“Actitud
Sospechosa” violenta los DDHH
Vinicio Portela Hernández
Seguramente usted a leído o
escuchado en algún medio de comunicación los boletines que expiden dependencias
como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la propia Procuraduría
General de Justicia en el Estado de Chipas. En un gran porcentaje de estos
informes, estas Instituciones policiales aseguran que a muchas de las personas
indiciadas fueron detenidas porque actuaban con una “actitud sospechosa”.
Esta apreciación de los uniformados
y elementos de seguridad es una de las armas más utilizadas para la aprehensión
de los presuntos delincuentes, los cuales son exhibidos en periódicos,
revistas, en la radio y la televisión.
Esta actitud de la autoridad es
aceptada y vista con normalidad entre la población que está ávida de notas
rojas y policiacas que calman los deseos morbosos de algunos lectores. Y me
disculpo por el calificativo, pero es cierto.
Desde las Reformas Constitucionales
del año 2011, donde nuestra Carta Magna reconoce a plenitud los Derechos
Humanos y pondera la presunción de inocencia y el debido proceso, las
autoridades de procuración e impartición de justicia y las de seguridad pública
no ha comprendido a cabalidad el alcance de estos nuevos ordenamientos.
Los efectivos policiales siguen
deteniendo personas a su libre albedrio, solo porque “parecen” delincuentes,
sudan mucho, se ponen nerviosos o caminan más rápido de lo común, y además
porque es más fácil que investigar.
Claro que muchos podrían achacar
estas acciones porque los policías son, en su mayoría, personas sin
preparación, y así consta cuando la convocatoria de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana para contratar a nuevos elementos solo les pide estudios
de preparatoria o equivalente. Así que la ignorancia la que trata de excusar a
los uniformados, pero para la Ley esto no es así.
Pero qué pasa cuando los presuntos
criminales son detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio
Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en el informe
señala que lo capturaron por tener una “actitud sospechosa”, pues los
Representantes Sociales los reciben, al detenido lo dejan de 48 a 72 horas de
una celda y la gran mayoría de veces lo dejan en libertad por falta de pruebas
en su contra. De llegarlos a consignar ante el Juez otra gran parte le dictan auto
de formal liberación ya que el expediente del MP va con inconsistencias. Del
resto los juzgadores inician el juicio y pasan años para luego declararlos
inocentes. Todo esto gracias a que la “prueba madre” es la “actitud
sospechosa”.
En todo este ciclo vicioso de la
impartición de justicia las autoridades violentan flagrantemente los Derechos
Humanos. En el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, párrafo 3º dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” En
el párrafo 5º dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
Entendiendo la norma esta encuadra
perfectamente en que la “actitud sospechosa” es violatoria a los DDHH y a
nuestra Carta Magna, pero sigue siendo una práctica concurrente entre las
corporaciones policiacas, aún cuando el texto Constitucional marca en su
artículo 16 que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Y aún así
siguen deteniendo a personas por una “actitud sospechosa”.
Claro que también tendríamos que
analizar que para que se cumpla la comisión de un delito hay ciertos requisitos
que la autoridad deberá tomar en cuenta, pero quiero concentrar el análisis en
algo que hacen a un lado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la
Procuraduría General de Justicia en el Estado que es el principio legar de
“presunción de inocencia”.
¿Pero esto qué es?, simple, que
todas las personas somos inocentes al menos que después de un proceso
jurisdiccional nos declaren culpable de un delito. O como dicen en las series
policiacas “gringas”, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Pero en el estado no es así, las
oficinas de Comunicación Social de la PGJE y la SSPC lanzan boletines de prensa
declarando culpable a cuanto detenido hay, adjetivos como asesino, violador,
ladrón, narcomenudista, entre otros, son las cabezas principales de las notas
institucionales, los cuales también son evidentes violaciones a los derechos
humanos de los inculpados.
Mientras tanto, el Procurador Raciel
López Salazar y el Comisario Jorge Luis Llaven Abarca siguen presumiendo
supuestos talleres de DDHH, cuando la realidad evidencia la negligencia de
estos funcionarios donde sus empleados continúan discriminando a las personas aseguradas
y los policías reciben recompensas por las personas detenidas, que por cierto
de esto último muy pronto les daré detalles del “Operativo Exitoso” que está en
acción en estos momentos en la PGJE para detener a discreción a cuantos
personas puedan.
Regresando al tema. El todavía
Consejo Estatal de Derechos Humanos deberá estar muy atento a este tipo de
comportamiento criminales por parte de las corporaciones que dirigen Jorge Luis
Llaven Abarca y Raciel López Salazar, ya que reiteradamente siguen violentando
los DDHH acusando a los ciudadanos de una supuesta “actitud sospechosa” para
incriminarlos. Este método policial debe extinguirse, no solo porque es un acto
de discriminación y exceso de autoridad, sino porque es contrario a la nuestra
Constitución Política y si nos creemos un estado democrático lo que debe
imperar es el estado de derecho y no la apreciación de un policía.
RESULTADOS
Para el gobernador Manuel Velasco
Coello, los primeros nueve meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido de
resultados favorables para los mexicanos, especialmente para Chiapas, en virtud
de los recursos financieros y el interés presidencial para que la entidad salga
adelante.
“En Chiapas también queremos mover a
México; el programa más emblemático de la administración federal, la Cruzada
Nacional contra el Hambre, además de representar la razón de ser del quehacer
gubernamental, es una gran esperanza para nosotros, es una gran oportunidad
para revertir la pobreza y el hambre”, dijo el mandatario local al referirse a
uno de los programas de mayor trascendencia que ha puesto en marcha Peña Nieto
y que viene a dar certeza a miles de ciudadanos en condiciones de pobreza.
La postura de Velasco ante el Primer
Informe de Gobierno, se ajusta a la opinión de la mayoría de los mexicanos que
ven avances sustanciales en la actual administración.
Terminé
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