Marvin Bautista
Tapachula Chis; JUN 30
(interMEDIOS).- El Jefe de la Oficina Federal de
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Julio Cesar Domínguez
Hernández, dio a conocer que en la región Costa- Soconusco, solo el 70 por
ciento de las empresas han cumplido con el pago del reparto de utilidades a sus
trabajadores.
Dijo que es una obligación por
parte del patrón pagar las utilidades a su empleados, tal y como lo
estable la ley, siempre y cuando estas se generen, por ello las personas
morales, es decir las empresas debieron de pagarlas entre el 1 de abril y el 30
de mayo y las personas físicas tuvieron que cubrirlas entre el 1 de mayo y 29
de junio, por lo que aquellas que personas que no cumplen con esta obligación
son acreedores a sanciones económicas.
Mencionó que el tiempo que
establece la ley para el pago de las utilidades tanto para las personas físicas
y morales ya venció, por ello las oficina de la STPS, ha iniciado con los
recorridos de verificación en los centros de trabajo y tan solo en el mes de
junio se inspeccionó a 12 empresas, de las cuales, siete pudieron presentar su
documentación completa del pago y cinco no han cumplido con esta obligación.
El funcionario federal
subrayó, que luego de la visita de verificación, las empresas que no pudieron
comprobar el pago de las utilidades, se les da un plazo de 5 días para que
presenten los recibos de pago en las oficinas de STPS y de no cumplir, pueden
ser sujetos a una sanción económica, que va desde los 50 a 5 mil salarios
mínimos.
“Por lo general las multas que
se han aplicado a aquellos patrones que no cumplen con el pago de las
utilidades, van desde los 17 mil pesos a 320 mil pesos, por ello es importante
que las empresas puedan efectuar esta obligación, en el tiempo que señala la
ley” sostuvo.
Reconoció que a diario llegan
denuncias de los trabajadores a las oficinas de la STPS sobre el incumplimiento
de los patrones en este rubro, pero esta no proceden, porque las empresas no
corresponden a la jurisdicción de la oficinas federales, sino es competencia de
la dependencia estatal, por lo que se les canaliza con la autoridad competente
para que formalicen sus denuncias. (iM rrc)
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