Gonzalo Ortuño
Lozano
apoyará a José Antonio Meade (Video de El Universal)
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la
Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por
malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades
en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el
hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.
Los
presuntos fraudes se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal
Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través
de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades
por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras
empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y
servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o
inexistentes.
Los
nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol
firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México,
la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica
Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que
estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones
de pobreza extrema alimentaria.
Lo
que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del
dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron
negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos.
Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los
casos, sospechosa.
Con
estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre
pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría
tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin
que al momento alguna haya sido resuelta.
Cabe
recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde
diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José
Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.
A
continuación se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al
verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias
interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría
financiera y de cumplimiento 277-DS.
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| © Proporcionado por Animal Político |
Universidad
Intercultural del Estado de México
La
Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124
millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la
aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS)
en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar
a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en
los 32 estados del país.
La
adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya
vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el
periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.
Lo
que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no
proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas
universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad
Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.
Luego,
cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad
subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos
empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la
Universidad pudiera realizar a los servicios.
La
institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de
pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba
alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de
Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio
firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los
auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.
Cuando
los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las
empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos
documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que
permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.
La
ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de
irregularidades pero la dependencia literalmente respondió que no era de su
incumbencia.
“En
respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es
posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM,
debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.
Universidad
Politécnica de Chiapas
En
este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad
Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a
cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios
en el Estado de México.
Para
ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno
por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo
una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el
segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de
diciembre de 2015.
La
vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el
de José Antonio Meade en la Sedesol.
El
informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos,
la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de
competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y
solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el
servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa
escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.
Lo
grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por
el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó
evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de
la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los
referidos convenios.
“En
respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la
Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del
Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio
Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad
Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega –
recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.
Esta
negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la
documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la
Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad
Politécnica de Chiapas.
“La
respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la
UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus
archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de
400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el
reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.
Y
como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio sino
que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o
competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista
justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia.
Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de
pesos.
Universidad
Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México
Esta
universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15
millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos
proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el
cual se busca abatir la pobreza alimentaria.
El
convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al
31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en
Desarrollo Social.
Lo
que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía
documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.
Sobre
el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la
acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios
no existe un documento como tal; sin embargo eso queda plasmado en el Acta de
cierre de la Comisión Técnica…” indica el reporte de los auditores. El
problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que
lo anterior fuera cierto.
Cabe
señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por
parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y
consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de
desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos
específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo
comunitario.
Pero
cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron
documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento.
Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias
como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En
resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas
ocurrieron.
Por
ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que
asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en
contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.
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