protocolo de Desalojo,
los efectivos policiacos no portaban armas de fuego, pero la contraparte sí, y
ahí están los resultados ampliamente conocidos.
LA
LEY, INTEGRALMENTE.
Lo que queremos decir es que no basta en erigirse
en gobierno “apaga fuegos”, sino en prevenir que no se creen las condiciones
para que ese fuego surja, desactivar las posibilidades a tiempo y con la fuerza
genuina de la ley, con voluntad expedida y sin consideraciones.
Ahora viene la transición de poderes. Ante
esto surgen varias preguntas que se deben responder: ¿Cómo quedan los
ayuntamientos?; ¿Las instituciones encargadas de preservar que todo quede en
orden, han cumplido con la parte que les corresponde?; ¿El Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la Secretaría de la Función
Pública y su homóloga federal, así como otras áreas de fiscalización han
cumplido su cometido?
¿Qué nos dicen de las entregas de cuentas
claras y con la debida transparencia?; ¿En verdad las obras dadas a conocer
existen?; ¿Por qué no se ha procedido contra los que evidentemente cometieron
saqueos impunemente?.
En la metáfora del fuego, estas omisiones
representan la gasolina y los leños que se requieren para que surja la chispa.
En consecuencia, ¿Por qué no se han atendido los orígenes, las causales de la previsible
inconformidad social? Ese es el punto, ahí está la clave.
En otras palabras: Recientemente el
secretario de la Función Pública Miguel Agustín López Camacho, aseguró que al
menos 35 ayuntamientos no han procedido a entregar las Cuentas Públicas del
2014 y 2015. ¿Por qué no se ha procedido contra ellos?
APUNTES.
FAT
detalla visión de trabajo.
Claro, preciso y conciso, el diputado
electo por XIV Distrito Electoral local, Fidel Álvarez Toledo, se refirió a los
elementos sociales, políticos, económicos, productivos, educativos,
demográficos e incluso culturales, que componen la circunscripción que
representará en el Congreso estatal a partir de 1 de octubre próximo.
Durante un encuentro cordal con los
integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, el que en días asumirá
la representación popular postulado por el PVEM, hizo alusión a los
lineamientos que caracterizaran su desempeño,
y en términos generales resumió los asuntos
que serán parte medular de la Agenda Legislativa que orientará su
trabajo en beneficio de los ciudadanos que lo eligieron y de los chiapanecos en
general.
Álvarez Toledo, con la franqueza que lo
caracteriza, hizo una especie de configuración teórica de las prioridades que
posee ese distrito integrado por Cintalapa, Ocozocautla de Espinoza, Jiquipilas
y Berriozabal, municipios que poseen especial importancia para el desarrollo
del estado.
Refirió que una de sus percepciones muy
bien asimiladas durante el periodo de su campaña, es el hecho de que la gente
requiere de soluciones, de planteamientos apegados a la realidad y de una nueva
forma de hacer política de parte de quienes se dedican a esta actividad de
servicio.
Se dijo dispuesto a conducirse con apego a
sus principios, a la visión generacional que posee y a sumarse a las causas
justas y a los reclamos de sus representados, especialmente en temas
relacionados con el campo, la educación, la ecología, la salud, la economía de
las familias, y otros que son importantes para propiciar el bienestar de sus
representados.
En su intercambio de opiniones con los
columnistas de diversos medios, Álvarez Toledo, considerado el más joven de
quienes integrarán la LXVI Legislatura,
no omitió mencionar algunos referentes históricos de su distrito, como el
persistente conflicto territorial de Las
Chimalapas, la inconformidad contra la CFE, las exigencias de transparencia y
rendición de cuentas en los ayuntamientos, etc.
Expuso que se conducirá con
institucionalidad constructiva pero a la vez estará pendiente de liderar
reclamos justos dentro de los cauces de
la legalidad y la suma de voluntades, para buscar soluciones factibles que
beneficien a sus representados.
En síntesis, fue un encuentro que dejó
buenas impresiones entre los comunicadores, sobre todo porque Álvarez Toledo
reafirmó la percepción sobre el hecho de que juventud y madurez, no siempre es una condición disociada;
características que se encuentran en quienes, como él, conciben el quehacer político como un ejercicio de
servicio a las mejores causas de ese conjunto llamado pueblo.
APUNTES.
Solo tres modestas gotas de honestidad y
de afanes de contribución para sumarse a la normalidad que necesita el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, es lo que se
pide a todos los activos de ese gremio, principalmente a quienes en forma
enfermiza y obsesionada, insisten en no reconocer que ya es hora de normalizar
la vida institucional de ese sindicato.
Es la hora de dejar a un lado afanes
divisionistas y proceder en consecuencia, reconociendo la soberana voluntad de
quienes el pasado 26 del presente, se reunieron para elegir a Margarita Zepeda
López, como nueva secretaria General del STSGE.
Luego de que por más de dos años de
litigios y que el conflicto “se pudrió” en los vericuetos de los tribunales, 2
mil 500 delegados efectivos procedieron
a nombrar al nuevo Comité Central Ejecutivo que durará en funciones los
próximos tres años.
Es todo, gracias.
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