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jueves, 9 de octubre de 2014

FILO Y SOFIA

Mary Jose Díaz Flores
La desaparición de normalistas en el estado de Guerrero que ha destapado toda una cloaca de corrupción y presuntos vínculos entre autoridades locales de ese estado y la delincuencia organizada, ha llamado la atención del mundo entero, por eso no es raro que en Chiapas, el titular de la política interna, Eduardo Ramírez Aguilar ayer mismo hiciera un pronunciamiento en el que afirmó que para dar certeza a los Chiapanecos sobre las corporaciones policiacas habrá especial atención al desempeño de estas instituciones a fin de que el trabajo de seguridad sea con transparencia, apegado a derecho y con respeto a los derechos constitucionales y humanos de las personas, pues no se puede definitivamente terminar un conflicto con el asesinato de inconformes.
Declaraciones muy acertadas por parte del titular de la política interna del estado que afirma a nombre del Gobierno del Estado que un agravio e injusticia contra cualquier ciudadano no debe verse con indiferencia, es decir que todas las manifestaciones y expresiones deben atenderse en su momento y desde el origen.
En una conferencia de prensa, el encargado de la política interior de Chiapas lamentó los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, toda vez que son hechos indignantes, dolorosos e inaceptables que deben esclarecerse.   Y en ese sentido se pronunció por un México sin violencia, donde la legalidad siga imperando y donde la impunidad no tenga lugar, lo cual sin duda nos da la certeza de que el gobierno de Chiapas seguirá trabajando para garantizar que las instituciones policiacas y autoridades municipales garanticen la seguridad de los ciudadanos, sin tener que levantar las armas, sino con la estricta aplicación de la Ley.
Por eso, no cabe la menor duda de que se cumplirá con el compromiso de seguir con el fortalecimiento la certificación y control de confianza de los elementos policiacos para garantizar la seguridad de todos los chiapanecos; independientemente de que para resolver las diferencias políticas y sociales en los distintos puntos de la entidad y con las corrientes políticas y sociales se privilegiará el diálogo y la negociación política antes que la fuerza pública. Evidentemente que los inconformes tampoco por ello, deben rebasar la tolerancia de las instituciones, pues la Ley es clara y al aplicarse debe ser firme y sin contemplaciones para nadie.
Cabe mencionar que en la entidad existen todas las garantías de seguridad para marchar y protestar, un derecho fundamental contemplado en la Constitución como es el derecho  a la libre expresión, lo cual es algo inherente al ser humano, sin embargo las organizaciones o inconformes no deben extralimitarse en sus acciones e incurrir en acciones que violenten el estado de derecho, porque al igual que tienen garantías de manifestación, también existen penas que pueden aplicarse cuando se incurre en actos violentos. Esperemos que en el marco de la tolerancia y el respeto que prevalece por parte del gobierno en la entidad, los grupos radicales también sean mesurados en sus acciones y antes de impulsar actos violentos acudan a las mesas de negociaciones, aunque por supuesto los funcionarios deben tener claro que atender un conflicto   desde el origen evita que más tarde explote y se agrave.
En fin, nada justifica el asesinato de las personas, por , qué bueno que el gobierno estatal, atiende de manera oportuna la profesionalización de estas instituciones en todos sus niveles y otorga las garantías necesarias para que el crimen organizado, no se infiltre en las filas de quienes deben ser garantes de la seguridad y no miembros de bandas delincuenciales.
En ese sentido que bueno que el gobernador Manuel Velasco Coello, anunció una inversión de 80. 3 millones de pesos, para las corporaciones policiacas e hizo entrega de equipos y uniformes a corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo esto con el propósito de que Chiapas siga siendo una de las entidades más seguras del país, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada recientemente por el INEGI.
Pero además, a los policías chiapanecos se les homologó sus percepciones salariales con sus similares federales, y se ha proyectado crear un esquema para otorgarles beneficios crediticios para que puedan acceder a una vivienda y con ello solventar las necesidades de sus familias. En el evento que se llevó a cabo en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, Velasco Coello entregó 66 vehículos con tecnología moderna; motocicletas tipo todo terreno; vehículos doble cabina, entre otros aditamentos como escudos antimotines, chalecos antibalas, protectores, máscaras anti-gas, escudos antimotines y 10 equipos de intervención inmediata, entre otros aditamentos.
Esperemos que todos los esfuerzos realizados en materia de seguridad sigan rindiendo los frutos deseados y que Chiapas pueda transitar por el rumbo de la tranquilidad al tener instituciones más confiables.
CON FILO
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó por unanimidad de cinco votos, la propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para resolver un caso relacionado con el fallecimiento de 24 recién nacidos a finales de 2002, dentro del Hospital General “K” de Comitán de Domínguez, Chiapas, debido a la falta de recursos materiales y humanos en dicho hospital. Estos hechos provocaron que en agosto de 2011, el Ministerio Público ejerciera acción penal por el delito de homicidio en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, ex Gobernador del Estado de Chiapas y Ángel René Estrada Arévalo, ex Secretario de Salud estatal. La Primera Sala, al ocuparse del estudio del asunto, advirtió que después de 11 años de investigaciones y mientras el asunto se encontraba en trámite en el Poder Judicial Federal, el Ministerio Público local se había desistido de la acción penal en contra del ex Gobernador y ex Secretario de Salud y, en consecuencia, el juez de primera instancia les había dictado sentencia absolutoria. Bajo este contexto, la Primera Sala precisó que las víctimas debían haber sido notificadas oportunamente del desistimiento de la acción penal y de la sentencia absolutoria, a efecto de poder defender sus derechos mediante la interposición de algún recurso o juicio de amparo. En consecuencia, ordenó al juez de amparo que notificara a las víctimas del desistimiento del Ministerio Público y de la sentencia absolutoria, informándoles también de su derecho a impugnar dichas resoluciones y, una vez hecho lo anterior, dictara la sentencia que conforme a derecho proceda….///En el municipio de Jitotol debe aplicarse la ley en contra de los inconformes que ayer se apostaron de la carretera federal cobrando hasta 300 pesos para dejar pasar vehículos, además de que causaron severos destrozos al edificio municipal, motivos por los cuales se deben fincar responsabilidades, pues no es la primera vez que campesinos hacen de las suyas en este lugar, evidentemente financiados por el Alcalde de Pueblo Nuevo, Enoc Díaz, que bien debería ser investigado, pues dicen que recientemente protagonizó un enfrentamiento en la comunidad de Rincón Chamula a donde llegó armado y fue recibido por inconformes, uno de ellos, perdió la vida a manos de los pistoleros del Alcalde, a quien deberían investigar pues es común verlo en las calles armado, sin que ninguna autoridad investigue por qué, esa actitud. Pero bueno la persona que falleció recibió unos 50 disparos de arma de fuego y el crimen permanece impune, ¿será que se va a esperar a que el Edil, incurra en cosas más graves para proceder en su contra? Esperemos que no sea así y se atienda de manera inmediata las locuras en las que incurre este Edil, que se cree el dueño del municipio y ahora hasta busca heredar la presidencia a su hermano David, de los mismos apellidos.

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