∙ Han jugado papel fundamental en el desarrollo agroalimentario de
México, dice el senador Manuel Cota Jiménez
∙ Pide reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo en
beneficio de este sector
(Boletín).- Pese a que los jornaleros agrícolas han
jugado un papel fundamental en el desarrollo agroalimentario de México, en la
mayoría de los casos estos trabajadores y sus familias carecen de una
retribución justa es términos económicos, padecen condiciones de vida y
sociales inadmisibles y el disfrute y protección de sus derechos laborales son
precarios.
Es por eso que Manuel
Cota Jiménez, presidente de la Confederación Nacional Campesina y senador por
Nayarit, presentó una iniciativa con proyecto de decreto a favor de 3.1
millones de jornaleros agrícolas, entre ellos niños desde los 6 años de edad,
que son explotados en el país, cuya realidad es “desoladora e inaceptable”.
El líder de la
CNC, junto con otros legisladores, demandó modificar la Ley Federal del Trabajo
a fin de mejorar las condiciones de contratación del trabajador del campo;
garantizar servicios para favorecer la educación y el cuidado de los menores;
el otorgamiento de prestaciones sociales; y fortalecer a las instituciones con
el objetivo de que lleven a cabo labores de inspección y propicien el respeto a
los derechos de los trabajadores mediante el diálogo con los empleadores.
Lo cierto, dijo,
es que “viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más
severas condiciones climáticas y de riesgo ambiental. Los Lugares en donde
habitan, proporcionados en algunos casos por los empleadores y en otras
obtenidas por sus propios medios, carecen de servicios públicos; los niños en
edad escolar no pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a
muy temprana edad, porque no pueden recibir el cuidado que requieren al ser sus
madres también trabajadoras y porque la temporalidad de las labores o el
traslado de campo a campo, rompe sistemáticamente la regularidad con la que
deberían asistir a las aulas”.
El líder de la
CNC estimó que de los más de 3 millones de jornaleros agrícolas, alrededor de 1.2
millones son migrantes, principalmente indígenas mixtecos, zapotecos, nahuas y
de la huasteca potosina. Todos ellos sufren la ausencia de prestaciones
laborales, exposición a agroquímicos, extenuantes jornadas de trabajo,
condiciones inaceptables de remuneración, además de que los mecanismos de
contratación que utilizan los empleadores vulneran los derechos laborales.
La iniciativa de
cambios a la Ley Federal del Trabajo está firmada por los senadores Manuel Cota
Jiménez, René Juárez Cisneros y Eviel Pérez Magaña, del PRI, así como Armando
Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, del PRD, quienes sostienen que
prácticamente todos los jornaleros, principalmente los niños, presentan
problemas graves de desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza y también
a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que implica su trabajo.
Los millones de
jornaleros del país son reclutados por “enganchadores” y es por eso, explicó el
dirigente de la CNC, que las reformas y adiciones a la ley laboral comprenden
regular a los intermediarios, estableciendo como obligación su registro ante
las autoridades del trabajo.
De igual forma,
para garantizar el cumplimiento de estas funciones se propone reforzar las
tareas de inspección y vigilancia, mediante la coordinación entre los gobiernos
estatales y la Federación. Como obligación de los intermediarios, o
enganchadores, se destaca que deben
pactar por escrito las condiciones generales de trabajo, salario, prestaciones
en especie y en dinero, forma de pago, descuentos en caso de comedores o
adelantos, condiciones de alojamiento y la duración mínima del contrato que
deberá ser depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje más próxima al
lugar de reclutamiento.
También,
sufragar los gastos de traslado y alimentación de los trabajadores y brindarles
protección contra accidentes desde el momento del embarque y, para efectos de
indemnización, estos siniestros serán considerados como accidentes de trabajo;
utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen
español, brindar servicios de guardería a sus hijos, proporcionarles equipos de
protección, hacerlos partícipes del reparto de utilidades de las empresas y,
entre otras muchas disposiciones más, no cobrarles retribución alguna o
comisión con cargo a sus salarios.
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