• Los ciudadanos siguen perdiendo su patrimonio
ante constructores de dudosa reputación, por desinformación y litigios costosos
CONSTRUCTORAS CON
MÁS QUEJAS Gráfica
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Domingo 26 de octubre de 2014.- Negarse a devolver
el depósito, no entregar el inmueble o simplemente incumplir con el plazo de
entrega del departamento o casa, son algunas de las quejas y denuncias -tanto
civiles como penales- que hay en contra de empresas inmobiliarias que cometen
fraudes en México.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
auxilia en la presentación de estas quejas. Pero también se pueden interponer
demandas ante un juzgado civil o penal.
El sector inmobiliario ocupa el quinto lugar entre
las empresas más demandadas ante la procuraduría que encabeza Lorena Martínez
Rodríguez, de un total de 126 mil quejas que se recibieron tan sólo en 2013.
La titular de la Profeco mencionó en su reciente
visita a Aguascalientes que las inmobiliarias recibieron más de cinco mil quejas
en promedio el año pasado.
La dependencia elaboró el "Top 20" de las
principales constructoras y empresas inmobiliarias que cuentan con denuncias
ante esta institución. Destacan Geo y Urbi, compañías que además presentaron
problemas financieros y que, por ello, en algunos casos se atrasaron en la
entrega de viviendas.
También se encuentran Constructora Inmobiliaria Los
Patos SA de CV, ubicada en Zapopan, Jalisco; Tengo Casas SA de CV, que cuenta
con más de 33 quejas y que además se anunciaba en programas televisivos como
"Venga la Alegría", y Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, mejor
conocida como Homex y que cuenta con 31 denuncias en su contra ante la
Procuraduría.
Otra firma que tiene problemas es Bienes Raíces
Norpe, ubicada en Jalisco. José Ismael Plascencia, empresario y ex presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi), mantuvo un litigio con esta empresa, la cual lo acusó de fraude.
Cyd Desarrollos Urbanos, mejor conocida como Urbi,
cuenta con 29 quejas en su contra. Consorcio de Ingeniería Integral,
inmobiliaria mejor conocida como Ara, cuenta con 26 demandas en su contra.
Inmobiliaria Zeuqram, que además fue suspendida por
el Infonavit por registrar un alto número de quejas en su contra.
Viveica SA de CV, empresa que cuenta con varios
desarrollos en las entidades del país, incluyendo Aguascalientes, Jalisco,
Estado de México, Guadalajara, Baja California y Veracruz.
Inmobiliaria Diarel SA de CV, Administradora Picsa
SA de CV, Alde Inv SA DE CV, e Ideas Creativas Bode Constructora SA de CV, son
otras de las empresas con más quejas ante la Profeco.
Sin embargo, otro dato relevante es que además del
incumplimiento de las empresas formales relacionadas con el ramo de la
construcción y la vivienda, la Profeco detectó que muchas quejas provienen de
empresas conocidas como "patito", es decir, que ni siquiera están
constituidas.
Como ejemplo está el caso de Querétaro, entidad
donde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dio a conocer
en días pasados que alrededor de 100 inmobiliarias "pirata" se
detectaron en la entidad, poniendo en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Lorena Martínez Rodríguez, procuradora federal del
Consumidor, firmó recientemente un convenio con las dependencias Infonavit y
Fovissste para evitar este tipo de fraudes e impulsar que más ciudadanos
directamente acudan a oferta inmobiliaria certificada.
De acuerdo con la dependencia, las inmobiliarias
deben presentar un contrato de adhesión registrado ante la Profeco, una
garantía con vigencia mínima de cinco años para cuestiones estructurales, tres
para impermeabilización y un año para cualquier otro desperfecto que se
detecte.
Además, deben realizar reparación de los defectos o
fallas del inmueble en el tiempo que dure la garantía y cumplir con las fechas
de entrega. También deben acreditar que cuenta con los permisos y las licencias
de construcción en regla, así como ausencia de impuestos pendientes de pagar.
UN FRAUDE QUE CONTINÚA
Vender una y otra vez el mismo inmueble en
preventa, no cumplir con los contratos de compra-venta y negarse, a través de
abogados, a saldar las deudas contraídas, ha sido el modus operandi de
Manuel Darío Lugo Goytia, quien, pese a estar en la cárcel sigue operando una
red de fraude inmobiliario que ha dejado a decenas de personas sin su
patrimonio.
Lugo Goytia, quien fungió como representante del
Grupo Inmobiliario K-SA y de al menos tres razones sociales similares,
permanece en la cárcel desde hace más de un año y pesan sobre él decenas de
juicios civiles y penales.
Los juicios en contra de Lugo Goytia y de la
empresa inmobiliaria K-SA han sido presentados por personas físicas e
instituciones bancarias como HSBC e Invex, entre otras.
EL UNIVERSAL posee un listado con las demandas
presentadas contra Lugo Goytia y que pueden ser consultadas en la versión
online.
Una de las formas de operar de Lugo Goytia es
presentar un convenio a través de sus abogados para finiquitar el pago
adeudado. Al aceptar los defraudados la firma de este convenio, el pago nunca
se logra o se realiza a la mitad, tal y como les ocurrió a Rodrigo Arredondo y
a Jesús Morales, quienes aún siguen esperando que les paguen el monto adeudado.
Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, el
defraudado tuvo que pasar por una serie de litigios previos para llegar hasta
el punto en que Lugo Goytia se vio obligado a pagarles.
Años antes, los defraudados firmaban un contrato de
compra-venta sin saber que estaba signando un contrato que no se cumpliría.
Después de entregar y depositar el dinero de la compra-venta, Lugo Goytia les
daba "largas" para realizar la entrega de los departamentos.
Más tarde, tras años de litigios y de dinero
perdido en abogados, Lugo Goytia debía pagar, pero no lo ha hecho con todos sus
demandantes. Algunos ni siquiera llegaron a la etapa final, que era lograr la
firma de un convenio para acordar la devolución del dinero del defraudado.
Todo ello consta en averiguaciones previas como la
FDF/T/T1/00515/13-07, en poder de EL UNIVERSAL.
Así le ocurrió también a Alma Angélica Pardo
Patiño, quien fue defraudada con el pago adelantado que hizo para un condominio
ubicado en Barrio de San Lucas y que hasta 2012 no obtenía respuesta por parte
de la empresa K-SA.
En el caso de Rodrigo Arredondo, la pelea contra la
red de Lugo Goytia sigue en pie, pues no ha logrado que se gire una orden más
de aprehensión, ya que, de acuerdo a su abogado, Gerardo Pérez Maldonado, el
Juzgado 44 Penal del DF está violando el principio de expedites al retrasar
dicha orden con argumentos como el de "discrepancias" en torno al
monto a favor.
RED FAMILIAR
Lugo Goytia cuenta con una red familiar que ha
permitido que las personas defraudadas sigan a la espera de su patrimonio. Ex
titular de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) durante
el sexenio del ex presidente Vicente Fox, cuenta con hijos, hermanos y hasta
familiares políticos (por su esposa) que permiten que el fraude continúe.
Su hijo Darío Lugo Graue cuenta con una empresa
inmobiliaria denominada Eletres Inmobiliaria SAPI de CV", la cual también
ya cuenta con demandas en su contra.
Manuel Lugo Graue, uno de los hijos del
defraudador, aparece actualmente como "Director de Proyectos en Grupo
Inmobiliario K-SA" en su perfil público de Linkedin (https://www.
linkedin.com/pub/manuel-lugo-graue/51/ 148/a19) y aunque reconoció en
entrevistas con otros medios que había quejas contra la empresa, éste aseguró
que ya se habían resuelto en beneficio de los compradores.
EL UNIVERSAL buscó una postura de la familia
con relación a los fraudes pendientes por resolverse, pero no se obtuvo
respuesta.
FALTA INFORMACIÓN
Y a pesar de que existen decenas de demandas en
contra de K-SA, en la Profeco no se encontró ninguna queja en contra de dicha
razón social. No al menos en el "Top 20" que cuenta con información
actualizada en su sitio web www.consumidor.gob.mx (http://www.consumidor.gob.mx
/wordpress/?page_id=8547) ni en las acciones de grupo en las que sí están
demandadas empresas como Grupo Geo o Homex (http://profeco.gob.mx
/juridico/a_grupo.asp).
Otra de las quejas de los demandantes es que ni la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno del Distrito
Federal ni la delegación Benito Juárez -en el caso del Condominio Moras,
ubicado en José María Rico 308- han intervenido en este caso para clausurar la
obra o advertir a los potenciales compradores que los departamentos podrán ser
comprados, pero que quizás nunca vean la forma de obtener las llaves del
inmueble.
Para los interesados en presentar una queja o
denuncia en contra de empresas del sector inmobiliario, aquí está el link de Profeco:http://profeco.gob.mx/Servicios/quejas_denun.asp
QUEJAS Y MÁS
Por ello, la Profeco busca más garantías a la hora
de que un mexicano contraiga una deuda a través de un crédito hipotecario o
inmobiliario.
Una de las formas para evitar que existan fraudes,
es que dichas instituciones cumplan con diversos requisitos, entre ellos, que
cuenten con un buen reporte de comportamiento ante los consumidores y éste se
pueda conocer a través del Registro Único de Vivienda.
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