Irma Ramírez Molina/
Como era de esperarse, la aprobación del dictamen
presentado por las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia,
relativo a la iniciativa del Código que establece el uso legítimo de la fuerza
por las instituciones de seguridad pública del estado, causó controversia.
Sin embargo, no debería haber tal, pues si las
manifestaciones son eso, no tendría por qué darse violencia; pero
desafortunadamente no se puede negar también que muchas veces los inconformes
arriban en caravana armados de piedras, palos, machetes y lo que encuentran.
Es más la última situación de violencia se vivió
precisamente frente a las instalaciones del Congreso del Estado, donde hubo
quebrazón de cristales.
Pero además la iniciativa es muy clara: “Se considera
manifestación violenta cuando un grupo de personas se encuentran armados o bien
en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad se hace uso de
amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se
incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad
ciudadana”.
Es más, los medios de comunicación han sido testigos y
víctimas de gente que va en marcha que son intolerantes, agrediendo a sus
personas o sus carros.
Definitivamente la mayoría de la sociedad estará de
acuerdo en que se frene este tipo de manifestaciones, porque atentan contra los
derechos de los transeúntes, de los automovilistas y de quienes para su mala
suerte les toque toparse con un grupo de estos.
Así que si nadie sale agresivo a manifestarse, la
policía no tiene por qué actuar, pero tampoco se puede seguir permitiendo
acciones abusivas de parte de quienes se dicen inconformes por las razones que
gusten, pues tan derechos tienen ellos de manifestar su inconformidad, como de
los automovilísticas de poder transitar.
Hay que recordar que las corporaciones policiacas
tienen la obligación de “salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes
de las personas; así como preservar las libertades, la paz pública y la
seguridad ciudadana, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones”.
Así que todos tienen derecho a manifestarse, sin llegar
a la violencia, ni afectar los derechos de terceros, porque insistió, tan
derecho tienen ellos como el resto de la sociedad.
BASE DE DATOS…-
El compromiso de Manuel Velasco de seguir impulsando la
creación de nuevos espacios para la conciliación y la solución de conflictos a
partir de los acuerdos, forma parte de la visión de su gobierno de promover una
cultura de paz y una sociedad más tolerante e incluyente.
Y ahora con la apertura del segundo Centro Estatal de
Justicia Alternativa se fortalece la mediación, conciliación y arbitraje, además
de actuar con equidad, imparcialidad, rapidez, profesionalismo,
confesionalidad, confidencialidad y gratuidad.
Son instituciones de vanguardia que se han puesto al
alcance de la gente, que cumplen con la disposición de crear medios
alternativos en el sistema de justicia estatal, para que los ciudadanos que
demandan justicia puedan resolver sus controversias de manera sencilla y ágil.
Este innovador modelo fortalece la cultura del diálogo
y la política gubernamental de conciliación y búsqueda de acuerdos en la
resolución de conflictos, que debe privar para mantener la tranquilidad del
estado y la paz social en beneficio de nuestras familias, que merecen una mejor
calidad de vida.
Con esta voluntad de modernizar la administración de
justicia en Chiapas, se armonizan las reformas federales con las propias y se
establecen los mecanismos institucionales para darles plena vigencia.
Así que el segundo Centro Estatal de Justicia
Alternativa (CEJA) en la entidad, ubicado en Tapachula, cuenta con áreas de
atención al público y seguimiento de convenios, para mediadores y árbitros, así
como una sala de conciliaciones, y su edificación implicó una inversión cercana
a los 12 millones de pesos.
Ahí, los involucrados en diferencias entre particulares
serán atendidos con la mayor rapidez, propiciando una disminución en los
costos, no sólo para las partes involucradas, sino para el sistema de justicia,
ya que la agilización de los procedimientos legales permitirá descongestionar
los tribunales.
A este Centro podrá concurrir la población de la región
Soconusco para resolver problemas familiares, mercantiles, penales y en materia
de justicia para adolescentes, teniendo la seguridad que existe una
confidencialidad, legalidad y protección a los más vulnerables.***
@irmajaque
