PERIODISTAS FRONTERA SUR

PABLO SALAZAR EN EL BANQUILLO SE DICE PRESO POLÍTICO.

RAFAEL VICTORIO RUIZ

HUIXTLA, Chis., 1 de diciembre.- Al conocer el nuevo proceso que se le instruye el delito de homicidio por omisión en agravio del recién nacido Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrido a finales del 2002 en el Hospital General K de Comitán, el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, pidió ampliación del plazo constitucional para “presentar pruebas de descargo”, pero en un largo discurso, se dijo “preso político”.

El juez Guillermo González Rodríguez y el secretario Julio César Guillén Jiménez, encabezaron la diligencia en el expediente 228/2011, que incluyen declaraciones de exservidores públicos que lo responsabilizan de no otorgar recursos a ese centro hospitalario a pesar de las solicitudes hechas por largo tiempo y por ello, provino el fallecimiento de unos 30 niños.

“Vinieron nada más por la imagen o para escuchar lo que yo declare”, decía a los reporteros al momento que fue trasladado del Cereso número 7 a las oficinas de los juzgados penales y pedía que se le explicara el procedimiento para determinar la presencia de los medios en la diligencia.

A las 13:30 horas inició la lectura del expediente de diez tomos y más de 19 mil fojas útiles, aunque por lo repetido del mismo, casi cuatro horas después, Salazar Mendiguchía, pidió detener esa acción y hacer una declaración, la cual no fue en relación a los hechos que se le imputan sino más bien de tipo político.

Y es que sostuvo: “el verdadero delito por el que no se atreven a acusarme es el de haber expresado públicamente mi intención de buscar un escaño en el Senado de la República en las elecciones del 2012, sin haber obtenido el permiso de la única voluntad que en Chiapas decide quien participa y quien no en la vida pública de la entidad”.

Según él “como nunca en Chiapas todas las facultades constitucionales y meta-constitucionales se concentran en una persona. Una sola voluntad que mantiene sometidos a todos los poderes públicos, que controla todos los órganos de gobierno en su territorio, que gobierna la vida de todos los partidos excepto uno, que elige a los dirigentes de sindicatos, organismos sociales y productivos, y hasta dicta las ocho columnas de los diarios y lo que deben manejar los medios electrónicos”.

“Es una sola voluntad la que determina quienes van a los cargos públicos y quienes a la cárcel y quien pretende decidir por 4.5 millones de chiapanecos quien debe gobernar en el futuro”, sostuvo.

“Eso es lo que está en juego en los cuatro procesos que se me siguen, con el que conocí primero por los medios el día de hoy”, diría y pediría además la intervención del Senado de la República bajo el argumento que “hay elementos para una desaparición de poderes y los legisladores deben de intervenir antes de correr un mayor riesgo a la frágil gobernabilidad que existe en Chiapas”, sostuvo.

Acompañado de sus abogados José Omar Cerisola González y Juan Pablo Salazar Estrada, así como de familiares cercanos, enfatizó: “soy un preso político y rehén de ambiciones reeleccionistas”, al advertir que el Poder Judicial sirve de punta de lanza para perseguir a militantes de diversos partidos políticos.

En cuanto a su caso, sostuvo que se han dado una serie de irregularidades y que se han prefabricado delitos, tanto que “en el 2005 la averiguación previa que dio pié a esta causa, fue determinada por el Ministerio Público para el no ejercicio de la acción penal”, estableciendo que se está violentando criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que “sólo puede reabrirse por una orden judicial y no por la misma autoridad como en este caso”.

Asimismo mencionó que se viola la Constitución al ser juzgado dos veces por el mismo delito, al tiempo de mencionar que “se le sigue otorgando peso, incluso a declaraciones de un moribundo como Mariano Herrán Salvatti, quien purga más de 12 procesos en el estado y se dice que pesan sobre él una veintena de indagatorias”.

Y es que sostuvo que el exfiscal general, desde hace tres meses permanece internado en el hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez y “por eso expresé la palabra moribundo”.

Señaló además que después de 10 años se retoman los hechos “con declaraciones amañadas, modificadas por aleccionamiento y no coinciden las declaraciones hechas en el 2003 con las del 2008 y las de este año”.

Asimismo asegura que en la entidad siguen muriendo niños en los hospitales públicos. “En el 2007 murieron 22 niños por cada mil habitantes, cuando la media nacional era de 15.7 y en en 2001, mueren 19 por cada mil y la media nacional es 13.7”, advirtiendo a quienes hoy lo juzgan que “pongan sus barbar a remojar”.

Después de ello, Salazar Mendiguchía se reservó el derecho a declarar y tampoco responder las preguntas del fiscal, Enrique Rincón Amores, quien le habría pedido que se refiriera únicamente al caso de la imputación, pero el exgobernador refutó: “yo puedo decir lo que quiera”.

HAY PRUEBAS

El fiscal Rincón Amores por su parte, aseguró que existen las pruebas suficientes para procesar a Pablo Salazar por la muerte de niños recién nacidos en el hospital general K de Comitán entre noviembre del 2002 y enero del 2003.

“En la causa penal están las probanzas de todo lo que se le imputa”, insistió y pidió al juez que al término constitucional determine el auto de formal prisión.

DEFENSA

Por su parte, Cerisola González, defensor del exgobernador señaló como pruebas relacionadas a la muerte de los bebés un informe estadístico del INEGI relacionado con los fallecimientos de neonatos en hospitales públicos del estado.

Asimismo que se precise los procesos y delitos en contra de Mariano Herrán y que la Secretaría de Seguridad Pública rinda un informe del lugar en dónde se encuentra éste.