Mary Jose Díaz Flores
En medio de un serio debate entre la fuerza opositora más
importante en el país como lo es el PRD, la Reforma Energética fue aprobada en
comisiones con 24 votos a favor del PRI, PAN y PVEM con lo cual se abre al 100%
el sector petrolero y la industria eléctrica a la inversión privada en el país.
Mientras que la izquierda junta perdió la votación con 9 votos. Esta vez, como
ya se esperaba la alianza fue con el PAN y pese al berrinche de los perredistas
que se colocaron al pie de la tribuna desde la mañana de ayer, desde la cual
exigían una consulta popular, en comisiones perdieron la votación pues hasta el
dirigente del sindicato petrolero, el priista Carlos Romero Deschamps, avaló el
dictamen pues no existen cambios en la relación con el sindicato como se especulaba.
En cuanto a la votación la izquierda reservó todos los
artículos de la minuta, es decir el 25, 27 y 28 constitucionales que se
modifican y los 21 transitorios. Y es que el dictamen de la Reforma plantea la
modificación de la Constitución en estos artículos para abrir toda la cadena
petrolera al sector privado y terminar con el monopolio en el sector
energético, al plantear que Pemex y la CFE se conviertan en “empresas
productivas”, que competirán con inversionistas a los que se les pagará no solo
con dinero, sino con crudo, mediante contratos de riesgo en su modalidad de
Utilidad y Producción Compartida. Además, las empresas privadas podrán reportar
para efectos contables y financieros la asignación del contrato y beneficios
esperados, señalando que son propiedad de la nación, cuando se trate de
contratos de utilidad compartida o renta compartida.
La reforma recoge la propuesta del PAN para que, sin
concesiones, se abra toda la cadena petrolera a la inversión privada, nacional
y extranjera, mediante diferentes tipos de contratos, licencias y asignaciones.
No obstante, en los considerandos se refiere que es necesaria esta reforma a la
Constitución, que hoy en día prohíbe precisamente el otorgamiento de contratos
y concesiones. En materia de electricidad, el Estado se queda solo con la
rectoría en planeación y transmisión, mientras que los privados podrán
participar en generación y comercialización. Los transitorios no contienen un
nuevo régimen laboral con el sindicato de Pemex, ni su retiro del Consejo de
Administración de Pemex, aunque establece el mecanismo de elección de los
consejeros profesionales que serán electos en forma escalonada por mayoría
calificada en el Senado. También en los transitorios, se establece que en la
ley secundaria habrá un capítulo de Medidas Anticorrupción, que a decir de
Acción Nacional obligará a que Pemex sea auditado hasta en tres ocasiones por
la ASF, por un órgano interno y por firmas externas.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo fiduciario
será el Banco de México, y no será operado por la Secretaría de Hacienda, como
pedía el PRI. Además, se dota de nuevas facultados a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Se plantea la modificación
del artículo 25 en el cual se elimina el monopolio del Estado en los
hidrocarburos y convierte a Pemex en “empresa productiva” para competir con el
sector privado, al modificar su carácter de estratégica e incluye los criterios
de sustentabilidad.
En cuanto al artículo 27, donde se regulan los contratos
que fueron eliminados con la expropiación petrolera decretada por el presidente
Lázaro Cárdenas, se plantea que: “Tratándose de minerales radioactivos no se
otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y
el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos
con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás
actividades de la industria eléctrica”.
De acuerdo a los senadores del PAN, del PRI y del PVEM,
que participaron en la construcción del dictamen, el Estado pagará la
contraprestación a los privados por participar en exploración y extracción de
petróleo en hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en: Efectivo, con un
porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida; con la transmisión onerosa
de la propiedad de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del
subsuelo o cualquier combinación de ambos. Se reconoce en los Considerandos del
dictamen que “en la reforma constitucional se prevé la posibilidad para
el Estado mexicano de celebrar los denominados contratos de riesgo, ya sea de
utilidad compartida o de producción compartida”.
En cuanto al artículo 28 se determina que “no
constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva
en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y Radiotelegrafía;
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; minerales
radioactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución
de electricidad; y, las actividades que expresamente señalen las leyes que
expida el Congreso de la Unión”. Asimismo, el Estado contará con un fideicomiso
público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria
será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la
ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las
asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de
esta Constitución, con excepción de los impuestos.
Finalmente, pese a la oposición del Partido de la
Revolución Democrática, la Reforma ha logrado la mayoría con la simpatía del
Partido Acción Nacional, y pese al berrinche de la fuerza opositora del PRD, el
análisis no se ha frenado y la que se le llama la madre de todas las reformas
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha logrado su objetivo al permitir una
mayor participación del sector privado en la explotación energética y petrolera
del país, pues finalmente ya de por sí empresas extranjeras operaban buena
parte de estos recursos en el país, en fin, ahora podrán hacerlo a la vista de
todo el mundo. Ojalá que verdaderamente sea un beneficio para los mexicanos
pues finalmente somos los que realmente resentimos todos los cambios legales
que se dan en el país.
CON FILO
La Procuraduría de Justicia del Estado esclareció de
inmediato el robo a la casa del Presidente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso del Estado y se determinó que este fue un robo planeado que no
tiene ningún tinte político. En este sentido, es de reconocerse la eficacia del
Procurador; Raciel López Salazar que de inmediato logró la detención de los
responsables en operativos dirigidos personalmente.
