Ricardo Alemán
Justicia podrida
Domingo 11 de agosto de 2013
Con el cambio de régimen —que marcó el regreso del
PRI al poder presidencial— también cambiaron las formas y estilos de impartir justicia
en México. El caso emblema fue la grosera impostura de amparo y liberación
inmediata de la secuestradora Florence Cassez; montaje al que se prestó el
pleno de la Suprema Corte y no pocos de sus ministros, que terminaron en
calidad de “juzgadores a sueldo”.
Y cuando dijimos en este espacio que al exonerar
por razones políticas a la secuestradora francesa la Suprema Corte abría la
puerta a una escalada de juicios que serían resueltos por esa misma fórmula
—“por razones políticas”— las voces interesadas nos cayeron a palos e insultos
para decir que se trataba de una exageración. Hoy el tiempo pone a cada quien
en su sitio.
CARO QUINTERO
Hace unas horas —y mediante un clásico albazo
mediático y judicial— un grupo de “juzgadores” federales determinaron que el
narcotraficante y asesino Rafael Caro Quintero era inocente de cinco de los
seis cargos por los que inicialmente había sido sentenciado a más de 190 años
de cárcel. En la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo pasado y
la primera mitad de los años 80 Quintero era algo así como El Chapo de aquellos
tiempos; era el poderoso jefe del cártel de Guadalajara, el más importante
productor y exportador de mariguana del mundo.
Caro Quintero había pasado casi 30 años en prisión
y cumplido la condena por el delito de narcotráfico. Por ello, y luego que sus
abogados solicitaron un amparo apelando “el debido proceso”, los jueces Lucio
Lira Martínez, José Félix Dávalos y Rosalía Moreno determinaron su libertad
inmediata, que se hizo efectiva la madrugada del pasado viernes 9 de agosto, en
total secreto, para favorecer la opacidad. Horas después el “jefe de jefes” y
padre de muchos de los cárteles criminales de hoy gozaba de libertad
presuntamente fuera del país.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón un puñado de
“honestos e impolutos” “juzgadores federales” dejaron libre a uno de los
criminales más perseguidos en su tiempo? La respuesta es mucho más que de risa
loca. En realidad coquetea con la estupidez de los agentes del Ministerio
Público y la burla a los ciudadanos todos.
Resulta que los jueces ordenaron su liberación
porque luego de 30 años descubrieron que el juicio era ilegal. ¿Por qué? Porque
no debió ser procesado por un juez federal, sino por uno del fuero común, ya
que el agente de la CIA al que presuntamente mató —Enrique Camarena— no estaba
acreditado como servidor público del gobierno estadounidense. Por tanto no
tenía el carácter diplomático para que su asesino fuera juzgado por un juez
federal.
¿Y quién será el que pague por esa estupidez y por
la tomadura de pelo? ¿Quién va a comparar la declaración patrimonial de
juzgadores que pudieron sucumbir a los cañonazos en monetario? ¿O será que
también se escandalizarán por dudar de la honestidad de esos juzgadores?
PABLO SALAZAR
Pero si la ultra secreta liberación de Caro
Quintero dejó estupefacta a la sociedad toda —y si las autoridades
estadounidenses no dan crédito—, más ridículo resultó el espectáculo de un
pillo como Pablo Salazar Mendiguchía, quien no sólo confesó que es un hombre
libre gracias a una negociación política con el pillo al que heredó el gobierno
de Chiapas, sino que es parte de una de las tribus que buscan la presidencia
del PRD.
Lo cierto es que a los ciudadanos en general ya no
sorprende el tamaño del cinismo de un político como Pablo Salazar Mendiguchía
—cuyo procurador también está libre, luego de mantener vínculos con el crimen
organizado—, sino que la verdadera sorpresa es que entre la clase política y
entre las autoridades mexicanas nadie se atreva a levantar la voz de alarma sobre
la negociación de la ley.
Más aún, resulta gravísimo que nadie en el PRD sea
capaz de la más elemental autocrítica por abrir la puerta a un pillazo como
Salazar Mendiguchía, que persiguió y literalmente exterminó a periodistas en
Chiapas, además de haber hecho un gobierno de horca y cuchillo, al más puro
estilo del PRI caciquil. Peor, cuando Salazar Mendiguchía se afilia al PRD y es
presentado como un prohombre de la planilla de Carlos Sotelo para buscar la
presidencia del PRD. ¿Qué no tienen suficiente en el PRD con René Bejarano?,
¿no tuvieron suficiente con Greg Sánchez?
¿Pero qué fue lo que pasó?
Pues nada, que cuando llegó Juan Sabines al
gobierno de Chiapas —mandatario que también depredó el estado y sobre quien
podría caer en cualquier momento la justicia federal— cobró venganza contra
Salazar Mendiguchía —porque se opuso a que Sabines fuera gobernado—, al que
acusó de todo lo imaginable, incluso de saquear las arcas públicas. Pues bien,
luego de meses en prisión, Salazar estableció un pacto político con Sabines y
“chirrin chin chin”, la justicia se fue al caño.
En efecto, Pablo Salazar fue liberado. Y sin rubor
dijo lo siguiente: “Sabines me dijo que iba a retirar los cargos con la
condición de que yo no lo metiera a la cárcel, que yo no lo demandara (…) eso
fue lo que pidió y eso fue lo que concedí”. ¿Y quién es Sabines para hacer
justicia? ¿Quién es Salazar para perdonar a un pillo? ¿Donde está la justicia?
Más aún, dijo que existió complicidad entre Felipe Calderón y Juan Sabines para
meterlo a la cárcel. ¿Y por qué nadie ha acusado penalmente a Calderón o a Juan
Sabines por esa supuesta complicidad? En México la justicia está podrida, tiene
precio, se negocia y pacta, y nadie dice nada. Podrida igual que buena parte de
la clase política.
RAÚL SALINAS
Y si aún quedaban dudas, la exoneración de Raúl
Salinas es otro ejemplo de corrupción judicial; de que todo apesta en el
sistema mexicano de justicia. Resulta que cuatro días después de que Enrique
Peña Nieto tomara posesión y horas después de que Jesús Muirillo fuera
ratificado como titular de la PGR, los abogados de Raúl Salinas pidieron al
juez federal Carlos López Cruz poner fin a la instrucción del juicio contra el
llamado “hermano incómodo”, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Un mes después —tiempo récord— la PGR presentó las
conclusiones del caso y cinco meses después, el 19 de julio, el juzgador
determinó que Raúl Salinas era inocente del delito de enriquecimiento ilícito
y, por tanto, le devolvieron el dinero incautado y sus propiedades. Y tan tan.
¿Y dónde quedaron los testimonios de Luis Téllez y las grabaciones en donde
Adriana Salinas y otro de sus hermanos confirman la versión del desfalco al
dinero público?
Una muestra más de que la justicia mexicana apesta,
que es selectiva, tiene precio, se negocia y sirve para poderosas razones
políticas. Y claro, es un instrumento al servicio del mejor postor. Los nuevos
tiempos. Al tiempo.
